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CCOO se movilizará el 8 de abril para exigir una subida salarial, el cumplimiento de lo pactado y la negociación de un nuevo acuerdo para el sector público


18 mar 2025



El Área Pública de CCOO demanda al Ministerio de Función Pública el cumplimiento completo de lo comprometido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, la convocatoria de una mesa de negociación para firmar un nuevo acuerdo plurianual, así como un incremento salarial significativo que permita recuperar el poder adquisitivo perdido

El Área Pública de CCOO anuncia que se movilizará el próximo 8 de abril ante el Ministerio de Hacienda, en Madrid, para exigir una subida salarial, el cumplimiento completo de los compromisos recogidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y la convocatoria de una nueva mesa de negociación para suscribir un nuevo acuerdo plurianual en el ámbito de lo público. Asimismo, el sindicato exige un aumento salarial significativo en 2025 que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en el sector público

El Acuerdo Marco, suscrito el 19 de octubre de 2022, ha sido fundamental para impulsar mejoras salariales y de derechos en el sector público, pero aún quedan elementos importantes que cumplir:
  • La subida del 0,5% adicional con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024
  • La plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales
  • La negociación de las modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  • Garantía de atención presencial de los servicios públicos y un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión
  • Creación de empleo neto en las administraciones públicas, reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas
  • Digitalización, captación y retención del talento, promoción interna, formación y carrera profesional
  • Llevar a cabo los cambios legislativos en el EBEP y en Seguridad Social, antes del 1 de abril, para que la jubilación parcial sea una realidad para todos los colectivos del sector público
Además, es crucial abrir una nueva mesa de negociación para impulsar un nuevo Acuerdo Marco que nos coloque en la senda de la recuperación económica, que mejore los derechos y que permita rejuvenecer plantillas

Del mismo modo, en el contexto actual de crecimiento económico, desde CCOO apostamos por una subida salarial en 2025 para el ámbito público que se aplique de forma inmediata, con efectos retroactivos a enero de este año, y desvinculada de la negociación y, en su caso, aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
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Reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia en Zaragoza: Urrutia "afea" a Bolaños el acuerdo salarial alcanzado "que únicamente beneficia a 12.000 funcionarios del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia"


21 jun 2024



Foto: Ministerio de Justicia

Nota de Prensa del Gobierno de Cantabria

El Gobierno de Cantabria pide a Bolaños que deje de ejercer como un consejero más y lo haga como ministro de Justicia con lealtad a las CCAA
  • Urrutia, que asiste en Zaragoza a la Conferencia Sectorial de Justicia, ha pedido un acuerdo de Ministerio y autonomías para demandar una "solución financiera" al ministerio de economía para que las comunidades no tengan que asumir los gastos del IVA de los proyectos financiados con fondos europeos
Le ha afeado el acuerdo salarial alcanzado con dos sindicatos que únicamente beneficia a 12.000 funcionarios del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia

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Nota de Prensa del Ministerio de Justicia sobre la firma del acuerdo con CSIF y UGT: el Ministerio no tiene ningún rubor en volver a mentir de nuevo


11 abr 2024



NOTA DE PRENSA DE LA FIRMA DEL ACUERDO CON CSIF Y UGT: EL MINISTERIO DE JUSTICIA NO TIENE NINGÚN RUBOR NI VERGÜENZA EN MENTIR DE NUEVO Y AHORA LO HACE PÚBLICAMENTE

¿Cómo puede mentir tan alegremente el Ministro Bolaños, diciendo que "ha firmado un acuerdo con los sindicatos de Justicia", si solo lo hace con dos de ellos que ni alcanzan ni de lejos el 50 % de la representación de las y los trabajadores de toda España, y con el rechazo de la mayoría de las y los trabajadores y de la mayoría de la representación sindical?

Y miente gravemente además, el Ministerio, cuando afirma: "El acuerdo alcanzado beneficia a los funcionarios de los Cuerpos Generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como a los de los Cuerpos Especiales de Médicos Forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses"

Sabe este Ministro que este acuerdo se limita a un solo ámbito que representa tan solo menos del 30 % del total de los 45000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia que fueron convocados a una huelga de dos meses y medio, y sobre todo no reconoce ni una sola de las reclamaciones de la huelga de 2023: ni hay reconocimiento profesional de nuestras funciones, ni hay un acuerdo que garantice los derechos que la Ley de Eficiencia persiste en vulnerar en el proyecto de Ley aprobado por el Gobierno, engañando de nuevo a los y las trabajadoras de Justicia, ni hay un acuerdo sobre la carrera profesional, ni hay un compromiso de incrementar el complemento general del puesto para toda España en cantidades análogas a las que se hicieron con Letrados y en plazos iguales

Pero de todo esto nada dice la nota de prensa, porque sabe el Ministro de Justicia que está mintiendo y está engañando a 45.000 personas

Eso sí, el Ministerio de Justicia hace pasar por el aro de sus exigencias a CSIF y UGT cuando firman este acuerdo, declarando y dejando claro que estos sindicatos han vendido a 45.000 trabajadores y trabajadoras, pues literalmente la nota de prensa del Ministerio afirma sin ambages:

"Enmarcado en las nuevas leyes de eficiencia de la Justicia que impulsa el Gobierno para modernizar este sector, el acuerdo contiene dos puntos esenciales"

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CCOO reitera la exigencia de la subida del complemento general de puesto y advierte de nuevas movilizaciones si no hay acuerdo con el Ministerio de Justicia


1 mar 2024



Rueda de prensa de CCOO junto a CSIF, STAJ y UGT sobre el estado de las negociaciones con el Ministerio de Justicia

