CCOO contra la privatización de las ejecuciones de sentencias

La Comisión de Justicia del Congreso propone en la LEO la privatización de las subastas judiciales y otras actuaciones relativas a la ejecución de las sentencias

• CCOO denuncia que las privatizaciones empeoran el servicio público y ponen en riesgo centenares de puestos de trabajo

Según una enmienda transaccional a la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, los/as Procuradores/as “podrán también realizar las actuaciones materiales propias del proceso de ejecución”, actuaciones hasta ahora reservadas al personal funcionario de los Juzgados y Tribunales

En la tramitación de la LEO, los grupos parlamentarios Vasco, Plural, Popular, Ciudadanos y Vox presentaron sendas enmiendas para ampliar el papel de Procuradores y Procuradoras en los trámites judiciales, hasta ahora limitado a algunos actos de comunicación a las partes del proceso

Atendiendo a estas enmiendas la Ponencia de la Comisión de Justicia para esta Ley, en la que están presentes todos los grupos parlamentarios, ha recogido en su informe la siguiente enmienda transaccional:

Noventa y dos bis (nuevo). Se modifica el apartado 2 del artículo 543 (de la LOPJ), que queda redactado como sigue:

«2. Dentro de las limitaciones que las leyes dispongan, los procuradores podrán realizar los actos de comunicación a las partes del proceso, así como los actos de cooperación, auxilio y colaboración con la Administración de Justicia

Por delegación del juez, jueza o tribunal, podrán también realizar las actuaciones materiales propias del proceso de ejecución en los términos establecidos legalmente que, en todo caso, excluirán las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, así como las derivadas de procesos en materia de familia, las de desahucio por impago de rentas o cantidades debidas en viviendas habituales y los lanzamientos de ocupantes de finca con posterioridad a la subasta de la misma si esta es vivienda habitual.»

Para CCOO, la aprobación de esta enmienda supondría una nueva “vuelta de tuerca” en dirección a la privatización de servicios públicos a favor de un colectivo, deteriorando el servicio público y poniendo en peligro centenares de puestos de trabajo que actualmente tramitan las ejecuciones

No olvidemos que la parte del proceso judicial que culmina el procedimiento es la Ejecución y, como parte de ella, la Subasta Judicial, materializándose en ella, en muchos casos, el cobro por parte de la parte demandante de las deudas que tiene la demandada; por lo tanto, cabe decir que es fundamental que se desarrolle con las máximas garantías para todas las partes, respetándose los principios de publicidad, seguridad y confidencialidad

Las subastas judiciales se están celebrando a través del portal de internet gestionado por el ente público Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, bajo la supervisión y control por el letrado o letrada de la Administración de Justicia. Paradójicamente, en los últimos años se está notando un incremento de peticiones de ejecutantes para evitar la subasta judicial derivándola a portales de empresas con las que llegan a acuerdos previos, poniéndose en una situación privilegiada frente al resto de participantes

Hace algunos años, el Ministerio de Justicia puso en marcha una Unidad de Subastas Judiciales con competencia en toda la Región de Murcia. Esta oficina, dotada con personal funcionario e incluida dentro de la Oficina Judicial, está dando muy buenos resultados: ha podido gestionar (a fecha de diciembre de 2022) un total de 27.623 subastas acordadas por los juzgados de la Región de Murcia, lo que supone una media de cerca de 4.000 subastas anuales. Dichas subastas han sido gestionadas a través del Portal de Subastas del BOE

Desgraciadamente, salvo en una experiencia similar en Valencia, este éxito no se ha visto reflejado de igual forma en muchos juzgados del resto de España, en cuyos ámbitos territoriales no han sido creadas esas unidades especializadas que, con un protocolo de actuación adecuado, permitirían liberar de ese cometido a juzgados especialmente sobrecargados de trabajo

Con la reforma que se pretende quedaría en manos de los procuradores y las procuradoras el instar, como así está ocurriendo en muchos territorios, la subasta extrajudicial, con un elevado coste que tendrá que sufragar la parte condenada en costas, y además plantea serios problemas de transparencia, pudiéndose causar perjuicios a otras partes implicadas en el proceso, toda vez que la parte ejecutante se pone en clara posición ventajosa, y resultaría extremadamente dificultoso el control por el Letrado o Letrada de la Administración de Justicia, que finalmente tiene que aprobar el remate de dicha subasta

CCOO reclama la creación de unidades especializadas de subastas en todos los territorios, con dotación de personal funcionario de la administración de Justicia, abaratándose costes y dando mejores resultados para las partes implicadas, aprovechándose así el buen funcionamiento ya demostrado del Portal de Subastas del BOE

