Si es cierto que un fantasma es un suceso condenado a repetirse, podríamos decir que la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria nos tiene sometidos a una "negociación fantasma", a un simulacro de negociación en el que, sesión tras sesión de la Mesa Sectorial, invariablemente se nos repite de forma machacona que los modelos de diseño y estructura de la oficina judicial son innegociables, que pertenecen al ámbito de autoorganización de la administración y que lo único que están dispuestos a negociar son las RPTs
De nada sirve que en todas las reuniones repitamos y desarrollemos los argumentos en contra de esta confusión de la administración, que probablemente consista más bien en un "postureo" que en una confusión real con el fin de simplificar y acelerar el proceso de negociación, pues no hace falta ser un lince para percatarse de que tanto los modelos como las RPTs afectan a las condiciones de trabajo y que, por tanto, ambos son de obligada negociación. Pero incluso si admitiésemos ese disparate jurídico vemos que es imposible negociar las RPTs obviando el modelo al que se acoplan, pues todos los puestos de trabajo tienen una adscripción concreta (a servicios comunes y, en su caso, áreas y equipos determinados), y que esa adscripción está relacionada con la diferenciación y/o singularización de determinados puestos de trabajo, con la articulación de funciones y tareas a desempeñar y con la determinación del complemento específico
Seguidamente, se nos convoca para nueva reunión el próximo 10 de abril, todavía sin orden del día aunque todo hace prever que será similar a las precedentes
Hartos de esta cerrazón y falta de disposición de la administración para una negociación real que ya parece obsesiva, de escuchar que, en lo referente a los modelos y a la estructura de la oficina judicial no nos convocan para negociar sino solo para ser oídos, en el día de hoy CCOO ha presentado un extenso documento exponiendo todas las líneas directrices de nuestra posición negociadora, de las que ya hemos informado parcialmente con anterioridad en la información que hemos difundido sobre lo acontecido en las reuniones anteriores de la Mesa Sectorial. Y es que, dado que nuestras propuestas no se recogen exhaustiva y detalladamente en las actas de las reuniones debido al carácter sucinto de dichas actas, nos parece necesario que obre en poder de la administración, de forma escrita y fehacientemente, por un lado nuestra propuesta global, y por otro, ciertos requerimientos que hemos hecho antes de y durante las reuniones, como por ejemplo la presentación de una valoración individualizada de los puestos de trabajo, de cargas de trabajo actualizadas y de tareas encomendadas a cada puesto. Y todo ello en previsión de lo que pueda ocurrir si finalmente no se aborda una negociación real en los términos que la ley exige y la jurisprudencia actual puntualiza, por si fuera necesario en vía de recurso
No vamos a extendernos aquí en propuestas de las que ya hemos informado, como nuestro rechazo a los puestos de trabajo con actividades compatibles o deslocalizados, diferenciación de los servicios comunes de tramitación y ejecución en áreas por jurisdicción y especialidad, tanto a efectos de atribución de tareas como de movilidad, el incremento del complemento específico para todos los puestos de trabajo, incluidos los genéricos, no amortización de puestos de trabajo e incremento de plantilla donde sea necesario para la funcionalidad de la estructura... En nuestro documento nos extendemos también a las necesidades de formación, de negociación de regímenes transitorios sobre teletrabajo y carrera profesional, a la implantación del complemento de productividad, a las garantías en el proceso de acoplamiento, a la necesidad de valoración del funcionamiento de las oficinas judiciales pasados seis meses desde su implantación, proponemos un formato alternativo del documento en el que se recogen las RPTs, pedimos la diferenciación o singularización de determinados puestos de trabajo con criterios objetivos, etc
Por lo respecta a la aplicación de nuestra posición en el diseño y estructura de la Oficina Judicial en los Tribunales de Instancia de Cantabria, proponemos lo siguiente:
Oficina Judicial de Castro Urdiales
- División del Servicio Común de Tramitación en un Área Civil y un Área Penal