El portavoz del Sector de Justicia de CCOO reitera al Ministerio de Justicia la negociación de las reivindicaciones de la huelga

CCOO exige de nuevo la subida del complemento general de puesto y advierte de nuevas movilizaciones si el Gobierno no acepta una subida retributiva de todos los cuerpos, en todos los ámbitos territoriales y equiparable a la que se pactó con las asociaciones profesionales de LAJ

Además, CCOO pone en valor la unidad de acción de sindicatos y trabajadores/as para lograr el éxito de las reivindicaciones

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Desmintiendo falsedades del Secretario de Estado


19 jun 2023



Las manipulaciones y falsedades del Secretario de Estado no tienen límite
  • En declaraciones a la prensa afirma, faltando a la verdad, que estaba negociando con los sindicatos cuando se produjo la convocatoria de las Elecciones Generales
No ha habido ningún diálogo ni negociación real ni antes ni después de la convocatoria de estas elecciones. La prueba es que desde el 24 de abril hasta el 29 de mayo no convocó ninguna reunión con el comité de huelga

Ayer, el Secretario de Estado, Sr. Tontxu Rodríguez, insistió en la manipulación y en declaraciones falsas ante la prensa

En la entrevista publicada por el diario La Nueva España afirma sin rubor que "Disolver las Cortes fue una decisión valiente, aunque nos pillara en mitad del diálogo con los funcionarios en huelga"
  • FALSO: no había ningún diálogo y, por eso precisamente, estábamos en huelga; desde el inicio de las movilizaciones hasta el 29 de mayo en que se convocaron las elecciones el Sr. Rodríguez no había querido negociar ni dialogar. La última reunión fue el 24 de abril y había transcurrido más de un mes sin ningún tipo de negociación ni diálogo. La convocatoria de las elecciones fue solo una excusa
Manipula también la realidad afirmando en esa misma entrevista que “dicho sea de paso, ha tenido un incremento salarial (la plantilla de funcionarios/as que estamos en huelga) en 2021”
  • FALSO: ese incremento salarial fue del complemento específico del ámbito no transferido y obligada por una enmienda que, a propuesta de CCOO, aprobó el Congreso en la LPGE de 2020 para aproximar este complemento específico al que se percibía en otros territorios; afectó a menos de de 10.000 trabajadores y trabajadoras, de los 45.000 que ahora están convocados a la huelga reclamando aumento retributivo en base al reconocimiento de las funciones que realmente realizamos. Además, dejó de mencionar, intencionadamente, que también el cuerpo de LAJ obtuvo esa mejora retributiva en 2021 y eso no fue óbice para concederles un nuevo aumento salarial que niega al resto del personal
También miente cuando afirma que no hemos aceptado su “compromiso de retomar el diálogo tras la constitución de los gobiernos autonómicos y del estatal, pero los representantes sindicales rechazaron esta propuesta, vinculando sus reivindicaciones a una ley de eficiencia organizativa que ahora mismo, por ese adelanto electoral, no existe”
  • FALSO: nuestra reivindicación de subida retributiva está basada en que se reconozcan profesional y retributivamente las funciones que realizamos, con o sin LOEO. Así se le dijo por escrito tras la convocatoria de la huelga y, sabiendo que esa es la realidad, la manipula para ocultar el clasismo que supone elevar las retribuciones sólo de los cuerpos y carreras de unos pocos, discriminando a la mayoría
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Nota de Prensa del Comité de Huelga de Cantabria, 09/06/2023


9 jun 2023



La plantilla de Justicia realiza una concentración y recogida de alimentos en una nueva jornada de huelga indefinida

  • Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ recuerdan que el Comité de Huelga continúa encerrado en las instalaciones del Ministerio de Justicia y denuncian la prohibición de facilitarles alimentos

El personal de la Administración de Justicia de Cantabria se ha concentrado este viernes a las puertas de los Juzgados de Las Salesas, en Santander, donde han realizado una recogida para el Banco de Alimentos coincidiendo con su decimonoveno día de huelga indefinida

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ, convocantes de la huelga, han recordado que el Comité de Huelga continúa encerrado en las instalaciones del Ministerio de Justicia, en Madrid, y han denunciado “la prohibición a cualquier persona de introducir alimentos para las personas que mantienen el encierro desde el pasado martes, 6 de junio”

Además, las organizaciones sindicales han subrayado que “el Ministerio no tiene intención de negociar y dialogar para solucionar este conflicto –el objetivo del encierro- y su postura es la de desgastar al Comité de Huelga como ya ha intentando hacer con los funcionarios y funcionarias en huelga”

Así, han señalado que la actitud mostrada con estas medidas por parte de las personas responsables del Ministerio de Justicia “tiene mucho que ver con el enquistamiento del conflicto y es una prueba más de la indiferencia que el Gobierno muestra hacia estos empleados públicos de la Administración de Justicia”

En la concentración, la plantilla ha insistido en el “clasismo” del Ministerio, que “ha llegado a acuerdos con el 7% de plantilla que más cobra y deja tirado al 93% del personal que, además, es quien cobra menos”, y ha recalcado “la enorme indignación del personal, que ya no aguanta más”

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Nota de Prensa del Comité de Huelga de Cantabria


11 may 2023



La huelga de Justicia será indefinida desde el 22 de mayo si el Ministerio no lanza una oferta económica que abra la negociación
  • La quinta jornada de huelga completa de los funcionarios de Justicia continúa en Cantabria con un seguimiento de más del 90%
Más del 90% del personal de Justicia ha secundado la quinta jornada huelga completa en Cantabria, la cuarta del mes de mayo, convocada por los sindicatos del sector, CCOO, UGT, CSIF y STAJ, que han anunciado que la huelga será indefinida a partir del 22 de mayo si el Ministerio de Justicia no lanza una oferta económica que pueda abrir la negociación