Por lo tanto, CCOO se opone contundentemente a esta privatización encubierta que se pretende por algunos colectivos apoyados en los Grupos Parlamentarios que han apoyado y transaccionado estas enmiendas, claramente negativas para la Administración de Justicia, para el Empleo Público y para la ciudadanía en general, porque no olvidemos que la externalización de este servicio que ahora se presta en los juzgados da pie al oscurantismo, la falta de transparencia y el incremento de costes; sería además una indeseada vuelta al antiguo sistema de subastas sin garantías y controladas en su propio beneficio por personas ajenas al interés público

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CCOO exige al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos en la Administración del Estado

CCOO exige al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos en la Administración del Estado

Recuerda que los compromisos firmados acumulan, como mínimo, más de un año de retraso en su ejecución, y que está en riesgo la prestación de servicios públicos como la tramitación de los ERTE, la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la investigación biomédica y los servicios médicos de Sanidad Exterior, entre otros

Mas de dos centenares de delegadas y delegados de CCOO se han concentrado esta mañana ante la Dirección General de la Función Pública para denunciar, entre otros, los retrasos acumulados en la ejecución de las ofertas de empleo público y de estabilización, la negociación del III Plan de Igualdad, el desarrollo del Estatuto Básico y los recortes salariales por la no aplicación del IV Convenio Único desde hace más de un año y medio

“El Gobierno no puede pretender que los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos se garanticen con casi un 20 % menos de personal público que hace diez años”, sentencia José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la Administración General del Estado. “Es fundamental desarrollar con celeridad las convocatorias de empleo público, que suponen una recuperación inicial de parte de los más de 43.000 efectivos perdidos en estos últimos diez años, y que resultan imprescindibles para cubrir las deficiencias que venimos denunciando en servicios públicos en el SEPE, la Seguridad Social, Organismos Públicos de Investigación o Sanidad Exterior”

CCOO recuerda que está pendiente la negociación del III Plan de Igualdad, “el anterior es de 2015 y, en su mayor parte, no se ha desarrollado”, y espera que las buenas palabras de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se concreten también en la aplicación del Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo

El sindicato lamenta que el Gobierno se posicione en la senda de los recortes. “El IV Convenio Único se firmó en marzo de 2019, llevamos más de un año esperando la aplicación de sus tablas retributivas y los atrasos correspondientes desde enero de ese año”, insiste Vera, quien condena que se frene esta recuperación parcial del 14 % de pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2008. “Otros elementos esenciales, como el encuadramiento, la jubilación anticipada parcial y el concurso abierto y permanente, también están pendientes”

CCOO recuerda que estos no son los únicos compromisos que aún no se han puesto en marcha. “La Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, con el desarrollo de la carrera profesional, no ha avanzado desde 2007, cuando se publicó el Estatuto Básico del Empleado Público”. La distribución de los fondos adicionales, el diagnóstico del empleo público y la mejora de los procesos de promoción interna, o la regulación del teletrabajo, son otros acuerdos que siguen sin cumplirse, por lo que el sindicato exige celeridad en su negociación y aplicación

“Además, el Gobierno tiene que reconducir de manera inmediata esta política de privatización de la gestión de servicios públicos, que pone en grave riesgo la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos con criterios de objetividad, igualdad, transparencia y sujeción al interés general”, sentencia Vera. “Resulta evidente que hay que revertir a lo público los servicios privatizados, que han demostrado suponer un mayor coste y una menor salvaguardia de los derechos”

El sindicato ha anunciado esta misma semana la convocatoria de huelga en los museos estatales y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para los domingos 19 y 26 de julio. “La demora en el encuadramiento, derivado del IV Convenio Único, supone una pérdida de derechos para el personal laboral de estos centros de trabajo. Es imprescindible cerrar cuanto antes este elemento, y recuperar el compromiso de abono inmediato de las tablas retributivas y sus atrasos”, concluye Vera

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Siguen los contactos de CCOO con los partidos políticos sobre el Registro Civil

Reunión del Sector de Justicia de CCOO con Izquierda Unida

CCOO CONTINÚA RECABANDO APOYOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA UNA MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2011 QUE GARANTICE QUE EL REGISTRO CIVIL SIGA SIENDO GESTIONADO POR EL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CON OFICINAS ABIERTAS EN TODAS LAS LOCALIDADES

 

Siguiendo con la ronda de contactos con los partidos políticos del Congreso, desde CCOO hemos trasladado a IU nuestras propuestas en materia del Registro Civil y, además, hemos aprovechado para darle traslado de otras problemáticas como la falta de democracia interna en la MUGEJU y las discriminatorias retribuciones del personal del ámbito no transferido

