CCOO VUELVE A RECLAMAR AL MINISTERIO DE JUSTICIA LA INCLUSIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, COMO INTEGRANTE DE UN SERVICIO ESENCIAL, EN LOS GRUPOS DE PREFERENCIA PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Hemos tenido conocimiento de que varias Comunidades Autónomas (Comunidad Valenciana y Cataluña con seguridad y quizá otras), en el marco de la Conferencia Sectorial de Justicia, así lo han solicitado al Ministerio que, hasta ahora, se ha negado a aceptarlo, de forma incomprensible para CCOO
Desde el pasado 19 de febrero CCOO viene reclamando a los Ministerios de Justicia y Sanidad la vacunación del personal de Justicia con la misma prioridad que otros servicios esenciales no sanitarios (ver noticia)
Estando meridianamente claro que formamos parte de los servicios públicos esenciales, el personal de la Administración de Justicia no estamos recibiendo, sin embargo, el mismo trato que otro personal, también esencial, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el personal docente. Así lo han entendido las Consejerías de Justicia de la Comunidad Valenciana y de Cataluña que, según nos consta, lo han solicitado al Ministerio, que se niega a aceptarlo
Para este Ministerio de Justicia solo somos un servicio esencial cuando se trata de obligar al trabajo presencial (como decidió en el primer estado de alarma) o cuando impone, por ejemplo, en convocatorias de huelga, unos servicios mínimos que alcanzan el 100% de las plantillas en muchos servicios o cuando obliga en base a las “necesidades del servicio” a prolongar jornadas de trabajo sin compensación alguna. Sin embargo, cuando se trata de proteger la salud de los trabajadores y las trabajadoras (aunque solo fuese para garantizar la continuidad del servicio público esencial de la Administración de Justicia) se muestra cicatero, no aceptando esta razonable propuesta que, al menos, debería garantizar la vacunación prioritaria del personal con atención directa y continua al público o que realiza diligencias fuera de las sedes judiciales
Volvemos a reclamar, por tanto, al Ministerio de Justicia y a las CCAA que aún no lo hayan hecho, que remen en la misma dirección de garantía de este servicio público esencial y promuevan ante las autoridades sanitarias la vacunación prioritaria de nuestro colectivo, al mismo nivel que el resto de servicios esenciales no sanitarios