La plantilla de la Administración de Justicia, 750 personas en Cantabria, viene realizando movilizaciones y huelgas desde el mes de abril, a través de paros parciales de tres horas inicialmente y con jornadas completas de huelga en los días 19 de abril, 4 y 9 de mayo, y que continuarán los próximos días 16, 17 y 18 de mayo. Los sindicatos han convocado, además, una nueva manifestación en Madrid, con personal de Justicia de toda España, el día 25 de mayo

Desde el pasado 24 de abril el Ministerio de Justicia no ha convocado al comité de huelga ni ha presentado ninguna propuesta económica para la solución del conflicto

Las huelgas, secundadas por un 90% de las plantillas, ya han provocado la suspensión de centenares de miles de juicios y otras actuaciones procesales y están generando un colapso absoluto de la Administración de Justicia mientras al ministerio de Pilar Llop parece no importarle este gravísimo perjuicio al servicio público y a la ciudadanía del que sólo son responsables ella y su equipo (con la complicidad del Ministerio de Hacienda y Función Pública) al dar un trato discriminatorio y clasista al 93% del personal, que constituimos los cuerpos generales y especiales

Tras la subida retributiva acordada ya para el cuerpo de letrados y letradas, la oferta económica a las asociaciones profesionales de las carreras judicial y fiscal sigue creciendo, mientras sigue siendo de cero euros para el resto de cuerpos. Además, chantajean sus representantes sindicales al condicionar la negociación de la modificación de la LOEO y el desbloqueo de la carrera profesional a que renunciemos a una subida generalizada del complemento general del puesto, un chantaje que de ningún modo vamos a aceptar

Exigimos nuevamente al Gobierno la presentación al Comité de Huelga de una oferta económica para la subida del complemento general del puesto y el inicio inmediato de su negociación (como se ha hecho para jueces/as y fiscales), la modificación pactada de la LOEO y el desarrollo, también negociado, del complemento de carrera profesional fijándose el abono a corto plazo de las cuantías iniciales de este complemento

Si no se produce esta rectificación por parte de los ministerios de Justicia y Hacienda, a partir del lunes, 22 de mayo, la huelga será indefinida todos los días de la semana de lunes a viernes
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Nota de Prensa y Comunicado del Comité de Huelga: concentración en los juzgados de la calle Alta de Santander


20 abr 2023



Jueves, 20 de abril de 2023

El personal de Justicia de Cantabria se concentra en los Juzgados de la calle Alta tras el éxito de la manifestación de ayer en Madrid

Continúa con una importante participación la huelga indefinida del personal de Justicia, materializada en paros parciales de tres horas. Una movilización que ayer tuvo un hito importante con la masiva participación que tuvo la manifestación celebrada en Madrid y que hoy ha continuado en diferentes regiones, entre ellas Cantabria, con una concentración en las puertas de los Juzgados de la calle Alta de Santander

La huelga continúa con una participación incluso superior a la de días anteriores, un 90% aproximadamente, y la voz de los y las trabajadoras de Justicia, en Cantabria, que son unas 750 personas, se está escuchando de forma unánime y contundente. Exigen al Ministerio de Justicia que no ignore al 92% del personal y que negocie con la representación legal de la plantilla cualquier reforma organizativa.

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ reivindican que se reconozcan las funciones reales que desempeñan todos los cuerpos al servicio de esta Administración. Por ello, le piden que lleve hoy a la mesa de negociación una propuesta a la altura de las demandas de los funcionarios y funcionarias. Para una LOEO sin trampas, unas funciones claras y unas retribuciones justas



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Carta al director publicada en el Diario de Navarra de los sindicatos de justicia sobre la huelga de LAJ


2 mar 2023



“El 75% de las funciones que se enumeran y por las que reclaman un retribución adicional han sido realizadas «toda la vida» por los «obreros» de los Juzgados”

Carta al director de CCOO de Justicia de Navarra y otros sindicatos publicada el 23 de febrero de 2023, por el Diario de Navarra, sobre la situación del personal al servicio de la Administración de justicia en relación con la huelga de LAJ


Lo que no está pasando en la Administración de Justicia

Como mayoría sindical en la Comisión de personal de la Administración de Justicia en Navarra, estamos obligados a precisar lo siguiente. Vaya por delante nuestro respeto absoluto al derecho de huelga, así como las reivindicaciones del colectivo de los letrados judiciales. No pretendemos enfrentamiento alguno, porque sus reivindicaciones son esencialmente las mismas que las del conjunto de funcionarios que integramos las oficinas y servicios judiciales: excesiva carga de trabajo y ausencia de retribuciones por esa carga y responsabilidad

Una administración moderna de Justicia no puede seguir amparada en funciones de fe pública procesal “decimonónica” que no ejercen, y que carecen de sentido con los medios digitales existentes. Necesita técnicos jurídicos que la hagan más dinámica, más eficaz y más resolutiva. Son ustedes un colectivo con una formación y capacidad fuera de toda duda para ejercer esas funciones que la Justicia necesita

Todo abogado, procurador y ciudadano con contacto habitual con la Justicia sabe que somos los funcionarios de las oficinas judiciales quienes realizamos la tramitación de los procedimientos judiciales, y para ello nos encargamos, diariamente, de redactar notas, diligencias, actas, providencias, decretos y autos, y practicamos todo tipo de actos de comunicación (notificaciones, citaciones y emplazamientos) y de ejecución (embargos y lanzamientos); también nos “traspasan por delegación” sus funciones en las consultas a los diferentes registros públicos, e incluso las anotaciones en los registros de condena penales y órdenes de protección de violencia de género que ustedes se limitan a validar