  

El Sector de Justicia de CCOO ha mantenido una reunión en el Congreso con el diputado Enrique Santiago, responsable de justicia de IU y, hasta la disolución de las Cortes, Vicepresidente de la Comisión de Justicia designado por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos

 

En la medida en que se va aproximando la expiración de la prórroga de la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil prevista para el 30 de junio de 2020, CCOO está intensificando las acciones para conseguir el objetivo de mantener este servicio público en la Administración de Justicia y con oficinas principales en todas las cabeceras de partidos judiciales y oficinas delegadas en todos los juzgados de paz

 

IU nos ha traslado su total respaldo a estas propuestas compartiendo con CCOO la contradicción que supondría la defensa de la “España vaciada” y el cierre de servicios públicos, como este del Registro Civil, precisamente en los pequeños y medianos municipios con el consiguiente perjuicio a la población de estas localidades

 

Entre otras materias tratadas en la reunión, resaltamos que CCOO ha facilitado información exhaustiva de la inaceptable situación de la MUGEJU en la que, además de blindar los puestos de trabajo de este organismo para impedir el acceso del personal titular a los mismos, el Ministerio de Justicia ha establecido un sistema de participación de los y las mutualistas absolutamente antidemocrático y discriminatorio hacia los cuerpos generales en favor de los de superior titulación y, lo que es más grave, favoreciendo los intereses de las entidades médicas frente a los del colectivo de mutualistas

 

El representante de IU mostró su indignación y preocupación por este asunto y se comprometió a denunciar, junto a su grupo político, tanto éste como cualquier otro comportamiento que mantenga privilegios injustificados hacia las altas instancias del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal

 

Por último, CCOO no ha dejado pasar la oportunidad de solicitar el apoyo de Izquierda Unida y del conjunto de Unidas Podemos y sus confluencias al personal de justicia del ámbito no transferido en su lucha para conseguir unas retribuciones dignas y equiparables a las que en el complemento específico se perciben en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas

 

En las últimas semanas, además de esta reunión, hemos mantenido otras con PSOE, PP y Ciudadanos de las que hemos venido informando. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia en funciones sigue negándose a negociar ninguna mejora en nuestras condiciones de trabajo, siguen incumpliendo sus propios acuerdos como por ejemplo la conversión en plantilla de las plazas de refuerzo de más de tres años y sigue negándose a una simple reunión para tratar el tema del Registro Civil, a pesar de las reiteradas insistencias de CCOO en este sentido

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CCOO sigue manteniendo reuniones con los partidos políticos para lograr la reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil y asegurar su mantenimiento en la Administración de Justicia

CCOO sigue manteniendo reuniones con todos los grupos políticos con el fin de lograr la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil antes del vencimiento de la vacatio legis (30 de junio de 2020) y garantizar su mantenimiento en la Administración de Justicia y con todos los centros y puestos de trabajo existentes, entre otras reclamaciones

El Partido Popular se compromete a promover la modificación de la Ley 20/2011, de Registro Civil, que permita mantenerlo dentro de la Administración de Justicia, con las mismas Oficinas principales que hasta la fecha, y a establecer las competencias que deben tener los Juzgados de Paz

CCOO mantuvo en el día de ayer una reunión con las portavoces de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la necesidad de modificación de la Ley 20/2011, de Registro Civil, enmarcada dentro de la solicitud enviada por CCOO a todos los Grupos Parlamentarios para que insten, o en su caso apoyen, una modificación de la Ley 20/2011 que garantice que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados, servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia y con las mismas oficinas principales y delegadas que en la actualidad, ante su programada entrada en vigor el 30 de junio de 2020

En dicha reunión María Jesús Moro, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia en el Congreso, manifestó la intención de su Grupo Parlamentario de modificar la Ley 20/2011, a fin de que el Registro Civil permanezca servido por personal de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados de las Oficinas de Registro Civil, que estarían ubicadas en los mismos sitios que en la actualidad, y con el mantenimiento de competencias en materia de Registro Civil en los Juzgados de Paz. Al efecto, puso de manifiesto que el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición de Ley en el mes de septiembre (que ha decaído tras la disolución de las Cortes), que es idéntica a la rechazada en febrero de 2017 por motivos totalmente ajenos al texto de dicha proposición y que recoge dichas cuestiones

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular manifestó que es intención de su partido volver a presentar dicha proposición tan pronto se constituyan las nuevas Cortes Generales, gobierne o no su partido, ya que no habrá tiempo material para tramitar una reforma de la Ley 20/2011 como Proyecto de Ley (es decir, por iniciativa del futuro Consejo de Ministros)

