CCOO convoca movilizaciones por la anulación de las medidas sociales que PP, VOX y Junts rechazaron ayer en el Congreso
- Tendrán lugar el domingo 2 de febrero
sumarios
1.-CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia antepone la implantación a ultranza de la Ley de Eficiencia pactada con los sindicatos Csif, Staj, Ugt y Cig como cuestión prioritaria, aunque ello suponga la conculcación de derechos del personal de la Administración de Justicia
Se niegan a utilizar el mecanismo de aplazamiento de su implantación previsto en la propia Ley y, alegando que el concurso de traslado no puede solaparse con el acoplamiento, mantienen, ya de forma definitiva, la exclusión en el concurso de traslado de 2024 de las plazas de los Tribunales de Instancia de 315 partidos judiciales (y sus juzgados de paz) afectadas por la primera fase de implantación de la Ley de Eficiencia, a pesar de nuestra frontal oposición, el retraso inaceptable de un concurso que debió convocarse en marzo 2024 de lo que solo es responsable el Ministerio, y los múltiples recursos presentados gracias a la campaña difundida esta misma semana por CCOO
2.- Nueva muestra de clasismo a favor del cuerpo de LAJ y de menosprecio del Ministerio hacia el resto del personal de Justicia
En la Mesa Sectorial celebrada hoy, el Ministerio, bajo el anuncio de una supuesta incorporación al personal de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia del régimen de libranzas al término del servicio de guardias ordinarias, acordado para el cuerpo de LAJ, pretende en realidad perpetrar un nuevo desprecio hacia el 95% del personal al servicio de la Administración de Justicia privilegiando a los de siempre
LIBRANZAS POR GUARDIAS Y SUSTITUCIONES NO RETRIBUIDAS
En la reunión celebrada hoy, y bajo el punto “Negociación de la incorporación al personal de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia del régimen de libranzas al término del servicio de guardias ordinarias, acordado para el cuerpo de LAJ”, el Ministerio nos traslada un borrador de modificación de la Resolución por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia según la cual se añadiría al punto e) del artículo 16 lo siguiente:
Al término del servicio de guardia ordinaria, los funcionarios que tengan derecho a descanso el día posterior a la finalización del servicio de guardia podrán dejar de asistir al despacho el propio día de conclusión de la guardia o dentro de los tres días laborables siguientes, debiendo quedar atendidas siempre las necesidades del servicio
Según el Ministerio, para todos los cuerpos será igual que se va a establecer para el de LAJ en la modificación de su Reglamento Orgánico próxima a publicarse en el BOE que, según el texto que se nos ha facilitado es:
Al término del servicio de guardia ordinaria, los letrados de la Administración de Justicia podrán dejar de asistir al despacho el propio día de conclusión de la guardia o dentro de los tres días laborables siguientes
El privilegio del cuerpo de LAJ frente al resto es evidente toda vez que la libranza de este cuerpo de LAJ se producirá tras la finalización de cualquier tipo de guardia, sea de disponibilidad o de permanencia, mientras que para el resto de cuerpos solo se aplicará en las guardias de permanencia y solo para una parte del personal, quedando excluido en las guardias de disponibilidad
Y si esto no es lo suficiente clasista el mismo artículo 85 bis del modificado Reglamento Orgánico de LAJ establece también que
PARA CCOO ESTO ES UN INSULTO Y ASÍ SE LO HEMOS HECHO SABER AL MINISTERIO, pues entre otras cosas, y a pesar de nuestra insistencia, se niegan a recoger el punto 1 anterior referente al derecho a libranza de quienes hagan sustituciones no retribuidas del mismo cuerpo, como habitualmente ocurre, especialmente en el cuerpo de Auxilio que continuamente sustituye a otros órganos sin retribución alguna, y en las Secretarías de Juzgados de Paz donde las sustituciones no retribuidas en periodo de vacaciones son la práctica habitual
Información sobre el proceso de implantación del nuevo modelo de oficina de los Tribunales de Instancia
Según el Ministerio están trabajando ya en los borradores de las futuras Relaciones de Puestos de Trabajo, empezando por las de las Oficinas de Justicia municipal, pues el plazo previsto en la Ley es de tres meses desde su aprobación. Aseguran que en cuanto tengan los borradores nos los trasladarán. Paralelamente, dicen estar trabajando en la modificación del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
