El
ministro de Justicia interviene en la comisión de Justicia del Congreso y
anuncia sus planes hasta el final de la legislatura: positivo su compromiso de
mantener la estructura actual de partidos judiciales y Juzgados de Paz, muy
negativo su anuncio de que continuará con la privatización de los Registros
Civiles y de los actos de comunicación y ejecución que podrán realizar los
procuradores.
CCOO
MANTENDRÁ SU OPOSICIÓN FRONTAL Y LAS MEDIDAS DE PRESIÓN ANTE EL ANUNCIO DEL
MINISTRO CATALÁ DE QUE CONTINUARÁ CON LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS REGISTROS CIVILES Y LA
ENTREGA DE SU GESTIÓN A LOS REGISTRADORES MERCANTILES
La
declaración de Catalá en el Congreso sobre la decisión del nuevo equipo del
Ministerio de Justicia de mantener la privatización de los Registros Civiles,
confirma que la misma se sustenta en que es el mismo presidente del gobierno el
máximo responsable de esta escandalosa decisión. Y demuestra que existen
intereses ocultos al adoptarla, pues el nuevo ministro ha sido incapaz de
replicar con argumentos sólidos a las acusaciones que se han vertido por
algunos grupos parlamentarios de que los registradores no son funcionarios
públicos, tal y como dictaminó el Tribunal de Justicia Europeo y como viene denunciando
CCOO.
Entre los aspectos positivos de su
intervención, Catalá ha respondido a dos de las reclamaciones fundamentales que
han sido exigidas desde hace muchos meses por CCOO a Gallardón y que le
trasladamos al nuevo ministro de Justicia desde el mismo día de su toma de
posesión:
1.- El ministro Catalá ha anunciado su “compromiso de mantener la estructura actual
de la demarcación judicial” y ha manifestado que “confirma los partidos judiciales como elementos de proximidad a los
ciudadanos.”
2.- El ministro de Justicia ha afirmado también:
“que se mantendrán los Juzgados de Paz,
como estructura de la planta judicial, oficinas en las que se presentarán los
documentos para el registro civil, y contarán también con funciones de
mediación y jurisdicción voluntaria”
CCOO exige al ministro
Catalá que confirme en la reunión de la mesa sectorial, que debe convocar de
inmediato, los detalles de que ese compromiso, de mantener la actual estructura
judicial y la planta actual, se extiende a todos los partidos judiciales
y órganos judiciales y a todos los Juzgados de Paz y sus Agrupaciones. Sólo si ese
compromiso es firme y se traslada al supuesto nuevo texto de reforma de la LOPJ , que ha anunciado que
presentará, se habrá asegurado que el proyecto de Gallardón queda definitivamente
inservible en el fondo del cajón de las perversas intenciones.
Catalá ha mantenido en su intervención que no
derogará la ley de tasas, sin embargo ha adquirido el compromiso de “que revisará el modelo actual” y si,
tras el estudio que el Ministerio de Justicia va a realizar del impacto que
está produciendo dicha ley, “se llega a
la conclusión de que dicha ley limita la tutela judicial efectiva, no sostendrá
el modelo.”
Su optimismo sobre el modelo de nueva oficina
judicial, demuestra que los datos que le han trasladado responsables de su
implantación esconden la verdadera realidad que es bien distinta, pues ha
anunciado que seguirá con su implantación, e incluso ha mantenido que la
extenderá a todo el ámbito no transferido, incluyendo un presupuesto especial
de casi 2 millones de euros para llevarla al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional.
CCOO denuncia que el ministro no haya mencionado como una
cuestión prioritaria la necesidad de convocar una verdadera oferta de empleo en
la Administración
de Justicia en 2015, ni que haya hecho ninguna alusión a la obligación de
restituir los derechos laborales de los trabajadores/as, derechos que nos han
sido robados desde 2010.