CCOO agradeció el gesto de presentar la Proposición de Ley, que recoge la mayoría de nuestras reivindicaciones, si bien reclamó mejoras en el texto que recojan las competencias delegadas que han de tener los Juzgados de Paz así como una mayor atribución de competencias a aquellas comunidades autónomas que las tienen en materia de personales y materiales de la Administración de Justicia, pero no competencias ejecutivas en materia de Registro Civil en sus Estatutos de Autonomía

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular se comprometió a estudiar el documento preparado por CCOO y a mejorar el texto (un extenso informe con numerosas propuestas que se puede leer en: Informe de CCOO para la modificación de la Ley 20/2011 de Registro Civil), bien sea en el momento de su presentación bien por vías de enmiendas al mismo

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Registro Civil: CCOO se reúne con PSOE y Ciudadanos en el Congreso

Reuniones de CCOO con los grupos políticos sobre el Registro Civil

POR PRIMERA VEZ EL PSOE COMUNICA A CCOO SU POSTURA FAVORABLE A QUE EL PERSONAL DE LOS REGISTROS CIVILES CONTINÚE SIENDO EL DE LOS CUERPOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA


Ciudadanos, por su parte, nos manifiesta que comparte la totalidad de nuestras propuestas

 

CCOO hemos mantenido en el día de ayer sendas reuniones con los portavoces de Justicia del Grupo Socialista y de Ciudadanos en el Congreso sobre la necesidad de modificación de la Ley 20/2011, de Registro Civil, enmarcadas dentro de la solicitud enviada por CCOO a todos los Grupos Parlamentarios  para que insten, o en su caso apoyen, una modificación de la Ley 20/2011 que garantice que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos, con los LAJ como Encargados de los Registros Civiles,  servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia y con mantenimiento de las oficinas principales y delegadas actuales, ante su programada entrada en vigor el 30 de junio de 2020


A la reunión con el PSOE han asistido Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso, y Beatriz Corredor, Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso. Dichos responsables han manifestado que nunca ha sido intención del PSOE sacar el Registro Civil fuera de la Administración de Justicia, que su intención siempre ha sido que los Encargados de los Registros Civiles fueran los LAJ y que su personal fuera personal de los Cuerpos de la Administración de Justicia, estando de acuerdo en la posibilidad de modificar la Ley 20/2011 para clarificar dichos extremos


En cuanto a la demarcación de las Oficinas de Registro Civil, los responsables del PSOE siguen defendiendo el modelo establecido en la Ley 20/2011, que implica la concentración de las Oficinas de Registro Civil en unas pocas localidades y la desaparición de las funciones registrales de los Juzgados de Paz, sobre lo que CCOO discrepa profundamente, si bien entienden que debe haber un largo periodo transitorio que dependerá de la implementación de la nueva aplicación de Registro Civil, y que debe incluirse en la Ley 20/2011 una disposición que recoja todo el tránsito hasta el modelo de oficina de Registro Civil que ellos defienden y que asumen que durará bastantes años


Entienden que sería un fracaso en la implantación de la Ley que la ciudadanía que hoy no se tiene que desplazar para recibir el servicio del Registro Civil lo tuvieran que hacer en el futuro, y que será la progresiva aplicación de las nuevas tecnologías en el Registro Civil  la que en el tiempo podrá llevar a la modificación de la demarcación actual.  Más allá de discrepancias sobre cuestiones concretas, existe el compromiso por parte de dichos responsables del Grupo Socialista en el Congreso en trabajar conjuntamente con CCOO sobre un texto que modifique la Ley 20/2011 en los términos citados y permita su entrada en vigor el 30 de junio de 2020


En la reunión con Ciudadanos, cuya representación estaba encabezada por el diputado Edmundo Bal, portavoz de este grupo en la Comisión de Justicia del Congreso, se nos manifestó su total coincidencia con las posiciones que CCOO le hemos planteado para que el nuevo registro civil único e informatizado y con un folio personal único que sustituya al actual sistema de secciones de nacimientos, matrimonios y defunciones, sea desempeñado en exclusiva por personal de la Administración de Justicia, con los y las Letrados/as como encargados y manteniendo tanto las oficinas principales en los partidos judiciales como las oficinas delegadas de los Juzgados de Paz


Se han comprometido con CCOO en estudiar la fórmula para conseguir que la ley 20/2011 sea modificada en este sentido antes de su entrada en vigor


En este enlace puedes ver las propuestas de CCOO para la modificación de la Ley del Registro Civil

