CCOO
presenta ante el Ministerio de Justicia una propuesta sobre la reforma de los
registros civiles para la defensa del empleo en la Administración de
Justicia, el Servicio Público y los derechos de los trabajadores
CCOO
también la presentará a todos los grupos parlamentarios
CCOO
ha presentado en la Mesa Sectorial
de la Administración
de Justicia un extenso documento que argumenta la posición que venimos
manteniendo desde hace tiempo en torno a la reforma que el Gobierno de Rajoy, a
la sazón Registrador de la
Propiedad, y su ministro Gallardón, pretenden sobre el
Registro Civil que, reforma que, en definitiva, consiste en la privatización de
un servicio público que el ciudadano ya paga a través de sus impuestos y que se
presta con eficacia, objetividad e imparcialidad, por más de 3.000 funcionarios
públicos de la
Administración de Justicia, y que Gallardón quiere dejar en
manos de los registradores de la propiedad (y en menor medida de los notarios)
que harán de él un (otro) suculento negocio a costa del ciudadano
CCOO
propone una modificación de la Ley
20/2011 del Registro Civil en la que se recoja expresamente que es un Servicio
Público, financiado con fondos públicos, independiente de cualquier otro
registro, servido por funcionarios públicos al servicio de la Administración de
Justicia (Secretarios Judiciales, Gestores, Tramitadores y Auxilio Judicial),
dependiente del Ministerio de Justicia, y que exista, al menos una oficina de
registro civil en cada partido judicial, con la pervivencia de los juzgados de
Paz y del Registro Civil Central
La
modificación que propone Gallardón en el borrador del anteproyecto de Ley de
reforma integral de los registros supondrá un nuevo ataque al servicio público,
privatizándolo, al empleo público, con la amortización de más de 3.000 puestos
de trabajo en la
Administración de Justicia, y a los derechos de los trabajadores,
que se verán abocados a planes de reordenación de efectivos – incluso con
cambio de localidad pues así lo permite la actual reforma de la LOPJ - ceses de personal
interino, disminución de plazas en la
OEP –tanto en el turno libre como promoción interna - y restricción
del derecho a la movilidad voluntaria a través de los concursos de traslados
CCOO
hace una propuesta seria y argumentada, pero tampoco se nos puede olvidar que
la modificación que propone el Gobierno de Rajoy no es siquiera ética; pues cualquier
Gobierno debería abstenerse de adoptar medidas que favorezcan claramente los
intereses del colectivo profesional al que pertenecen sus miembros. Resultaría
cuanto menos ética y políticamente reprobable que un Gobierno cuyo Presidente
es Registrador de la
Propiedad, y cuyo Director General de los Registros y del
Notariado también es Registrador de la Propiedad, adopten medidas que favorezcan
claramente a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y les asegure el
monopolio de toda la actividad registral en España, sufragada por los aranceles
que tendremos que pagar todos los ciudadanos
Los
grandes beneficiarios del boom inmobiliario de España acaecido entre los años
1992 y 2008 han sido los promotores inmobiliarios, los dueños de terrenos y los
que profesionalmente participan del tráfico inmobiliario, es decir, gestorías,
notarías y registradores de la propiedad, sin que los beneficios de estos
últimos, funcionarios públicos conforme el artículo 277 de la Ley Hipotecaria,
hayan revertido de modo directo en la Administración pública. Como consecuencia de la
crisis económica los Registros de la Propiedad han sufrido una gran caída en su
actividad, lo cual les ha obligado a recortar principalmente gastos de personal
El
Borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros
tiene por objeto principalmente dotar a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles
de nuevas competencias registrales que les permitan ocupar el vacío dejado por
la merma de la actividad inmobiliaria. En dicho anteproyecto no subyace ningún
interés en la mejora del funcionamiento de los Registros Civiles, cuya reforma,
aprobada por la Ley
20/2011, contó con el voto a favor de los diputados y senadores del Partido
Popular, hoy en el Gobierno de la
Nación
La
crisis económica no es justificación para que los Registros Civiles pasen a ser
competencia de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. El posible ahorro que
las diversas Administraciones, estatal y autonómicas, pudieran obtener al
destinar al actual personal funcionario de la Administración de
Justicia a otras funciones judiciales, se verá sobrepasado por el gasto que
supondrá la adecuación de los medios personales y materiales de los Registros
de la Propiedad
y Mercantiles para la llevanza del Registro Civil, las transferencias directas
e indirectas de la
Administración General del Estado a dichos Registros vía
formación, subvenciones o recursos precisos para el ejercicio de la
competencia, pero sobre todo por el coste que supondrá a los ciudadanos el
ejercicio de cualquier actuación ante el registro civil, hoy gratuita
Y
ello porque aunque puedan decretarse gratuitas actuaciones registrales
obligatorias como las inscripciones de nacimiento o de defunción, lo cierto es
que, tal y como establece el anteproyecto, las actuaciones estarán sujetas a
arancel, por lo que los ciudadanos tendremos que pagar por cualquier actuación
registral que no se considere obligatoria (expedición de certificados,
inversiones de apellidos, indicación de capitulaciones matrimoniales, etc).
Además, los actuales Registros Civiles cumplen una función auxiliar en la formación
de actos del estado civil (entre otros los expedientes matrimoniales,
expedientes de nacionalidad), que dejarían de prestarse por los Registradores
de la Propiedad
para ser asumidos por las Notarías, por cuya actuación también habrá que
satisfacer el correspondiente arancel. En definitiva, el ejercicio de derechos,
muchos de ellos fundamentales, estará sujeto al pago de aranceles además de los
impuestos que ya pagamos todos los ciudadanos
CCOO
ha presentado una propuesta y la defenderá también ante los grupos
parlamentarios, pero además instamos a la movilización de los trabajadores en
la defensa del empleo en la
Administración de Justicia, pues la reforma de los Registros
Civiles que pretende Gallardón, unida a otras reformas que ya ha anunciado (Ley
de Enjuiciamiento Criminal para dar la instrucción de las causas a los fiscales
¿qué pasará con los Juzgados de Instrucción?, la reforma de la ley de
Demarcación y Planta con la más que previsible reducción de partidos
judiciales, la privatización de otros asuntos judiciales como la notificación y
ejecución de sentencias a manos de los Procuradores ¿qué pasará con los
Servicios comunes de Notificaciones y Embargos? ¿Cómo afectará la reducción de
los asuntos judiciales provocada por la reciente Ley de Tasas Judiciales? ....)
van encaminadas en una misma dirección: la destrucción de miles de empleos en la Administración de
Justicia, el alejamiento de la
Justicia del ciudadano, la privatización del Servicio Público
de la Justicia
y su encarecimiento
No
podemos quedarnos impasibles cuando todo a nuestro alrededor lo derrumban en
pos de una crisis que nos han vendido, que nos mienten diciendo que no hay
dinero mientras nos roban nuestros empleos, nuestros salarios, nuestros
derechos….¡Que no nos roben nuestra dignidad!
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