1.-
Las modificaciones que se plantean en estos momentos después del
Consejo de Ministros, no afectan, en nada nuevo, a las
competencias del personal de la Administración de Justicia ni a la
privatización del Registro Civil. Se ha procedido por el Gobierno a
aprobar un anteproyecto de mejora del servicio de cara al ciudadano
para evitar que tengan que acudir a los registros civiles y así
poder hacer el trámite en los mismos Hospitales donde se han
producido los nacimientos y las defunciones (que serán los que
envíen los datos a los registros civiles). Pero la inscripción
seguirá siendo efectuada por personal de la Administración de
Justicia, mientras no se produzca la entrada en vigor de la ley de
2011 (si dicha ley no es modificada porque su entrada en vigor se
mantiene, hasta el momento, en el 22 de julio de 2014). Con lo que
esta reforma del pasado 4 de octubre no pone en peligro el servicio
público más de lo que lo ponía en riesgo la ley de 2011 (como
todos conocéis, logramos en esta ley introducir una disposición
transitoria octava que reconocía - pero solo parcialmente y por
tanto no recogía nuestra reclamación total - un régimen
transitorio para el personal de la Administración de Justicia que
deseara seguir prestando servicio en los registros civiles, con el
derecho preferente por una vez a ocupar plazas de dichos registros
civiles), aprobada por el Gobierno anterior, que mantenía los
registros civiles como servicio público pero eliminaba los puestos
de trabajo de la Administración de Justicia en los mismos
2.-
Tampoco se deduce de la reforma que se ha anunciado el viernes 4 de
octubre que el Gobierno o el Ministerio de Justicia den marcha atrás
definitivamente en sus intenciones de privatizar el Registro Civil
entregándolo a los registradores de la propiedad y mercantiles.
Tanto en la exposición de motivos como en el propio articulado del
anteproyecto aprobado por el Gobierno, se hace mención
constantemente al Registro Civil. No es por tanto esta modificación
incompatible con la intención del Ministerio de Justicia de que el
Registro Civil esté en manos ajenas al personal de la Administración
de Justicia ya que el Registro Civil, si el Gobierno aprueba el
proyecto que viene manejando desde finales de 2012, estaría en manos
de los registradores, y por tanto en manos de la gestión privada por
mucho que éstos sean funcionarios públicos
Ni
podemos ni debemos bajar la guardia y pensar erróneamente que el
Ministerio de Justicia haya dado marcha atrás en sus intenciones de
privatizar la Administración de Justicia.
Desde que ha hecho públicas sus intenciones con sus proyectos y/o
anteproyectos, el camino que ha seguido - y no ha anunciado en ningún
momento lo contrario - es el de privatizar la Administración de
Justicia, bien entregando los registros civiles a manos privadas,
bien dándoles a los procuradores la categoría de agentes de la
autoridad, permitiendo que practiquen actos de comunicación y una
gran parte del trámite de las ejecuciones civiles (y cualquier otra
cosa que se les pueda ocurrir)
Para
CCOO este anteproyecto SÍ
demuestra
que el Gobierno tiene dificultades para aprobar leyes injustas como
la reforma integral de los registro civiles que los entrega a los
registradores, porque tiene enfrente a los trabajadores y a toda la
sociedad, y por eso debemos seguir combatiendo todas las
privatizaciones (y la del registro civil también), porque de la
persistencia de las denuncias contra las mismas, acompañadas de
todas las movilizaciones más contundentes posibles que sean
necesarias y de forma persistente, podremos lograr entre todos los
objetivos que perseguimos: acabar
con los intentos de privatizar la Administración de Justicia, y
mantener y recuperar el empleo, así como recuperar los derechos que
nos han robado desde el Gobierno en los últimos años
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