EL GOBIERNO CONTINÚA
UTILIZANDO AL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON FINES
ELECTORALISTAS E INCUMPLIENDO SUS COMPROMISOS DE NEGOCIACIÓN.
El
pasado viernes, el Gobierno del Partido Popular ha continuado haciendo girar su
maquinaria electoral, dirigida claramente a obtener el voto de las empleadas y
empleados públicos, anunciando algunas medidas que afectan al personal de las Administraciones
Públicas en general y, de la
Administración de Justicia en particular.
Como
todos y todas recordaréis, el 13 de julio de 2012, el Consejo de Ministros del
mismo Gobierno que ahora se desvive por mejorar su imagen ante el personal de las Administraciones
Públicas, aprobó el Real Decreto-Ley 20/2012, a través del cual se perpetró de
golpe y de una sola vez, la mayor agresión (junto a la que el Gobierno anterior
realizó en 2010) a los derechos sociales y económicos que los trabajadores y
trabajadoras del sector público hemos sufrido. La aprobación del Real
Decreto-Ley fue seguida de una campaña insidiosa contra este personal, en la
que, miembros destacados del Gobierno con su Presidente al frente, se dedicaron
a difundir mentiras sobre su profesionalidad. No podemos olvidar las palabras
del Sr. Beteta: “los funcionarios tienen
que olvidarse del cafelito y de ir a leer el periódico y ser más productivos,
con responsabilidad y humildad”.
Aquel
13 de julio se suprimió la paga extra de
Navidad –el robo se materializó en el mes de diciembre-; los días por asuntos particulares se
redujeron de 9 a
3 en la Administración
de Justicia (de 6 a 3 en la Administración
Generalla AGE …
En
materia de Incapacidad Temporal, —precisamente
en situaciones de enfermedad es cuando las personas se sienten más vulnerables—
se recortan las retribuciones del personal de las Administraciones Públicas,
una de las decisiones más mezquinas que se hayan podido tomar, y se produce en la Administración del
Estado y en la
Administración de Justicia una reducción del complemento o
prestación por IT de un 50% los 3 primeros días de baja y un 25% desde el
cuarto hasta el vigésimo día.
Estas medidas del RD Ley 20/2012, se unieron a
otras de la misma gravedad realizadas con anterioridad o que ya se venían
practicando (o que han continuado aplicándose posteriormente): reducción del 5%
del salario y reducción de las pagas extras; congelaciones salariales año tras
año; reducción de más del 70% de los fondos destinados a Acción Social; recortes en los fondos de
formación…
Las políticas de recortes también han tenido
consecuencias desastrosas sobre el empleo público. Su reducción mediante la táctica de limitaciones en las
tasas de reposición, de forma que o no se ha cubierto ninguna de las bajas
producidas o únicamente se ha cubierto el 10% en la mayoría de las
Administraciones (en la
Administración de Justicia, CCOO sigue exigiendo la inclusión de
todas las vacantes en la OEP ),
está provocado un adelgazamiento de la Administración de
tal magnitud que coloca al borde del colapso el sistema de servicios públicos
al que la ciudadanía tiene derecho en un estado democrático. En la actualidad
hay servicios que son incapaces de mantener unos parámetros mínimos de atención
y otros muchos que están muy cerca de esa situación.
Este es el escenario en el que debe enmarcarse lo
aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Sin duda, la primera
matización que debe hacerse es que –a pesar del mensaje de propaganda difundido
por el Gobierno- aún no se puede dar por aprobada ninguna medida. Hasta ahora, únicamente se ha aprobado
solicitar dictamen al Consejo de Estado sobre el contenido de un proyecto
de Real Decreto Ley aprobando un crédito extraordinario para abonar un 26,23%
de la paga extra de Navidad de diciembre de 2012.
Asimismo,
si hacemos caso de la reseña del Consejo de Ministros publicada en la web del
Gobierno, (http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2015/040915funcionarios.aspx) en
dicho Real Decreto Ley –cuando se apruebe- también se recuperaría la regulación
de vacaciones previa a 2012, un día adicional de permiso por asuntos
particulares, hasta un total de 6. Además, se recuperarían los días adicionales
de vacaciones y permiso por asuntos particulares vinculados a la antigüedad. En
dicha reseña también se indica que una vez emitido el dictamen por el Consejo de
Estado, el Real Decreto Ley se someterá a la aprobación del próximo Consejo de
Ministros.
Estas medidas que se anuncian no coinciden con
las presentadas a los Sindicatos en las reuniones de negociación de finales de
julio, lo que vuelve a poner de manifiesto el total desprecio de este Gobierno
por los procesos de negociación y los derechos del personal de la Administración General
del Estado y de la
Administración de Justicia.
Por si
esto no fuese suficiente -a pesar de que el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas y el Secretario de Estado de Administraciones Públicas se
comprometieron a ello en dichas reuniones de finales de julio- nada hay en el mensaje del Gobierno sobre
abordar la discusión para la recuperación
del resto de los derechos expoliados: recuperación del 5% del salario
robado en 2010 y pagas extras del 100%; Complemento de 100% cuando se está en
Incapacidad Temporal; recuperación de los Fondos de Acción Social a los niveles
al menos de 2010; aplicación de Acuerdos suspendidos, o el incremento de los
efectivos existentes con anterioridad y un largo etcétera.
Solo
cabe decir a este Gobierno que deje de utilizar a las empleadas y empleados
públicos con fines electoralistas y de una vez por todas ponga sobre la mesa –a
través de los correspondientes procesos de negociación- la recuperación de la
totalidad de los derechos que nos fueron sustraídos. Así lo continuaremos
exigiendo por parte de CCOO.
¡¡¡ NO VAMOS
A RENUNCIAR A NINGUNO DE NUESTROS DERECHOS!!!
¡¡¡EXIGIMOS LA RESTITUCIÓN DE TODOS
LOS DERECHOS ROBADOS, INCLUIDO EL RECORTE SALARIAL DE 2010, LA RECUPERACIÓN DEL
100% DEL SALARIO EN CASO DE BAJA, LOS NUEVE DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES Y
TODOS LOS GENERADOS POR ANTIGÜEDAD!!!