Esta larga lista de funciones son realizadas básicamente por los Cuerpos Generales, aunque requieran la firma del letrado de la Administración de Justicia o del juez para poder ser efectivas. Esta firma equivale a su supervisión y aceptación. Por tanto, esa es la verdadera función que deberían ejercer, la dirección procesal. Sin embargo, en la mayoría de los casos realizamos todas estas funciones sin necesidad de “minuta”, ni siquiera de instrucciones dadas por nadie. Sólo las cuestiones “especiales” por su inhabitualidad o complejidad pasan a sus despachos para ser analizadas y resueltas. Y así debería ser en una Justicia moderna, porque de otra forma, todo hay que decirlo, el trabajo de los letrados judiciales sería inasumible

Es cierto que su papel en la Administración de Justicia es muy importante, especialmente, para resolver las cuestiones más técnicas o que requieran una interpretación compleja de normas jurídicas o en supuestos de afectación directa de derechos fundamentales, pero igual de importante para el buen funcionamiento de la Justicia es que el personal de la oficina judicial guarde la sala de vistas, practique embargos, notifique y gestione órdenes de protección, resoluciones de prisión, etc. Sin esa tramitación y gestión, y sin el impulso procesal que damos a los procedimientos judiciales, sus resoluciones y las de los jueces no producirían efecto alguno

Por todo ello, el personal de Justicia lleva años reclamando el reconocimiento efectivo de todas esas funciones, y por supuesto de su retribución, pero seguimos siendo los grandes olvidados

La excesiva carga de trabajo y la falta de medios son evidentes para cualquier profesional o ciudadano que acude a Justicia, pero si los juzgados funcionan a pesar de la falta de medios es, precisamente, por el trabajo diario de los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, tan necesario como el de los letrados judiciales y los jueces

En definitiva, la opinión pública debe saber que el 75% de las funciones que se enumeran y por las que reclaman una retribución adicional han sido realizadas “toda la vida” por los “obreros” de los juzgados, nosotros, los funcionarios que prestamos servicio en las oficinas judiciales y cumplimos a raja tabla con nuestras funciones y nuestro horario de trabajo

Cuando menos es curioso que a pesar de la imposibilidad de desempeñar todas las funciones que legalmente les correspondan, sea habitual las sustituciones “voluntarias” entre los letrados de Justicia. De tal forma que además de su juzgado, llevan otro hasta la nueva cobertura de esa plaza. Es imposible que quien no puede asumir la carga de trabajo ordinario de un Juzgado se preste voluntario para hacer la sustitución de otro letrado judicial. Quizás la contraprestación económica prevista ayude, aunque en la práctica suponga consecuencias negativas para el Juzgado “sustituido”

Todo el retraso que está generando con la huelga va a ser asumido esencialmente por las oficinas judiciales y los cuerpos generales en particular, a los cuales, en algunas ocasiones, se les ha “impedido” trabajar para respetar su derecho de huelga, mediante órdenes de más que dudosa legalidad

Recogemos exactamente estas palabras: “No nos queda más remedio que gritar al Ministerio de Justicia (y CCAA), basta ya…” (de medias verdades y de funciones que mayoritariamente son ejercidas por el personal de las oficinas judiciales)

Pedro Esparza Azanza Delegado de CCOO en Justicia en Navarra

José Ramón Alcocer Pardo Delegado de STAJ en Justicia Navarra

Juan José Senosiain Oreste Delegado de Afapna-Justicia en Navarra
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Vamos a obligar al Ministerio de Justicia a negociar nuestras condiciones de trabajo


17 dic 2022



El personal de la Administración de Justicia de toda España se moviliza en defensa de sus condiciones de trabajo
  • Las concentraciones de ayer, 16 de diciembre, en los centros de trabajo, ponen contras las cuerdas a la Ministra Llop y a su equipo que, ante las exigencias de los trabajadores y las trabajadores y de CCOO y el resto de sindicatos, tiene que sentarse a negociar la LEO de inmediato
Exigimos una garantía de nuestros puestos de trabajo, destinos, funciones, promoción profesional, movilidad voluntaria y retribuciones

La prensa se hace amplio eco de las concentraciones del 16 de diciembre:



















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CCOO solicita la inclusión del nuevo complemento de maternidad en la jubilación voluntaria de Clases Pasivas


16 feb 2021



Mejorar la coordinación ministerial para evitar errores

CCOO solicita la inclusión del nuevo complemento de maternidad en la jubilación voluntaria de Clases Pasivas

El sindicato urge a modificar la normativa para evitar la discriminación que sufre este colectivo, excluido de la medida para reducir la brecha de género

El Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, sustituye al actual complemento de maternidad en las pensiones de jubilación por otro basado en el criterio objetivo del número de hijos e hijas, al entender que su nacimiento y cuidado es la principal causa –aunque no la única– de la brecha de género

Este nuevo complemento nace de la reforma obligada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró contrario a la normativa comunitaria de igualdad el anterior, aprobado unilateralmente por el Gobierno del Partido Popular en 2015

La medida, que valoramos positivamente, aunque consideramos mejorable, supone un avance en el reconocimiento de una de las dimensiones especialmente relevantes, como son los periodos de cuidado de menores en que se genere la brecha de género

