La Dirección General de Justicia ha publicado en la página web del Gobierno de Cantabria, lo siguiente:
"NOTA INFORMATIVA
Con motivo del estado de alarma decretado por el COVID-19, todos los funcionarios que
prestan servicios en la Administración de Justicia en Cantabria, quedan a disposición de la
Dirección General de Justicia para prestar el servicio público esencial.
A tales efectos se requiere a los funcionarios que remitan cada día al Buzón del Servicio de
Personal justiciapersonal@cantabria.es la declaración responsable pertinente en los términos
indicados en la sede judicial electrónica, en la intranet de Justicia y en el portal institucional del
Gobierno de Cantabria (Dirección General de Justicia)"
Acompañan a la nota informativa un modelo de declaración responsable para personas que padezcan una patología propia de riesgo o tengan a su cargo menores y/o mayores dependientes, y una declaración personal de presencia en el puesto de trabajo, cuando corresponda
Si ya resulta un tanto desconcertante que una nota informativa contenga un requerimiento, máxime cuando ya hay colaboradores necesarios de la administración para controlar el cumplimiento de los servicios mínimos, hace falta tener mucha desfachatez para exigir una comunicación diaria de presencia cuando no se han suministrado equipos de protección, cuando todos los compañeros y compañeras han estado todo el fin de semana sin saber con certeza si hoy tendrían que acudir o no a sus puestos de trabajo, sin turnos establecidos con claridad, y habiendo impuesto, esa misma Dirección General, unos servicios mínimos más numerosos, en muchos órganos, que los establecidos por el propio Ministerio de Justicia en su ámbito de gestión, colocando a más trabajadores de los necesarios en situación de riesgo grave para la salud, no solo el riesgo de ser contagiados, sino también el de contagiar, con lo que también se traslada el riesgo a los usuarios, más el riesgo de contagio activo y pasivo durante el tránsito entre el domicilio y el puesto de trabajo, y viceversa
Y para colmo, después de haber impuesto unos servicios mínimos desproporcionados sin negociación alguna, al Director General todavía le sobra cara para pedir la colaboración de las organizaciones sindicales para el control de la presencia de personal
CCOO va a remitir todos los antecedentes a su servicio jurídico para que estudie la procedencia de ejercer acciones legales contra el Director General de Justicia del Gobierno de Cantabria
Adjuntamos enlace a lo publicado
