REUNIÓN, POR VIDEOCONFERENCIA, CON EL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA, 21 DE MAYO DE 2020
Se anuncia el comienzo de la Fase 2 de la desescalada, en Justicia, a partir del lunes 25 o martes 26 de mayo
CCOO
se
opone al establecimiento del turno de tarde, que solo está
legalmente justificado por razones sanitarias y preventivas, mientras
no se adopten todas las medidas preventivas y se dote a los puestos
de trabajo de los medios de protección exigidos por la ley, y
concretamente los que las propias normas consideran preferentes a la
distribución de trabajadores y trabajadoras en dos turnos, lo que no
se ha hecho y ya era exigible en Fase 1
En la mañana del día 21 de mayo de 2020 ha tenido lugar una nueva reunión por videoconferencia con el Director General de Justicia, convocada el día anterior con dos puntos en el orden del día: adaptación del personal a la Fase 2 del Plan de desescalada, y análisis del protocolo de actos de comunicación y ejecución, para lo que se nos solicitó la presentación de alegaciones. A pesar de la premura, CCOO presentó las alegaciones el mismo día en que fueron solicitadas, y además presentamos alegaciones sobre riesgos específicos y medidas de prevención y protección en el IML, que, aunque no han sido solicitadas, hemos aportado por considerar que es nuestra responsabilidad, pese a que la Dirección General no esté dispuesta a tratar del tema con nosotros
El Director General de Justicia comenzó anunciando que ayer tuvieron reunión con el Ministerio de Justicia, y que ya es un hecho el comienzo de la Fase 2 de la desescalada a partir de los días 25 ó 26 de mayo, pese a que el levantamiento de la suspensión de plazos procesales no será activo hasta el 4 de junio. Que, como es sabido, el aumento de la presencialidad del personal funcionario se materializará en una horquilla entre el 60% y el 70% de la plantilla de cada órgano, y que, en el margen de ajuste que se les permite intentarán acercarse a la parte baja de la horquilla, tal vez un 62% o un 63%. Que hay que determinar si será necesario fijar turnos y con qué criterios, en su caso, y si, en caso de que se establezca un turno de tarde, se admitirá el acceso de usuarios o no, que habrá que pronunciarse sobre el régimen de disfrute de vacaciones, permisos y licencias, condicionado por el confinamiento, la desescalada y la habilitación parcial del mes de agosto acordada por el CGPJ, sobre las personas que han presentado declaraciones responsables, su posible reincorporación y su incidencia en la organización de turnos, sobre el teletrabajo y su incidencia en el trabajo diario, etc. El Ministerio de Justicia dictará una Orden con una serie de parámetros obligatorios en todos los ámbitos territoriales, y actualmente se está especulando que la Fase 2 se prolongue durante dos semanas, hasta el 7 o el 8 de junio, casi coincidiendo con el alzamiento de la suspensión de plazos procesales
En su intervención CCOO manifestó, en resumen, lo siguiente:
- En primer lugar transmitimos nuestra impresión de que se nos convocó más bien para asistir a la escenificación de una apariencia de negociación y no para una negociación real. Si el 20 de mayo el Ministerio se reunió con las CCAA, si el 21 hay reuniones como la nuestra y casi simultáneamente en todas las CCAA con competencias, si el mismo día 21 por la tarde hay una reunión de los sindicatos más representativos con el Ministerio de Justicia y si el día 22 se reúne la Comisión de seguimiento, parece obvio que se nos ha llamado en todos los ámbitos para comunicarnos una decisión prefigurada, y no para negociar previamente a la decisión
- Seguidamente, hemos cuestionado que el pase a la Fase 2 se nos presente como algo consumado e ineludible cuando, supuestamente, dicho tránsito debería apoyarse en razones y argumentos sanitarios y es dudoso que sea así, pues durante la Fase 1 el índice reproductivo básico de la Pandemia casi se ha duplicado, en todo el Estado en general y en Cantabria en particular, acercándose peligrosamente a valores indicadores de descontrol
- En cuanto al hipotético establecimiento de turnos de mañana y tarde, hemos recordado a la administración que en el Anexo II de la Orden JUS/394/2020 se regula dicho doble turno como una mera posibilidad, no como algo obligatorio, y además se precisa, en el Anexo III, que “la adopción de esta medida estará motivada exclusivamente por la necesidad de atender los criterios de las autoridades sanitarias necesarios para hacer frente al COVID-19”. Dicho de otro modo, el doble turno solo está justificado cuando es imposible aplicar las medidas preventivas con toda la dotación presencial presente simultáneamente en la jornada ordinaria, y ni siquiera la dificultad de cumplir con las distancias mínimas de seguridad puede, por sí sola, justificar este doble turno, si tenemos en cuenta que el apdo. 2.2 del Anexo I de la mencionada Orden dispone que “Se utilizarán barreras físicas (mamparas, paneles, mobiliario...) para mantener una separación efectiva entre los puestos de trabajo cuando no se pueda garantizar la distancia entre los mismos”. ¿Qué hay de las mamparas de separación entre puestos de trabajo que se prometieron? Pues ahora nos dicen que no tienen una “varita mágica” para colocarlas, cuando en realidad