A pesar de la idoneidad de la iniciativa, CCOO advierte que se ha excluido de esta al colectivo de Clases Pasivas con jubilación o retiro voluntario. Se trata de una circunstancia que urge modificar, puesto que afecta a un amplio número de personas que sufren una discriminación frente al colectivo integrado en la Seguridad Social

CCOO considera imprescindible su subsanación en el menor tiempo posible y que se mejore la coordinación entre los ministerios de Seguridad Social e Inclusión y el de Política Territorial y Función Pública para no repetir este tipo de errores. Así mismo, apremia a mejorar la interlocución con las organizaciones sindicales en el ámbito de Clases Pasivas, ya que, como el sindicato ha reiterado en numerosas ocasiones, hay aspectos que es necesario abordar con urgencia

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El Área Pública de CCOO lanza una nueva campaña en defensa de los servicios públicos y de sus trabajadoras y trabajadores


15 feb 2021



El Área Pública de CCOO lanza una nueva campaña en defensa de los servicios públicos y de sus trabajadoras y trabajadores

El sindicato apuesta por el diálogo social y demanda el compromiso del Gobierno para asegurar los derechos de toda la ciudadanía

Con el lema “Trabajamos para ti”, CCOO quiere reivindicar el papel principal e insustituible de los servicios públicos en la sociedad y el compromiso de las empleadas y empleados públicos con la ciudadanía. La situación de crisis que estamos viviendo ha evidenciado, una vez más, la necesidad de incrementar las plantillas y los recursos del sector público, y de mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadoras y trabajadores

Detrás de la sanidad, la educación, la movilidad, los cuidados, las prestaciones sociales y de cualquier necesidad de la sociedad, hay empleadas y empleados públicos trabajando para hacer posibles todos los servicios, a pesar de las difíciles circunstancias en las que nos encontramos

CCOO tiene unas prioridades muy claras que pasan por el incremento de las plantillas, la estabilidad del empleo y la reducción de la temporalidad, la mejora de las condiciones de jornada y laborales, la carrera y clasificación profesional, la modernización de las administraciones públicas, la formación, los planes de igualdad y la salud laboral, entre otras importantes cuestiones

En el contexto actual es más importante que nunca la interlocución fluida, el diálogo social y el compromiso del Gobierno con la mejora y defensa de los servicios públicos, y con sus trabajadoras y trabajadores. Es urgente un nuevo Acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones de trabajo para esta legislatura

Es imprescindible una apuesta clara por el sector público y el aumento del gasto, incluyendo también los fondos europeos, permitiendo así importantes inversiones para asegurar todos los derechos de la ciudadanía, ya que sin esto no será posible el proceso de reconstrucción
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Función Pública desprecia el diálogo social. CCOO exige un incremento de las plantillas y un nuevo Acuerdo para las empleadas y los empleados públicos


26 oct 2020


 


26 de octubre: Mesa General de las y los empleados públicos

Nota de Prensa del Área Pública de CCOO

Función Pública desprecia el diálogo social

CCOO exige un incremento de las plantillas y un nuevo Acuerdo para las empleadas y los empleados públicos

En la Mesa General de las Administraciones Públicas, celebrada en la tarde de hoy, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública dice estar comprometido con el diálogo social y, acto seguido, anuncia las medidas tomadas de manera unilateral sin negociación alguna: la subida salarial del 0,9% y la misma tasa de reposición existente en los PGE 2018 para las administraciones cumplidoras con la regla de gasto: 100%, 110% para Sanidad, Educación, otros servicios prioritarios y determinados puestos de las corporaciones locales, y 115% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El sindicato ha denunciado la falta total de interlocución y la imposición de las cuestiones relativas a los sectores públicos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, haciendo de la Mesa General un simple trámite previo a la aprobación por el Consejo de Ministros

Igualmente, denuncia el incumplimiento, por parte de todas las administraciones, AGE, CC. AA. y FEMP, del I y II acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Por ello, CCOO ha demandado que se cumplan íntegramente los compromisos y ha reclamado el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo

En este sentido deben incluirse en los PGE 2021 la recuperación del empleo público, la eliminación de la tasa de reposición, los incrementos de las plantillas (entre un 20% y un 33% de los servicios prioritarios y esenciales) y los incrementos retributivos de al menos un 8% en tres años. Además, se debe acabar con la lacra que supone la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas

CCOO ha recordado que se ha dirigido de manera constante, desde el inicio de la legislatura, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública poniendo de manifiesto la situación de los acuerdos, reclamando la negociación de un nuevo acuerdo de legislatura y haciendo llegar las propuestas del sindicato al respecto. Estas giran en torno a 3 ejes: 

• Compromiso en la mejora y defensa de los servicios públicos como garantía para los derechos de la ciudadanía. Es indiscutible su papel protagonista en la reconstrucción del país

• Recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, y mejora de sus condiciones laborales

• Aumento del gasto público en los servicios esenciales para la ciudadanía, que permita inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial, y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación

Además, el sindicato considera necesario tratar de forma prioritaria las siguientes materias:

- Empleo, estabilización y consolidación, para conseguir la reducción de la temporalidad definitivamente por debajo del 8%. Son necesarias modificaciones en el EBEP y en Estatuto Marco para causalizar la contratación, establecer un régimen sancionador a las administraciones públicas que incumplan, e implantar medidas que repercutan de forma inmediata para eliminar la precariedad laboral. Es inaceptable que, ya antes del inicio de la pandemia, el porcentaje de temporalidad siguiera por encima del 24% y que, de las 380.288 plazas publicadas desde 2017, un 66,81% estén sin convocar sumado a un 17,39% ya convocadas sin ejecutar, a lo que habría que añadir las plazas que ni siquiera se han negociado o publicado

- Jornada laboral, haciendo real y efectiva la jornada de 35 horas para todos los sectores

- Clasificación profesional y culminación de la disposición transitoria tercera del EBEP

- Carrera profesional

- Clases pasivas, para la mejora de las bases de cotización a partir del grupo A2

- Planes de igualdad y protocolos de acoso

- Procesos de digitalización en las administraciones públicas

- Formación

- Salud laboral y prevención de riesgos laborales

- Desarrollo del EBEP. Ley AGE y leyes CC. AA.

