Ayer 22 de mayo, miles de trabajadores de la Administración de Justicia
de toda las comunidades autónomas se han concentrado ante las sedes judiciales
en protesta con las reformas legislativas que el Ministro de Justicia quiere
aplicar.
La respuesta
del personal que presta servicios en la Administración de Justicia demuestra el
rechazo a los proyectos de privatización del ministro Gallardón.
Tras la
reforma integral de los Registros Civiles que supone la privatización del
Registro Civil se une ahora la privatización de actos de comunicación y
ejecución, pues a partir de la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil podrán ser realizados por los
procuradores (profesionales del ámbito privado), al adquirir la categoría de
agentes de la autoridad, lo que demuestra el intento de Gallardón de
desmantelar la Administración de Justicia como servicio público universal y
gratuito
Estos
proyectos de privatización de la Administración de Justicia, supondrán la
desaparición de más de 12.000 puestos de trabajo en todo el Estado, y
pondrán en marcha los planes de de ordenación de recursos humanos en
los términos introducidos en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
publicada el pasado 28 de diciembre, reforma que ha sido llevada a cabo con un
total desprecio al derecho fundamental de libertad sindical e incumpliendo la
legalidad vigente plasmada en el Estatuto Básico del Empleado Público, pues
ha sido aprobada sin ningún tipo de negociación con las organizaciones
sindicales con representación en la Administración de Justicia
Pero también
es un nuevo ataque a los derechos de la ciudadanía que verá restringido, una
vez más, su derecho de acceso a la Justicia para la defensa de sus derechos e
intereses legítimos
Ante este
brutal ataque a los derechos laborales del personal que presta servicios en la
Administración de Justicia, CCOO, junto
con el resto de los sindicatos integrantes de la plataforma unitaria, anima
a todo el personal funcionario y laboral a secundar
mayoritariamente las movilizaciones que se convoquen, sin descartar la huelga,
para exigir la inmediata retirada de los proyectos del ministro Gallardón
que suponen la privatización de la Administración de Justicia. Además animamos
a toda la ciudadanía a que participe en las convocatorias, pues todos estos proyectos suponen la
usurpación de un derecho fundamental como es la tutela efectiva de los
Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
DEFENDAMOS
EL SERVICIO PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PORQUE SIN JUSTICIA NO
HAY DERECHOS
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