Afirman que la Ley será aprobada en la sesión del 19 de diciembre y se publicaría en BOE a partir del 1 de enero
PLAZAS A OFERTAR EN EL CONCURSO DE TRASLADO DE 2024
CCOO hemos insistido en que es una auténtica vergüenza que no se oferten a concurso de traslado las plazas afectadas por la primera fase de implantación de la LOEO, que afecta a 315 partidos judiciales de todo el estado, con el enorme perjuicio que esto supone para numerosos compañeros y compañeras; perjuicio creado por la incapacidad ministerial y absoluto incumplimiento de la legalidad, que obliga a convocar el concurso en el primer trimestre de cada año
A cambio de esta barbaridad, el Ministerio se compromete a sacar dos concursos de traslado en el año 2025: el primero sobre el mes de mayo o junio, cuando tengan resuelto este concurso correspondiente al 2024 y aprobadas las RPT de la primera fase, con todas estas plazas de los 315 partidos judiciales afectados; y el segundo, general, a partir de septiembre con todas las vacantes que queden, aunque tampoco aseguran si entonces este supuesto concurso “general” estaría afectado por la segunda o tercera fase de implantación de la LOEO
Afirman que en su ámbito territorial tienen suficientes vacantes no afectadas para la estabilización, de manera que garantizan que no ofrecerán a estos procesos ninguna de las plazas que no se ofertarán en el concurso de traslados. Y, mientras tanto, también se comprometen a la concesión de comisiones de servicio sin necesidad de justificación a las plazas afectadas por la primera fase en su ámbito territorial y a autorizar las comisiones de servicio de personal de su ámbito a plazas de esta primera fase adjudicadas en las CCAA transferidas
Lo que el Ministerio de Justicia ha negado durante años, la regulación de las comisiones de servicio, para dar garantías y transparencia al personal que las solicite, ahora, en una demostración palmaria de que están realizando un atropello a los derechos laborales del personal de la Administración de Justicia con la exclusión de 315 partidos judiciales del concurso de traslado, se convierte en posible. Es tan hipócrita la actuación del Ministerio que sólo merece la contundente respuesta del personal, presentando cientos de recursos y movilizándonos en defensa de nuestros derechos
Otras informaciones de última hora sobre procesos selectivos y concursos de traslado
Reclamamos un proceso de diálogo real sobre la financiación y la dotación presupuestaria en los presupuestos generales para 2023 con el objetivo de garantizar algo tan importante como la salud de las personas
CCOO, junto con el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), ha trasladado en una carta dirigida a la Ministra de Hacienda y Función Pública y al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las propuestas de mejora de la asistencia sanitaria prestada por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUJEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Tras la firma del último concierto sanitario de MUFACE, MUGEJU e ISFAS venimos denunciando que los servicios que ofrecen a través de las compañías asistenciales con las que tienen suscrito concierto no cumplen con los parámetros de calidad establecidos, como tampoco lo hacen con las prestaciones que están obligadas a ofertar conforme a lo recogido en la Cartera Nacional de Servicios y los Conciertos sanitarios
En este sentido son destacables los recortes en los cuadros médicos, la escasez de centros asistenciales, la eliminación de clínicas y especialidades médicas como las de oncología y radioterapia, el cobro de algunas pruebas médicas a mutualistas, el retraso en el abono de la prestación por incapacidad temporal cuando el personal funcionario se encuentra en situación de baja, el gasto que se produce por el copago farmacéutico para paliar la diferencia en el gasto farmacéutico entre mutualistas y personas adscritas al Régimen General de la Seguridad Social, y el recorte de las ayudas sociales en estos últimos años, por lo que es urgente su revisión y actualización