A pesar del desprecio a la negociación demostrada en la Mesa General, CCOO está dispuesta a abordar y negociar todas estas materias. No obstante, exige el establecimiento urgente de un calendario y del inicio de las negociaciones. De forma inmediata se debe incluir en los PGE lo antes planteado en relación con el aumento de las plantillas, el incremento retributivo y la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición

De no cumplir las diferentes administraciones los acuerdos y no iniciarse los procesos de negociación comprometidos, CCOO anuncia que habrá continuas movilizaciones

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Nota de Prensa: los sindicatos mayoritarios de las Administraciones Públicas exigen a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que garantice la negociación y recuperación del poder adquisitivo de más de tres millones de empleadas y empleados públicos


22 oct 2020



Los sindicatos mayoritarios de las Administraciones Públicas exigen a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que garantice la negociación y recuperación del poder adquisitivo de más de tres millones de empleadas y empleados públicos


CCOO, UGT y CSIF se han dirigido por escrito a la ministra de Política Territorial y Función Pública reclamando la apertura inmediata de la negociación de un tercer Acuerdo que garantice entre otros, la recuperación del poder adquisitivo y la creación de empleo público para erradicar los déficits estructurales en las plantillas de las distintas Administraciones Públicas

Madrid 22 de octubre de 2020

Los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública demandan el cumplimiento íntegro de los Acuerdos suscritos en el 2017 y 2018 en materia de empleo, estabilización y consolidación, planes de igualdad, retribuciones, jornada y resto de materias contenidas en los mismos

Igualmente exigen abrir de manera inmediata la negociación de un Nuevo Acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo y seguir mejorando las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, desterrar definitivamente la precariedad, incrementar las plantillas y eliminar las limitaciones generadas por la tasa de reposición

En este sentido igualmente resulta imprescindible un mayor compromiso con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, y el resto de materias, tales como la carrera y clasificación profesional, jubilación anticipada, planes de igualdad o la formación en clave digital

Por ello los sindicatos firmantes hemos requerido a la sra. ministra que abra el diálogo de forma permanente y en correspondencia con el desempeño de los cometidos a los que su cargo en el Gobierno le obliga. Así como ponga fecha de manera inmediata a la preceptiva negociación de los PGE 2021 y la negociación de un nuevo acuerdo de la función pública tal y como se comprometió en el mes de junio

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Noticia publicada en un medio de comunicación: el Pacto de Toledo rechaza 'meter tijera' en la jubilación de los funcionarios


4 sept 2020



Publicado en los medios de comunicación hoy (en cursiva la noticia copiada literalmente):

"Seguridad Social asumirá su gestión en octubre

El Pacto de Toledo rechaza 'meter tijera' en la jubilación de los funcionarios

Los partidos excluyen la reforma del sistema de clases pasivas de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad a futuro de la Seguridad Social y acallan los rumores de recortes de los últimos meses

El colectivo de en torno a un millón de funcionarios que a día de hoy continúa encuadrado en el Régimen Especial de Clases Pasivas - el sistema especial de protección social para empleados públicos cuyas puertas de entrada se cerraron en 2011 para encauzar a todos los nuevos funcionarios hacia el Régimen General de Seguridad Social- puede respirar tranquilo. El Pacto de Toledo ha venido a acallar los rumores y especulaciones que apuntaban a un posible cambio inminente en sus condiciones de acceso a la jubilación y ha excluido la potencial reforma de este régimen especial del catálogo de medidas que los partidos políticos ya han comenzado a negociar para evacuar lo antes posible sus recomendaciones para garantizar la sostenibilidad futura a medio y largo plazo del sistema publico de pensiones

Según confirman fuentes de la comisión parlamentaria, la posible reforma del Régimen Especial de Clases Pasivas no formará parte de las deliberaciones de los grupos parlamentarios en la búsqueda y concreción de las recetas que conduzcan al sistema de Seguridad Social a un equilibrio a largo plazo. Es más, según estas mismas fuentes, el asunto ni siquiera ha sido puesto sobre la mesa ni por el Gobierno ni por ninguna de las formaciones parlamentarias presentes en la comisión, al contrario de lo que sucedió en la tortuosa última ronda de negociaciones en la que el Ministerio de Trabajo, entonces dirigido por Fátima Báñez, instó a la comisión a explorar posibles soluciones para un régimen de protección social deficitario y que además ampara algunas situaciones de agravio comparativo respecto al Régimen General de la Seguridad Social

En los últimos meses las especulaciones y la sensación de inquietud de los empleados públicos en torno al futuro del sistema de jubilación del régimen de clases pasivas se han disparado al calor de una decisión administrativa aparentemente inocua: el traspaso de la gestión del régimen desde la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda, que tradicionalmente se ha encargado de la misma, hacia el nuevo Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá. La medida se presentó como una decisión meramente funcional, que perseguía concentrar por primera vez en un único departamento ministerial la gestión de todos los sistemas públicos de pensiones, los que agrupan a los trabajadores del sector privado y el de los empleados públicos. Sin embargo, en el ámbito de la Función Pública hubo actores que interpretaron el movimiento como un primer paso para la integración del Régimen Especial de Clases Pasivas en el Régimen General de la Seguridad Social, una maniobra que ya se intentó en 2011 cuando las estrecheces presupuestarias obligaron al Ejecutivo a replantearse absolutamente toda la gestión pública

