Carta de
CCOO
a las organizaciones provinciales del PSOE para que presionen a su
grupo en el Congreso a fin de que modifique su postura favorable al
cierre de oficinas del Registro Civil
CCOO
SOLICITA A LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES DEL PSOE QUE INSTEN AL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO PARA QUE SE UNA AL RESTO
DE GRUPOS QUE DEFIENDEN EL MANTENIMIENTO DE LA ACTUAL ESTRUCTURA
TERRITORIAL DEL REGISTRO CIVIL
El
Grupo Parlamentario Socialista, con el argumento de la
informatización del nuevo Registro Civil, apuesta por el cierre de
las oficinas actuales en cada partido judicial y en los juzgados de
paz
La
representación del PSOE en el Congreso de los Diputados sigue
defendiendo, prácticamente en solitario, la aplicación literal de
la Ley 20/2011 del Registro Civil que dispone que:
“En
cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se
ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El
Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias
ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos
territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por
cada 500.000 habitantes.
Excepcionalmente,
por razón de la singular distribución de la población o por las
características del territorio, se podrán crear otras tres Oficinas
Generales en cada Comunidad Autónoma.
En
atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter
insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo
caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una
de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la
presente Ley.”
En
el último trimestre del pasado año 2017, tanto el Grupo Popular
como el de Unidos Podemos presentaron en el Congreso sendas
proposiciones de Ley de modificación de la Ley 20/2011, y ambas
proposiciones coincidían en modificar dicha ley, entre otros
aspectos, para mantener la misma estructura territorial actual del
Registro Civil, es decir, una oficina en cada una de las localidades
que son cabeza de Partido Judicial y una en cada uno de los Juzgados
de Paz
En
CCOO
estamos convencidos de que la posición que defiende el PSOE en el
Congreso no es compartida por sus organizaciones territoriales más
próximas a los municipios ni, desde luego, por sus representantes
municipales, que dudamos que apoyen el cierre del Registro Civil de
su localidad
Por
ello, nos hemos dirigido por escrito a estos cargos intermedios del
PSOE solicitándoles “que,
en la medida que Vd., su equipo y los y las ediles de su partido de
los pequeños y medianos municipios comparta nuestras posiciones, se
dirija a la organización Federal del PSOE y al Grupo Parlamentario
Socialista para que modifiquen esta tajante posición y se avengan a
llegar a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios que consiga
evitar el cierre de los Registros Civiles de las poblaciones de su
ámbito territorial, junto a las del resto del Estado”.
En
la carta, CCOO
señala que, desde hace casi 150 años, todos los trámites que se
realizan ante cualquier Registro Civil son totalmente cercanos y que
lo que está defendiendo el PSOE en el Congreso supondrá el
alejamiento de este servicio público de la ciudadanía, pues
conllevaría la desaparición de las oficinas del Registro Civil en
la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones.
Se
produciría el traslado de dichos registros a las capitales de tamaño
superior, obligando con ello a la población de las localidades más
pequeñas a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho o
acudir, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o
despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la
dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de
población. No está garantizado, incluso, que los vecinos y vecinas
de un pueblo, puedan seguir inscribiendo a sus hijos e hijas como
nacidos en esa localidad cuando nacen en los hospitales comarcales o
provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas
nacidas en el municipio.
CCOO
ha transmitido al PSOE que el Registro Civil es un servicio público
profundamente arraigado en los municipios, donde la población ha
venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y
directa y donde los vecinos y vecinas han podido consultar sus
antecedentes y los de sus familiares, ascendientes y descendientes lo
que ahora, con su desaparición, no podrán seguir haciendo.
Es,
desde nuestro punto de vista, una posición, la del Grupo
Parlamentario Socialista, alejada de la sociedad y de
desmantelamiento y deterioro del Servicio Público.
La
informatización y los medios tecnológicos deben ser aplicados sin
duda en los Registros Civiles, pero ello no es óbice para que se
mantengan abiertas las oficinas que, en los municipios, dan servicio
directo a la ciudadanía, tal y como ocurre con otros servicios
públicos informatizados como puedan ser la Agencia Tributaria o la
Seguridad Social.
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