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CCOO solicita al Defensor del Pueblo medidas contra la vulneración de la igualdad en los expedientes de nacionalidad

 

CCOO denuncia ante el Defensor del Pueblo que, dos años después de la pérdida de competencias de los Registros Civiles para recibir las solicitudes de nacionalidad, existe una vulneración del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos   Subsisten agravados los problemas para la resolución de los expedientes de nacionalidad tramitados conforme el procedimiento antiguo   CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia está fomentando la privatización del nuevo procedimiento al dar preferencia a las solicitudes electrónicas presentadas a través de abogados y gestorías

 

CCOO ha dirigido una carta al Defensor del Pueblo en la que denuncia que, tras dos años desde la retirada de la competencia de los Registros Civiles para informar, revisar y recibir las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia que se tramitan conforme el procedimiento establecido en el Real Decreto 1004/2015, sin que ninguna otra oficina pública realice las funciones que venían desarrollando los Registros Civiles, se están vulnerando derechos administrativos de los ciudadanos extranjeros para acceder a la nacionalidad española establecidos en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen a sus solicitudes; a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y el de asistencia a los interesados que carecen de medios electrónicos para presentar por sí mismos sus solicitudes. Todo ello supone, a juicio de CCOO, una vulneración del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos

Ante la pérdida de competencia de los Registros Civiles para informar, recibir y revisar las solicitudes de nacionalidad a partir del 30 de junio de 2017, CCOO interpuso una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo, por entender que ello supondría la vulneración de numerosos derechos administrativos de los ciudadanos extranjeros, al no existir ningún órgano administrativo que sustituyera a los Registros Civiles como oficinas de referencia para la tramitación de las solicitudes de nacionalidad. Dos años después, y tras diversas actuaciones del Ministerio de Justicia a requerimiento del Defensor del Pueblo, CCOO denuncia ante éste que subsisten agravados los problemas en materia de adquisición de la nacionalidad española por residencia:

1.- Los ciudadanos extranjeros no tienen un organismo cercano, como son los Registros Civiles, en donde informarse sobre los requisitos para la adquisición de la nacionalidad española, documentación a presentar y trámites a realizar. Sólo tienen la opción de informarse a través de la página web del Ministerio de Justicia o contratar los servicios de un profesional (abogado, gestor administrativo) que les asesore al respecto

2.- Los ciudadanos extranjeros no tienen un organismo ante el que cerciorarse de que la documentación que acompañan a su solicitud de nacionalidad española es la correcta y adecuada, ni para que se digitalice y tramite de forma electrónica su solicitud

CCOO denuncia que ante la dificultad del trámite administrativo (conocimiento de requisitos, documentación a presentar) se ha fomentado con esta medida que los ciudadanos extranjeros contraten los servicios profesionales de abogados y gestores administrativos para su presentación por vía electrónica. Dado que muchos ciudadanos extranjeros no pueden abordar el coste de la contratación de dichos servicios profesionales se está produciendo, a juicio de CCOO, vulneración del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos

CCOO, asimismo, pone de manifiesto que el Ministerio de Justicia está tramitando y resolviendo las solicitudes presentadas en formato electrónico mediante un plan de incentivos para personal del Ministerio de Justicia para la calificación de expedientes de nacionalidad fuera de horas de trabajo, mientras que las solicitudes presentadas en formato papel desde el año 2016 están sin digitalizar, metadatar y por tanto pendientes de la incoación del expediente electrónico que permita iniciar su tramitación. Como la inmensa mayoría de solicitudes electrónicas han sido presentadas por medio de profesionales previo pago de sus honorarios, el Ministerio de Justicia está fomentando el uso de esta vía frente a la de los ciudadanos extranjeros que no quieren o no pueden satisfacer sus honorarios y optan por la vía del papel

Respecto a los llamados “procedimientos antiguos”, es decir, las solicitudes presentadas antes del 15 de octubre de 2015, CCOO denuncia que siguen siendo miles las solicitudes pendientes de resolver, con numerosos problemas añadidos:

• Retraso de años en la resolución de los expedientes para los que se ha requerido que aporten documentación adicional
• Requerimientos de documentación adicional en muchos casos redundantes
• Elevado número de recursos de reposición interpuestos contra las denegaciones de nacionalidad
• Contratación de personal ajeno al Ministerio de Justicia (personas recién licenciadas en Derecho) para la resolución de las resoluciones de dichos recursos, tras un mínimo curso de formación
• Única opción de acudir a la vía contenciosa para agilizar la resolución de estos expedientes 