Los intentos por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, incluso del ministro José Luis Escrivá en primera persona, por calificar esas especulaciones como 'bulos' y por descartar cualquier cambio inminente en el sistema como consecuencia de la asunción de las competencias sobre el mismo - que debería concretarse este mes de octubre - no han terminado de convencer entre los empleados públicos, que han seguido recibiendo desde canales no oficiales advertencias sobre la intención del Ejecutivo de meter la tijera en su privilegiado régimen de jubilación, en el que se encuadran funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, de la Administración de Justicia, de las Fuerzas de Seguridad y de las Cortes , incluidos altos cargos políticos, como expresidentes o exministros

El 'chollo' de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión

Cuando el Ministerio de Trabajo de Fátima Báñez instó al Pacto de Toledo a darle una vuelta al futuro del Régimen Especial de Clases Pasivas se apoyó en dos argumentos principales. El primero era que el sistema era deficitario para las arcas públicas y que, además, esa brecha iba creciendo con el tiempo ya que el incremento de los perceptores de prestación - 652.905, según el último dato del mes de julio- no se compensa con un mayor volumen de aportantes, ya que la puerta de entrada al régimen se cerró en el año 2011. Es decir, que se trata de un régimen de gasto creciente e ingresos menguantes

El segundo que amparaba una serie de situaciones que generaban un agravio comparativo con los trabajadores del Régimen General. La más flagrante, la posibilidad que tienen los empleados públicos adscritos al Régimen Especial de Clases Pasivas de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión, sólo acreditando 30 años de carrera profesional. Hay que recordar aquí que en el Régimen General te puedes jubilar como muy pronto a los 65 años y tienes que acreditar 37 años cotizados. Este factor es el flanco que más preocupa a los adscritos al sistema. En un contexto político en el que el objetivo declarado es retrasar la edad real de jubilación un año para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, un régimen que permite jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión se puede percibir como una anomalía

El escenario viene agravado por la utilización intensiva de esa posibilidad de la jubilación voluntaria por parte de los empleados públicos adscritos a ese régimen. Casi tres de cada cuatro jubilaciones en clases pasivas se producen antes de los 65 años. En el último ejercicio para el que se tienen datos, el de 2018, de los 24.443 empleados públicos que se jubilaron ese año, más de 17.000 lo hicieron utilizando la vía voluntaria para jubilarse antes de los 65. Sin penalización alguna por la maniobra, la pensión media de los empleados en clases pasivas ronda los 1.700 euros, mientras que los jubilados del Régimen General tienen una pensión media que no llega a 1.200 euros."

Nota: los subrayados son nuestros


COMENTARIOS DE CCOO SOBRE LAS MENTIRAS DE ESTA NOTICIA O LA DESINFORMACIÓN INTERESADA O NO DE LA MISMA (el comentario sí es nuestro)

1.- Dice el texto de la noticia que comentamos: "que además ampara algunas situaciones de agravio comparativo respecto al Régimen General de la Seguridad Social. "

Comentario de CCOO: Las diferencias entre ambos regímenes de jubilación (Seguridad Social y Clases Pasivas) no se limitan a poder jubilarse de forma anticipada a los 60 años en el segundo de estos regímenes, mientras en el primero la edad para la jubilación anticipada es, en la actualidad, como muy pronto, a los 63 años (2 años antes de la fecha en que corresponda según los años cotizados)

Otra diferencia también muy importante, que no se cita en la noticia, y parece que se olvida de forma interesada, es que en el Régimen General de Seguridad Social, el cálculo de la pensión se hace sobre los últimos 25 años, mientras en el de clases pasivas se hace sobre toda la vida laboral (los 35 años exigidos para alcanzar el 100 % del haber regulador)

Otro olvido de la noticia publicada (intencionado o no, pero como mínimo que genera mucha confusión), es que mientras en el Régimen General de SSocial, la cuantía de la pensión se calcula sobre las cuantías de la base reguladora que incluye todas las cantidades percibidas (especialmente importante para los grupos de titulación desde A2 para abajo) mensualmente, en la de Clases Pasivas, la cuantía de la pensión se hace sobre el denominado Haber Regulador, cuya cuantía es siempre muy inferior a las cantidades realmente percibidas. Por tanto, la cuantía de la pensión del Régimen General de SSocial es muy superior sobre la de clases pasivas, para personas con el mismo nivel de titulación y salarios brutos iguales

2.- Expresa la noticia también: El 'chollo' de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión (...) la posibilidad que tienen los empleados públicos adscritos al Régimen Especial de Clases Pasivas de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión, sólo acreditando 30 años de carrera profesional

Comentario de CCOO: Si se refiere como chollo jubilarse a los 60 años con el 100 % de la pensión con 30 años de cotización, o el medio de comunicación desconoce el sistema de clases pasivas, o lo conoce y miente de forma deliberada

Porque este sistema de clases pasivas no permite jubilarse a los 60 años con el 100 % de la pensión, si se ha cotizado solo 30 años

Para alcanzar el 100 % de la pensión a los 60 años, jubilándose anticipadamente, se necesitan 35 años de cotización, pues en caso de hacerlo con solo 30 años (ver art. 31 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, legislación consolidada), solo se alcanza el 81,73 % del haber regulador, que, ya hemos dicho antes, es muy inferior además a la base reguladora del régimen de seguridad social para salarios iguales brutos de personas con el mismo nivel de titulación (especialmente para los grupos A2, C1, C2 y E)