- Creación de un Servicio Común, o, en su defecto, un Área o Equipo Diferenciado de Registro y Reparto
Oficinas Judiciales de Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Santoña y San Vicente de la Barquera
- División del Servicio Común de Tramitación en un Área Civil y un Área Penal
Oficina Judicial de Torrelavega
- División del Servicio Común de Tramitación en un Área Civil y un Área Penal
- Creación de un Servicio Común de Ejecución dividido en áreas equivalentes a las del Servicio Común de Tramitación. Al menos, un área de Ejecución
- Diferenciación, dentro del Servicio Común General, de un área o equipo de Registro y Reparto
En función de la disponibilidad de la administración para incrementar plantillas, lo que consideramos imprescindible en algunos extremos, recomendamos también la creación de un servicio, área o equipos diferenciados de registro y reparto en las Oficinas Judiciales de Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Santoña y San Vicente de la Barquera
Oficina Judicial de Santander
- En el Servicio Común General
- Considerar la adición de un área de Auxilio Judicial nacional e internacional
- En el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia
- División en áreas por jurisdicción y especialidad. Por ello, crear áreas de Instrucción, Penal, Menores, Violencia sobre la Mujer, Vigilancia Penitenciaria, Civil, Familia, Infancia y Capacidad, Contencioso-Administrativo y Social
- En el Servicio Común de Tramitación de la Audiencia Provincial
- Estructuración en área civil y área penal
- En el Servicio Común de Tramitación del Tribunal Superior de Justicia
- También dividir en áreas por jurisdicciones
- En el Servicio Común de Ejecución, la división por áreas debe corresponderse con las de los Servicios Comunes de Tramitación. La alternativa podría ser la creación de un Servicio Común de Ejecución para cada Tribunal de Instancia
- Considerar la creación de un Servicio Común de Jurisdicción Voluntaria
Todas las áreas y equipos que se constituyan deben quedar diferenciados en las RPTs, a todos los efectos
Humildemente, consideramos que nuestra propuesta es más positiva que los modelos de referencia, principalmente por los siguientes motivos:
- Porque mejora la integridad del modelo al dotarlo de una estructura con mayor simetría, administrando y distribuyendo los centros de decisión, dirección, coordinación, supervisión e inspección en toda la extensión de la organización, adaptándose así a las peculiaridades procesales de cada área de trabajo
- Porque escala los niveles de dirección, coordinación, supervisión y control de modo acorde con la dimensión de la organización y con sus diferenciaciones procedimentales, frente a los modelos “oficiales” que hacen recaer todo el peso en la dirección de los servicios comunes
- Porque facilita una dirección integrada, al añadir al “descargo” anteriormente mencionado un despliegue horizontal de esas funciones de dirección y supervisión, facilitando la labor de coordinación de la dirección de los servicios comunes
- Porque minimiza las incertidumbres del cambo de modelo y, más concretamente, las posibilidades de fracaso, pues articula la organización actual en áreas correspondientes a la diferenciación del trabajo actualmente existente, lo que garantiza que el resultado no será, al menos, y desde el principio, menos satisfactorio que el actual
- Porque minimiza la resistencia al cambio, pues, descontando a quienes aspiren a su promoción profesional accediendo a los nuevos puestos singularizados y genéricos diferenciados, sabemos que la mayoría de nuestros compañeros y compañeras desean seguir tramitando lo que actualmente tramitan, seguir haciendo el trabajo en el que están experimentados/as, lo que es comprensible
- Porque facilita la detección de las necesidades de personal, ya que, frente a la estadística que el Ministerio de Justicia dice haber consultado, de hace seis y siete años, y a falta de una aportación desde la administración de las cargas de trabajo actuales y reales, al diferenciar las áreas por jurisdicción y especialidad, lo que equivale a decir por tipo de actividad, suministra una herramienta objetiva para el diagnóstico de esas necesidades, más allá de los criterios subjetivos de cada área de dirección