CCOO solicita al Defensor del Pueblo la continuación de la actuación abierta tras nuestra queja y que inste al Ministerio de Justicia para que realice las actuaciones oportunas a fin de evitar la vulneración de los derechos administrativos de los ciudadanos extranjeros que quieran adquirir la nacionalidad española en todo lo relativo a la información sobre los trámites, revisión de su documentación, consulta de dudas y presentación de su solicitud; en definitiva, de su derecho a acceder a la  nacionalidad española en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna por lugar de residencia, acceso a nuevas tecnologías o recursos económicos de que puedan disponer. Para CCOO la solución a estos problemas pasa por que los Registros Civiles recuperen la competencia para recibir las solicitudes, como hasta el 30 de junio de 2017; por que los Registros Civiles puedan digitalizar y metadatar las solicitudes que se presenten ante ellos; e incluso que los Registros Civiles puedan ser los competentes para la instrucción de las solicitudes

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Nueva encomienda de gestión de expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad

• Nuevamente, el Ministerio de Justicia paga a los registradores por tramitar los expedientes de nacionalidad por residencia

• CCOO continuaremos la lucha por la recuperación de la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia para el Registro Civil, tal y como defendemos en nuestra propuesta de reforma de la Ley 20/2011 y normas concordantes.

En el BOE de 4 de junio se ha publicado Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia del período 2016-2019.

El coste de este "servicio" se fija en 1.677.732€.

"1. Proceder a la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia hasta la puesta a disposición del Ministerio de Justicia, para la elevación del preceptivo informe-propuesta de resolución, de todos los expedientes de nacionalidad por residencia de procedimiento antiguo que, debidamente digitalizados e incorporados por el Ministerio de Justicia al aplicativo informático facilitado por el Colegio de Registradores, hayan sido recibidos en la DGRN desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2019 y que se estima que aproximadamente alcanzarán un número total de 56.000. Se incluyen igualmente como parte de esta encomienda, los 6.915 expedientes que tuvieron entrada en el año 2015 y que no se contemplaron en las encomiendas suscritas el 3 de agosto de 2016 y el 20 de septiembre de 2017, referidas en el expositivo primero."

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El gobierno sigue favoreciendo intereses privados en los Registros Civiles

• Acuerdo del Ministerio de Justicia y el colegio de abogados de Madrid (ICAM) para la expedición de certificados en el Registro Civil Central

CCOO DENUNCIA QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA CEDE EL SERVICIO PÚBLICO A INTERESES PRIVADOS Y DISCRIMINA A LOS Y LAS CIUDADANAS PARTICULARES QUE SERÁN PEOR ATENDIDOS QUE LOS ABOGADOS Y ABOGADAS

• Con el acuerdo firmado, las solicitudes de certificaciones efectuadas desde el ICAM al Registro Civil Central se expedirán al día siguiente de su solicitud, mientras que las que solicitan por el trámite ordinario de cita previa o por correo o internet se demoran varios meses.

• CCOO denuncia además que, en paralelo, el Ministerio de Justicia sigue su escalada para dejar en precario la plantilla del Registro Civil Central y justificar de esa forma su privatización encubierta

Desde el 16 de mayo los abogados y abogadas de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a través del colegio las certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción del Registro Civil Central.

Deberán pagar por ello una tasa de 6,05 euros; el ICAM presentará las solicitudes y el Registro Civil las expedirá al día siguiente a razón de 30 certificaciones diarias.

CCOO denunciamos que el sistema es absolutamente perverso y favorece los intereses privados frente a los intereses de la ciudadanía, ya que a quienes necesiten obtener los certificados se les ofrecen varias opciones:

- Se podrá pedir cita previa por internet, citas que se están concediendo, como mínimo, para dos meses después de la solicitud.

- Se podrá solicitar la certificación por correo ordinario o en la web del Ministerio de Justicia para que, desde el Registro, se remita por correo al domicilio de la persona que lo solicita. Por este sistema se están recibiendo las certificaciones varios meses después de solicitarlas, en muchos casos hasta seis meses después o más.

- Se podrá efectuar la solicitud a través de una gestoría pagando la minuta correspondiente (las gestorías ya tienen un trato preferente frente a la ciudadanía en general desde hace varios meses).

- Y, ahora, se podrá solicitar la certificación a través de un despacho de abogados, que cobrará, además de los 6.05 euros que el ICAM cobra al abogado o abogada, la minuta correspondiente a la consulta y gestión del abogado o la abogada (con seguridad varias decenas o algún centenar de euros).

