CCOO,
UGT, CSIF y USO piden la intervención de la Defensora el Pueblo por
creer legítimo que si la Defensora del Pueblo considera que una ley
aprobada por las Cortes es incompatible con la Constitución, deberá
interponer recurso de inconstitucionalidad, y no es aceptable el
entendimiento de que dicha potestad resulta discrecional, aún
admitiendo la inconstitucionalidad de una ley. Consideran que por el
contrario se trata de una potestad del ejercicio obligatorio cuando
concurra dicha inconstitucionalidad
Consideran
que la Ley de Tasas vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva
reconocida en la Constitución española
CCOO,
UGT, CSIF y USO, miembros de la Plataforma Justicia para todos, junto
a Consejo general de la Abogacía y el Consejo de Consumidores y
Usuarios, han acudido esta mañana a la Defensora del Pueblo para
pedirle que promueva recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de
Tasas (10/2012 de 20 de noviembre) que regula determinadas tasas en
el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses, por considerar que vulnera el
derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1
de la Constitución española.
Además
de ratificar los motivos de inconstitucionalidad ya invocados por el
Consejo General de la Abogacía de España y por el Consejo se
Consumidores y Usuarios. CCOO, UGT, CSIF y USO consideran que si bien
trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social están
exentos del pago de tasas en la interposición de los recursos de
suplicación y casación por gozar del beneficio legal de justicia
gratuita, la Ley 10/2012 ha introducido en el artículo 4, una
alusión de la que resultaría que en el Orden Social no se
aplicarían las exenciones, y el único tratamiento que mitigaría el
pago de la tasa en el Orden Social sería la reducción del 60% en su
cuantía y sólo para los trabajadores autónomos o por cuenta ajena,
y no otros sujetos incluidos los sindicatos o las representaciones
colectivas de los trabajadores en la empresa, que estarían en todo
caso sujetos al pago íntegro de la tasa.
CCOO,
UGT, CSIF y USO consideran que la Ley 10/2010 también vulnera el
derecho de libertad sindical reconocido en el artículo 28.1 de la
Constitución, y piden a la Defensora del Pueblo, que además de que
decida la interposición del recurso de inconstitucionalidad inste la
intervención del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
del Ministerio de Justicia y del Consejero General del Poder
Judicial, en relación con los criterios de interpretación y
aplicación de la ley 10/2012.
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