Se presentó la Directora General de la Función Pública pidiendo un acuerdo con todos los sindicatos para que a finales de septiembre o primeros de octubre puedan abonarse a los funcionarios los 44 días devengados de la paga extra de 2012, ya que los laborales lo cobraron en el mes de julio en cumplimiento de sentencia; a la vez estarían dispuestos a que en dicho acuerdo aparezca, en el caso de que el Gobierno Central derogue el Decreto que suspendió la paga extra de diciembre de 2012, el abono del resto de la paga durante el primer semestre de 2015. Eso sí, no especifican si se pagará con este Gobierno o con el que venga después de las elecciones. En el orden del día figuraba como 3º punto: “Otras mejoras”. Detrás de este punto no traían nada preparado. Era una nueva mentira.
Desde CCOO vemos la reunión como un engaño al Parlamento, a los Sindicatos y a todos los empleados públicos. Nos parece bochornoso el que la Consejera de Presidencia y Justicia ni siquiera se haya presentado a la reunión para tratar, de acuerdo con lo manifestado por el Presidente en el Parlamento y ante los medios de comunicación, cuestiones que quedaron suspendidas hasta la mejora de las condiciones económicas como la I.T., los moscosos, los canosos, la carrera profesional, las ofertas de empleo, la rebaja salarial de 2010, la congelación salarial posterior, la amortización de las plazas procedentes de las jubilaciones, acción social, formación, etc., nada de nada. En CCOO somos responsables ante los empleados públicos, queremos negociar y queremos alcanzar acuerdos, pero no vamos a darles apoyo alguno para conseguir lo que ya es nuestro. ¿Cómo es que ahora necesitan un acuerdo para restituir parte de los derechos? ¿Qué necesitaron para hacer los recortes?
Al parecer, los primeros 44 días de la paga extra, parte devengada antes del fatídico decreto de Rajoy, se abonarán en nómina aparte, previsiblemente en la primera semana de octubre. En cuanto al abono del resto, no se espera poder cobrarlo antes del mes de febrero del 2.015.
CCOO exigió en la Mesa General que se procediera a la devolución de todos y cada uno de los derechos robados y para ello, entre otras cuestiones, al levantamiento de la suspensión del acuerdo firmado en 2008 en el ámbito de la Administración de Justicia en Cantabria Imprimir artículo