Es decir, quien pueda pagarse un despacho de abogados o una gestoría tendrá una atención más rápida que quien no tenga capacidad económica

Este servicio, por el que tanto el Colegio de Abogados de Madrid como los propios abogados y abogadas obtendrán beneficios económicos, será prestado de forma gratuita para ellos por personal funcionario del Registro Civil Central al que se obligará a expedir las 30 certificaciones diarias a que se ha comprometido el Ministerio de Justicia, lo que además provocará más atraso en la expedición de certificaciones a quienes las soliciten directamente, ya que la plantilla de este Registro Civil, que ya era insuficiente, ahora se verá mermada para la atención ordinaria a la ciudadanía al dedicarse parte de ella a atender las solicitudes del ICAM.

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Aplazada por el Ministerio de Justicia la reunión con CCOO sobre el Registro Civil

• CCOO sigue trabajando en defensa del Registro Civil público, gratuito y gestionado por el Personal de la Administración de Justicia

EL MINISTERIO DE JUSTICIA APLAZA SIN NUEVA FECHA LA REUNIÓN QUE TENÍA CONCERTADA CON CCOO PARA DAR UNA SALIDA DEFINITIVA AL FUTURO DE LOS REGISTROS CIVILES

CCOO había solicitado esta reunión con el Secretario de Estado que el Ministerio convocó para el día 13 de febrero y anuló a última hora justificándolo con la coincidencia con el debate de los PGE

Aunque hasta el 30 de junio de 2020 está en vigor la vacatio legis de la Ley 20/2011 del Registro Civil, en CCOO seguimos llevando a cabo la acción sindical tendente a conseguir del Gobierno y todas las fuerzas políticas el apoyo a nuestras reivindicaciones, que comparten el 100% del Personal de Justicia y la inmensa mayoría de la ciudadanía (como así lo manifestó con su firma en la ILP promovida por CCOO)

Nuestro objetivo con la reunión que habíamos solicitado al Ministerio de Justicia es promover la iniciativa legislativa del Gobierno, para que proponga una modificación de esa Ley 20/2011 con el tiempo suficiente para haya un debate sereno en el Congreso de los Diputados, y con contenidos que garanticen la permanencia del Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia, el mantenimiento de todas las oficinas actuales y la recuperación de todas las actuaciones relativas al estado civil de las personas que fueron privatizadas por el anterior gobierno

Las propuestas de CCOO se concretan principalmente en:

• El mantenimiento de oficinas principales de registro civil en cada partido judicial y oficinas delegadas en cada Juzgado de Paz que seguirán siendo atendidas en exclusiva por personal de la Administración de Justicia

• Que los expedientes de nacionalidad se puedan presentar y digitalizar en los Registros Civiles

• Que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los Registros Civiles

• Que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil

• Que se incrementen las plantillas del personal del Registro Civil Central y cualquier otro en el que las cargas de trabajo así lo justifiquen

• Que se mantengan las reglas de competencia territorial actuales para la práctica de asientos

• Que se reconozca la facultad calificadora de determinados asientos por parte del Cuerpo de Gestión

• Que se regulen las sustituciones de los Encargados por el personal de Gestión

• Que se garantice el empleo, las retribuciones, la no movilidad geográfica forzosa y el resto de condiciones laborales de todo el personal, transferido o no

• Que se elabore un programa informático único para la gestión de los procedimientos y expedientes

• Que se permita el acceso de las administraciones a las inscripciones

• Que el cuerpo de Gestión asuma en los juzgados de paz las actuales funciones de los y las Jueces de Paz

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CCOO acusa a los responsables del Ministerio de Justicia de pretender, por la vía de los hechos consumados, expulsar al Personal de Justicia del Registro Civil

Con una falta de respeto impropia de quien se proclama como un gobierno progresista, altos cargos del Ministerio de Justicia giran visita al Registro Civil Central el 31 de enero de 2019 y comunican al personal de la Administración de Justicia allí destinado el traspaso de su gestión a la Administración General del Estado

CCOO ACUSA A LOS MÁXIMOS RESPONSABLES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE PRETENDER, POR LA VÍA DE LOS HECHOS CONSUMADOS, TERMINAR LAS ACTUACIONES DE GOBIERNOS ANTERIORES Y EXPULSAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REGISTRO CIVIL

CCOO EXIGE A LA MINISTRA DE JUSTICIA UN PRONUNCIAMIENTO INEQUÍVOCO EN DEFENSA DEL REGISTRO CIVIL PÚBLICO Y GRATUITO Y SERVIDO ÍNTEGRAMENTE POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tras conocer que por altos cargos del Ministerio de Justicia, y sin previo aviso ni al personal de Justicia ni a sus representantes, se realizó una visita al Registro Civil Central en la que aquellos comunicaron su intención de traspasar la gestión del Registro Civil a la Administración General del Estado, CCOO se ha dirigido a la Subdirección de Medios del Ministerio, exigiendo explicaciones de lo sucedido y reiterando que CCOO no tolerará dicho traspaso, manifestando que el Registro Civil debe permanecer servido íntegramente por el personal de la Administración de Justicia:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS PERSONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

