Ayer se celebraron nuevamente concentraciones en defensa del servicio público del Registro Civil y en contra de su privatización en las que participaron cientos de trabajadores y trabajadoras, en Santander alrededor de 80, manifestando su contundente respuesta al ministro Gallardón y al gobierno, y exigiendo la paralización inmediata de la decisión de entregar los registros civiles a los registradores, es decir, a la gestión privada y al beneficio privado.
Los registros civiles son un servicio público, universal y gratuito, y así deben seguir siéndolo. Los ciudadanos no pueden ser de nuevo castigados con una nueva privatización de un servicio público que es indispensable y obligatorio para la ciudadanía.
Los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a los alcaldes de los municipios de toda España, a todos los partidos políticos, a las organizaciones sociales, para que todos conjuntamente hagamos un frente común contra esta nueva privatización
La ciudadanía debe conocer que esta privatización es simplemente el intento de un ministro, devaluado e incapaz de defender los derechos generales, de favorecer a una determinada profesión, de la que forma parte el mismo Presidente del Gobierno y familiares directos del propio ministro de Justicia.
Actuaciones como la que citamos son perseguidas y calificadas en todos los países de nuestro entorno como conflicto grave de competencias, si las realizan personas que ocupan altos cargos en la Administración y pretenden adoptar medidas que favorecen a sus intereses directos privados (como el propio Presidente del Gobierno) o intereses de familiares directos (como es el caso del ministro de Justicia)
CCOO, además de mantener e incrementar las movilizaciones contra esta privatización, se reserva todas las acciones legales que sean necesarias para impedir esta privatización, sin descartar las acciones contra este grave conflicto de competencias
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