Mientras el Ministerio de Justicia continúa con su intención de privatizar los registros civiles. más de 70 funcionarios de Justicia de Cantabria se concentraron nuevamente en Santander para manifestar su oposición a la privatización

• Pasadas las elecciones al Parlamento Europeo, ahora Gallardón se atreve a preparar con urgencia un inventario de todos los registros civiles, en un claro intento de retomar el proceso de privatización
• Está claro que no se ha hecho ninguna lectura de que la ciudadanía ha rechazado de forma rotunda y contundente la política de privatizaciones de los servicios públicos del Gobierno y del Partido Popular

Más de 70 trabajadores de la Administración de Justicia en Cantabria, destinados en Santander, se han concentrado nuevamente esta mañana en el complejo judicial de “Las Salesas” para defender el servicio público del Registro Civil, una concentración convocada por CCOO y a la que se han sumado UGT, STAJ y CSIF

Como ya es conocido por todos, la concentración se realiza contra el proyecto del Ministro de Justicia,  Alberto Ruiz Gallardón, de privatizar los registros civiles, extrayéndolos de la Administración de Justicia y obligando a los  ciudadanos a pagar por un servicio que, hasta ahora, era gratuito, pues los usuarios ya lo han sufragado con sus impuestos

CCOO ha tenido conocimiento de que los secretarios judiciales de toda España están recibiendo una encuesta del Ministerio de Justicia — concretamente de la Dirección General de los Registros y del Notariado — en donde se les pide, en el corto plazo de cinco días, un inventario detallado de los registros civiles: número de tomos, grosor medio de los tomos, espacio que ocupan, cantidad de inscripciones que se realizan mensualmente e incluso datos de los propios edificios en donde se ubican los mismos.

El Sector de la Administración de Justicia de CCOO viene  denunciando desde hace tiempo que la privatización del Registro Civil supondría la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en toda España. Además ya advirtió al Ministerio de Justicia de que, si finalmente se produjese la privatización, convocaría una huelga a nivel nacional en toda la Administración de Justicia. El sindicato considera que este servicio público tiene que continuar dentro del ámbito de la Administración Pública y servido por personal de la Administración de Justicia.

Para el Sector de la Administración de Justicia de CCOO, resulta curioso que esta información se solicite inmediatamente después de las elecciones europeas y no antes, pese a todo el tiempo transcurrido desde que empezó a hablarse de la privatización, lo que revela una clara maniobra del Ministerio de Justicia para que su empecinamiento en la privatización del Registro Civil no perjudicase al Partido Popular en la reciente cita electoral. Está claro que no se ha hecho ninguna lectura de que la ciudadanía ha rechazado de forma rotunda y contundente la política de privatizaciones de los servicios públicos del Gobierno y del Partido Popular

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