sumarios

Reunión del Sector de Justicia de Cantabria de CCOO con parlamentarios del PSOE sobre el Registro Civil


7 feb 2020



COOO se reúne en Cantabria con parlamentarios del PSOE en su campaña por un Registro civil Público, gratuito, servido por funcionarios/as de la Administración de Justicia, cercano a los ciudadanos y con las mismas oficinas que en la actualidad

La reunión se enmarca en la nueva ronda de contactos iniciada por el sindicato a nivel estatal, en la que hemos remitido información y solicitado reuniones a todos los/las diputados/as y senadores/as

Como ya hemos informado, el pasado mes de enero CCOO remitió escritos a todos los/las diputados/as y senadores/as, instándoles a que promuevan o apoyen una modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, cuya entrada en vigor está prevista para el 30 de junio de 2020, que garantice la permanencia del Registro Civil como servicio público integrado en la Administración de Justicia, gratuito, cercano a la ciudadanía y con oficinas en todos los municipios, accesible electrónicamente por las demás administraciones y funcionarios públicos y servido íntegramente por el personal de la Administración de Justicia en las poblaciones de más de siete mil habitantes, como hasta ahora

En este contexto, el 6 de febrero se celebró una reunión, en Santander, entre representantes del Sector de la Administración de Justicia de Cantabria de CCOO, acompañados por el Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Cantabria del sindicato, Javier Báscones, el diputado del PSOE y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Pedro Casares, y la senadora socialista Isabel Fernández

CCOO inició su intervención con un repaso de las agresiones que viene soportando el Registro Civil y de las acciones realizadas por CCOO y los trabajadores y trabajadoras del mismo en una lucha por la defensa de este servicio público que ya dura diez años, desde las movilizaciones previas a la aprobación de la Ley 20/2011 hasta los contactos mantenidos por nuestra organización con los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos en septiembre y octubre de 2019 y la más reciente reunión, el pasado mes de enero de 2020, con María Jesús Moro, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Justicia del Congreso, que ha vuelto a presentar, al inicio de la presente legislatura, una proposición de reforma de la Ley 20/2011 que recoge muchas de nuestras reivindicaciones, si bien les informamos que CCOO entregó a dicha portavoz de un documento de enmiendas a la proposición del Grupo Popular postulando que la ley recoja expresamente la conservación de los libros del Registro Civil en las actuales oficinas y que establezca, también expresamente, la integración del Registro Civil en la Administración de Justicia para salvaguardar las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas en la materia, así como que incluya normas de competencia para evitar el forum shopping y hacer posible la planificación de las necesidades de medios materiales y personales en cada oficina

Seguidamente, señalamos la necesidad de completar la reforma de la Ley 20/2011 con la reforma de otras leyes concordantes (Código Civil, Ley de Jurisdicción Voluntaria, etc...) y revertir totalmente las semiprivatizaciones operadas a fin de que la competencia de los registros civiles para tramitar los expedientes previos al matrimonio civil sea exclusiva y que la instrucción telemática de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, previa a la resolución del Ministerio de Justicia, vuelva a ser realizada en las oficinas del Registro Civil, así como que se reconozca expresamente la función del personal de los registros civiles en las inscripciones y expedición de certificaciones

Finalmente expusimos a nuestros interlocutores cuál es la situación actual y cuáles serían las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 con su redacción actual, pues dicha ley declara que el Registro Civil depende del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y el Notariado pero no lo adscribe a una administración concreta, estatal o autonómica, ni especifica a qué administración pertenecen los funcionarios que prestan servicio en los registros civiles, ni quiénes pueden ser los encargados, reduce la implantación a un máximo de 160 oficinas generales en todo el Estado, garantizando únicamente una oficina en Cantabria - lo que además de poner en riesgo a alrededor de 80 puestos de trabajo en nuestra región aleja el servicio del ciudadano (una contribución más al vaciamiento de España que, aparentemente, tanto preocupa en la actualidad a los dirigentes políticos) -, crea un Registro Civil electrónico que exige una digitalización que está pendiente en la mayoría de municipios del Estado y que además requiere de una aplicación electrónica ad hoc que por ahora no existe, se ocasiona una dualidad entre dicho Registro Civil electrónico (inscripciones posteriores a 1950 digitalizadas o informatizadas) y el Registro Civil manual (inscripciones anteriores a 1950 de los más de 8000 municipios existentes) sin resolver la incógnita sobre quién se ocupará delas certificaciones y anotaciones marginales en el Registro Civil manual, contiene escasas normas de competencia, lo que fomenta el forum shopping y dificulta cualquier planificación, y discrimina a los habitantes de las ciudades y pueblos menos habitados, relegados, para acceder al servicio, al uso los medios telemáticos, a desplazarse a las oficinas de las capitales o al repago, contratando los servicios de despachos profesionales

Hemos dejado bien claro que CCOO comparte la apuesta por un Registro Civil único, electrónicamente accesible, moderno y acorde con las necesidades actuales, pero consideramos que esa modernización debe ser compatible con la accesibilidad y cercanía a todos los usuarios, independientemente de cuál sea el lugar donde residan y su disponibilidad económica, con su carácter de Servicio Público y con la garantía y seguridad de la llevanza por funcionarios públicos pertenecientes a la Administración de Justicia



Imprimir artículo