Desde CCOO creemos que el presupuesto con el que se dota a estos organismos es insuficiente para garantizar algo tan importante como es la salud de las personas. Por ello hemos solicitado reuniones a los grupos parlamentarios para exigir que analicen y evalúen adecuadamente los gastos de la asistencia sanitaria, para que podamos recuperar la totalidad de las prestaciones suprimidas o recortadas desde el año 2012, en especial las ayudas sociosanitarias
También exigimos que el pago de los medicamentos por parte de las personas mutualistas jubiladas sea el mismo que el de las personas beneficiarias del Régimen General de la Seguridad Social, con una dotación presupuestaria que incremente los presupuestos generales para 2023, adaptándose a la situación actual en nuestro país tras el incremento de la inflación, acelerado durante los últimos meses
CCOO exigimos que el pago de los medicamentos por parte de los/las mutualistas jubilados/as sea el mismo que los/las beneficiarios/as del Régimen General de la Seguridad Social y la recuperación de las prestaciones recortadas en 2012
Se ha celebrado una reunión, en la sede de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, con la Federación de Enseñanza de CCOO, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), para la firma de una carta dirigida a la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que les solicitamos una reunión urgente
Tras la firma del último concierto sanitario de MUFACE, MUGEJU y de ISFAS, venimos denunciando los servicios que ofrecen a través de las compañías asistenciales con las que tienen suscrito concierto y que no cumplen con los parámetros de calidad establecidos, como tampoco lo hacen con las prestaciones a las que están obligadas a ofertar conforme a lo recogido en la Cartera Nacional de Servicios y los Conciertos sanitarios
Exigiremos que se analicen y evalúen adecuadamente los gastos de la asistencia sanitaria para que podamos recuperar la totalidad de las prestaciones suprimidas o recortadas desde el año 2012, en especial las ayudas sociosanitarias
Asimismo, exigimos una rebaja en el pago de los medicamentos por parte de los/las mutualistas jubilados/as de forma que sea el mismo que los/las beneficiarios/as del Régimen General de la Seguridad Social, con una dotación presupuestaria que ha de verse recogida en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023
Todas las organizaciones firmantes de la carta avanzamos en un tema tan importante como la asistencia sanitaria que reciben los/as funcionarios/as de nuestro país, y advertimos de que no será la única acción que llevaremos a cabo para mejorar todas las deficiencias que detectamos y que se dan desde hace demasiado tiempo
Hoy 23 de junio, día internacional de los Servicios Públicos, los sindicatos mayoritarios de la función pública instan a la Sra. Montero a la apertura de la negociación de un nuevo acuerdo plurianual donde los elementos esenciales giren en torno a la garantía del poder adquisitivo, aumento de las plantillas, más y mejorescondiciones de trabajo
UGT y CCOO insisten que vamos tarde en una negociación que debió comenzar hace meses. Son muchas las materias pendientes, además de salarios y empleo, es necesario un cambio en las políticas de acceso, promoción y carrera profesional, lo que deriva en una mejora sustancial del EBEP, del Acuerdo Marco y otras normativas de aplicación, que deben plasmarse en un Acuerdo y que tendría que estar cerrado antes de aprobar el Anteproyecto de Presupuestos del 2023
En este sentido, ante la pérdida de poder adquisitivo, resulta imprescindible la revisión de los salarios de este año 2022, puesto que la subida del 2% impuesta en los Presupuesto ha quedado del todo desfasada, a lo que habrá que añadir actualizaciones de determinados complementos y revisiones salariales para algunos sectores, como en el Servicio Exterior, entre otros
Del mismo modo ambos sindicatos exigimos la derogación de la totalidad de recortes que sufrimos las empleadas y los empleados públicos con la excusa de contención del gasto público con la crisis del 2008, para recuperar derechos que nunca debieron ser eliminados
Los Servicios públicos han resultado ser la herramienta esencial para la defensa de los derechos de la ciudadanía, para ello, es imprescindible que las personas que lo prestan, más de tres millones de empleadas y empleados públicos, tengan dignas condiciones salariales y de trabajo
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