La resolución, de carácter organizativo, traslada al ámbito de la Administración de Justicia las medidas adoptadas en la Resolución de 10 de marzo de 2020 del secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública. Tendrá el carácter temporal que determinen las autoridades competentes y se dicta sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio.