En resumen, si bien la noticia publicada recoge otros aspectos en los que no falta a la verdad, al menos en estos citados por nosotros, la noticia no es ni veraz ni expresa los aspectos muy negativos del sistema de clases pasivas en relación con el de Seguridad Social

Informar es no solo lanzar noticias, sino ajustarse a la verdad, reseñando las diferencias tanto positivas como negativas, y, en el caso de las pensiones públicas, es imprescindible señalarlas con absoluta precisión si no se quiere caer en demagogias fáciles que confundan aún más a las personas afectadas
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Nota de prensa publicada en la web del Ministerio de Justicia: el Gobierno propone una modificación normativa para mejorar la seguridad jurídica de las CCAA frente a la pandemia


2 sept 2020



Reproducimos esta nota de prensa publicada en la web del Ministerio de Justicia, si bien es del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

El Gobierno propone una modificación normativa para mejorar la seguridad jurídica de las medidas que establezcan las CC.AA. para hacer frente a la pandemia


1 de septiembre de 2020.- La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han anunciado que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, propone una modificación normativa al resto de los Grupos Parlamentarios con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de las medidas limitativas de derechos fundamentales que las distintas CC.AA. y Ayuntamientos deban tomar en sus respectivos ámbitos territoriales para hacer frente a los rebrotes de la pandemia

Consiste en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con cuatro objetivos: 1) Atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso administrativo, para las medidas de carácter general. 2) Establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones. 3) Establecer un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación. 4) Incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos

La iniciativa del Gobierno persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común. Asimismo, pretende dotar a CC.AA., y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio

Esta propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve

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CCOO denuncia la pasividad del Gobierno ante la mercantilización de servicios públicos de la Administración del Estado


7 jul 2020


CCOO denuncia la pasividad del Gobierno ante la mercantilización de servicios públicos de la Administración del Estado


El sindicato alerta de la pérdida de derechos de las ciudadanas y los ciudadanos por la falta de actuaciones contra la venta de citas previas, y alerta del grave riesgo social de este modelo de Administración al servicio de quienes pueden pagar. Apunta a la falta de personal público y a la dejadez en la digitalización como elementos de deterioro

Madrid, 6 de julio de 2020

CCOO ha denunciado la falta de respuesta del Gobierno ante la venta de citas previas para servicios públicos como el SEPE, Seguridad Social, AEAT o Extranjería a través de páginas web y aplicaciones para móviles. Una reventa que pone en riesgo los datos de carácter personal de quienes hacen uso de ellos, y que, sobre todo, incrementa la vulnerabilidad de las personas más desfavorecidas, que son, precisamente, las que necesitan más ayuda para el acceso a estos derechos

“La atención telemática tiene que ser un derecho, y no un medio único”, sentencia José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la Administración General del Estado. “Esto requiere un refuerzo evidente de la atención presencial, garantizando medios suficientes tanto en personal público como de equipos informáticos y programas actualizados y eficientes. Sin estos elementos, es imposible garantizar la igualdad, objetividad y transparencia en el acceso a los derechos de la ciudadanía, y poner en práctica esa coletilla que viene usando el Gobierno de no dejar a nadie atrás”

El sindicato recuerda que el gasto en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en 2018 fue el más bajo para la Administración General del Estado en los últimos 8 años, con 1.415 millones de euros, según el Informe REINA 2019. “La distribución de estas cuantías es muy desigual, mientras que el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social dedicaba el 11,23 % de su presupuesto, Fomento se quedaba en el 0,96 %”. Entre los que presentan mayor ratio encontramos a Energía, Turismo y Agenda digital (8,96 %) y Justicia (7,87 %), situándose los otros diez ministerios por debajo del 5 %

“El primer paso para poner soluciones está al alcance del Gobierno, que solo tiene que ejecutar con celeridad las ofertas de empleo público de 2018 y 2019, incluyendo las de estabilización del empleo temporal, para empezar a resolver la falta estructural de plantilla que acumulamos”, resume Vera. “Y, como segunda medida, reconducir la política de privatizaciones hacia un modelo de gestión con personal público, para lo que cuenta con instrumentos legales que permiten la contratación para situaciones puntuales de acumulación de tareas, como la que se viene produciendo estos meses”

CCOO destaca, además, la imprescindible inversión en TIC, que pasa necesariamente por incrementar el presupuesto dedicado a estas partidas. “No deja de ser llamativo que la publicación de la puesta en marcha de la Administración Electrónica coincida con el menor gasto informático en ocho años, con dos bajadas presupuestarias, del 20 % en 2017 y del 13,78 % en 2018”, concluye Vera
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El decreto, que el Gobierno aprobará el martes, plantea multas de hasta 100 euros para quien no lleve mascarillas en lugares públicos cerrados


8 jun 2020



Varios medios de comunicación informan de la aprobación en el próximo consejo de ministros:

El decreto de la nueva normalidad mantiene las mascarillas obligatorias y exige a las comunidades prepararse ante rebrotes, pero no limita la movilidad

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias tras el estado de alarma

Así será el decreto que regulará la nueva normalidad: la mascarilla seguirá siendo obligatoria tras el estado de alarma

En los centros de trabajo, la dirección de la empresa deberá adoptar medidas de limpieza y desinfección adecuadas, poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos y adaptar la ordenación de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y las condiciones de trabajo de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de entre 1,5 y 2 metros. En caso de que esto no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
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