Comunicado
del Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO:
¿En España la Justicia es un derecho democrático de la ciudadanía?
¿En España la Justicia es un derecho democrático de la ciudadanía?
Los trabajadores y las trabajadoras de la
Administración de Justicia de CCOO queremos manifestar nuestra indignación por
la decisión del Tribunal Supremo en relación con los impuestos de las
hipotecas
Madrid, 7 de noviembre de 2018
Madrid, 7 de noviembre de 2018
Ayer
asistimos a uno de los episodios más tristes de la historia de la justicia
española: el Tribunal Supremo, la Administración de Justicia, ha utilizado
vericuetos legales incomprensibles para la ciudadanía para mostrar su cara más
amarga
El artículo
117 de la Constitución afirma que “la justicia emana del pueblo” y es
incompresible, por tanto, que se adopten decisiones en contra de la inmensa
mayoría de ese pueblo y en favor de una pequeñísima parte privilegiada, la
banca, que ha encontrado en el Tribunal Supremo un perfecto aliado para seguir
esquilmando los bolsillos de los consumidores
Los trece
votos en contra de esta inaceptable decisión del alto tribunal y las tres
sentencias de la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo que han sido
ninguneadas, muestran a las claras que la decisión podría haber sido
perfectamente la contraria y favorable a los intereses ciudadanos
El personal
que día a día trabajamos en los juzgados, tribunales y fiscalías, formamos
parte fundamental de este servicio público esencial que debería ser el de la
Administración de Justicia. Pero de lo que no formamos parte es de las
decisiones de los jueces ni tampoco de este tinglado político-judicial que nos
obliga a trabajar día a día en los juzgados, tribunales y fiscalías, con unos
medios personales y materiales absolutamente deficientes, para que el fruto de
nuestra labor sea, en ocasiones como esta, totalmente contrario a las personas
que nos pagan y a cuyo bienestar nos debemos y en beneficio de una minoría
Por estos
motivos no podemos permanecer en silencio ante esta desastrosa decisión del
Tribunal Supremo y nos ponemos en primera línea para denunciarla y para exigir
soluciones
Rechazamos
también las palabras grandilocuentes y vacías de quienes desde los partidos
políticos dicen ahora estar del lado de los consumidores y las consumidoras,
mientras que durante los 40 años de democracia se han puesto de perfil o
claramente a favor de la banca y otros colectivos privilegiados a la hora de
legislar. Intentan mostrarse con indignación y con sorpresa ante la decisión de
una Justicia que han tenido abandonada a su suerte y que no han dejado de manipular
en función de sus propios intereses
Qué fácil
hubiera sido que en las leyes que regulan los impuestos y otros gastos
derivados de la constitución de los préstamos hipotecarios recogieran con
claridad (y sin posibilidad de interpretación judicial) que los mismos deben
ser pagados por los bancos como máximos beneficiarios de ellos (13.200 millones
de euros de beneficios entre enero y septiembre). Qué fácil sería que los
magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo dejaran de ser nombrados a dedo
y se seleccionaran en base a su mérito y capacidad como cualquier otro puesto
de la Administración Pública
La
independencia judicial es uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado
de derecho y la Justicia (y la política que la regula) ha mostrado, una vez
más, no ser independiente y estar sometida a los intereses de los grandes
poderes económicos. Los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de
Justicia también decimos ¡basta ya!
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