C/ SAN BERNARDO Nº 21

28071 MADRID

Madrid a 1 de febrero de 2019

Ayer hemos conocido que, por altos cargos del Ministerio de Justicia, se giró visita al Registro Civil Central de la sede de la calle Montera y se trasladó al personal funcionario destinado en dicho centro que estaba próxima la entrada en vigor de la modificación del personal que prestará servicios en el Registro Civil, pasando a encargarse de dicha tarea el personal de la Administración General del Estado, y, por tanto, dejando de ser servido por el personal de la Administración de Justicia.

Sin perjuicio de no entrar ahora a valorar el contenido de esta visita, como saben todos los responsables del Ministerio de Justicia CCOO rechaza cualquier modificación de la estructura del Registro Civil y seguimos defendiendo con muchos argumentos sólidos que el Registro Civil debe permanecer servido íntegramente por el personal al servicio de la Administración de Justicia, la propia visita, sin comunicarla con carácter previo a los representantes de las y los trabajadores, nos parece inapropiada y de falta de respeto a las organizaciones sindicales y a los trabajadores/as.

Según las informaciones que se nos han trasladado, en la visita estuvo presente la subdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia (dependiente de la Dirección General de Relaciones) y varios altos cargos de la Dirección General de los Registros y del Notariado, así como Cónsules de España en el extranjero y algún responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Si se quiere ir a una política de hechos consumados, debe trasladar a los máximos responsables del Ministerio de Justicia nuestro rechazo frontal, que ya demostramos cuando el gobierno del PP pretendió privatizar el Registro Civil. Y las movilizaciones masivas que tuvieron lugar impulsadas por CCOO y por la inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia, especialmente el destinado en el Registro Civil de toda España.

Esto nos obliga a exigir que, de inmediato, por el Ministerio de Justicia se adopten las medidas necesarias para que, para cualquier actuación o iniciativa del Ministerio de Justicia en relación al Registro Civil, se convoque la mesa sectorial de negociación, sin perjuicio de todas las reuniones que sean necesarias con los responsables del Ministerio de Justicia, como ha solicitado CCOO, que permitan garantizar los derechos del personal de la Administración de Justicia y los de la ciudadanía, y no existe mejor solución para el Registro Civil que siga servido en exclusiva por el personal de la Administración de Justicia y que se ponga a disposición del Registro Civil todos los medios materiales y tecnológicos para que este servicio siga siendo público y gratuito y siga gozando de la eficacia demostrada a lo largo de decenas de años.

Creemos que es hora de que el Ministerio de Justicia deje de marear la perdiz y diga, de forma inequívoca, que el Registro civil (incluido el Registro Civil Central) permanecerá dentro del ámbito de la Administración de Justicia y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia. Y tras ese pronunciamiento, abrir ya la vía de la modificación de la Ley 20/2011, que debería plasmarse en un Proyecto de Ley definitivo que garantice lo anterior.  Y, como saben los responsables del Ministerio de Justicia, CCOO presentó ya un proyecto completo que garantiza lo que expresamos de forma sucinta más arriba.    

Esperando su información urgente sobre lo sucedido ayer en el Registro Civil Central, al entender que es obligación del Ministerio de Justicia trasladar cualquier actuación que afecte a los derechos del personal al que representamos y a sus condiciones de trabajo y empleo.

Javier Hernández 

Responsable de Acción Sindical del Sector de la Administración de Justicia de CCOO

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Últimas actuaciones de CCOO ante el Defensor del Pueblo en materia de adquisición de la nacionalidad española por residencia

Como ya hemos informado, CCOO interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo por la eliminación de las competencias a los registros civiles en materia de expedientes de nacionalidad por residencia.  Por tres veces el Defensor del Pueblo había requerido a la Secretaría de Estado de Justicia para que formulase alegaciones a nuestra queja, y por fin se han dignado a contestar

Por nuestra parte, hemos formulado alegaciones a la respuesta de la Secretaría de Estado de Justicia.  Adjuntamos las alegaciones de la Secretaría de Estado de Justicia, remitidas por el Defensor del Pueblo, y las alegaciones de respuesta de  CCOO

Alegaciones de la Secretaría de Estado de Justicia

Respuesta de CCOO

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