ya eran obligatorias en Fase 1. Esta situación era previsible desde hace mucho tiempo y no se han tomado las medidas oportunas, y no por carencia de “varita mágica”, sino tal vez para forzar el trabajo a doble turno. Pero es que hay más: no solo se han incumplido 24 artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, además del punto tercero del apartado sobre estudio y manejo de contactos del Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS- CoV-2, que exige una evaluación individualizada de riesgos de todos los puestos de trabajo, es que incluso la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, dispone que “Cualquier decisión sobre la proporcionalidad de las medidas preventivas debe basarse en información sobre la evaluación de riesgo de exposición específica y la información aportada por las autoridades sanitarias”, y que “De todas las medidas preventivas adoptadas en los edificios y sedes judiciales, así como de las actividades coordinadas, en su caso, se participará a los respectivos Comités de Seguridad y Salud”. Pues bien: nada de esto se ha hecho, ninguna de estas obligaciones legales se ha cumplido. ¿Cómo saben, sin evaluación de riesgos, cuáles son las medidas preventivas y medios de protección oportunos? ¿Cómo conocen el aforo de cada oficina, servicio o Sala de Vistas? ¿Cómo se puede decidir sobre la incorporación de más personal, en uno o dos turnos, si haber colocado antes mamparas de separación donde no puede garantizarse la seguridad? Pues todavía hemos tenido que escuchar, de presuntos juristas de reconocido prestigio, que todas estas obligaciones legales son la teoría, pero que la práctica... es otra cosa
- Por todas estas cuestiones, la respuesta de CCOO a la pregunta sobre la oportunidad de establecer turnos de mañana y tarde ha sido negativa, y lo seguirá siendo mientras la administración no cumpla con sus obligaciones legales, evaluando riesgos y adoptando todas las medidas preventivas y de protección que la normativa considera requisito previo al desdoblamiento de la presencia física en dos turnos. Asimismo hemos preguntado qué se ha hecho para implementar el teletrabajo y cuál es el estado de los medios electrónicos, telemáticos, etc, oportunos para reducir la presencia en la medida de lo posible en las oficinas y salas de vistas (art. 19.1 y 23 del RDL 16/2020 y apdos. 6 y 7 del Anexo I de la Orden JUS/394/2020, pregunta que sólo obtuvo por respuesta, a pesar de que hemos solicitado una negociación específica y hemos presentado propuestas por escrito al respecto, la declaración de que hay un 14 o 15% de personas teletrabajando
- En cualquier caso, y puesto que se ha decidido ya el pase a Fase 2 sin negociación ni participación sindical, hemos reiterado que, como establece el art. 500 de la LOPJ, el trabajo mediante turnos ha de ser voluntario e incentivado. Tampoco admitimos la movilidad forzosa en caso de que no se puedan componer, en su caso, las dotaciones necesarias para los turnos, pues para eso están, como ya hemos manifestado, los mecanismos de provisión temporal de puestos de trabajo. Sí nos ha parecido prudente, en cambio, el criterio de la administración de ajustar a la parte baja de la horquilla el porcentaje de presencialidad en la Fase 2, más cerca del 60% que del 70%, y así se compensa, además, el ajuste que se hizo para la implantación de la fase actual, donde se apuró la horquilla casi hasta el máximo, que incluso fue rebasado en algunos órganos
- En cuanto a quienes han presentado “declaraciones responsables”, hay que distinguir dos supuestos: quienes están de permiso por deber inexcusable están disfrutando un derecho regulado por Decreto para toda la Función Pública con una duración que alcanza hasta transcurrido un mes desde la finalización del estado de alarma. Y por lo que respecta a quienes han sido excusados de presencia física por patologías previas o por cualquier causa que les hace especialmente sensibles al contagio, su situación depende de la autoridad sanitaria y/o del Servicio de Prevención. Por tanto, no vamos a entrar en este juego peligroso en el que se nos quiere llevar a negociar lo innegociable para apartar a compañeros compañeras del ejercicio de sus derechos o de la protección de su salud, y hemos vuelto a reiterar que si existe dificultad para completar el porcentaje de plantilla orgánica se puede recurrir a los mecanismos de provisión temporal de puestos
- Por lo que respecta al régimen de disfrute vacaciones, permisos y licencias, como la mayoría de las restantes organizaciones sindicales hemos solicitado que todo lo devengado en 2020 pueda ser disfrutado también, al menos, durante el primer trimestre de 2021
Resumimos también nuestras alegaciones escritas al Protocolo de Actos de Comunicación y Ejecución, aplicable no sólo al personal del SCNE de Santander, sino también a todos los compañeros y compañeras de los cuerpos de Auxilio y Gestión que tengan que practicar este tipo de diligencias:
- Evaluación individualizada de riesgos de este colectivo, legalmente requerida. Podemos aburrir, pero eso no nos quita razón legalmente fundada
- Rechazamos la calificación que se hace en el borrador del protocolo, de estos puestos de trabajo, como de baja exposición al riesgo. Y además hace falta tener cara para plasmar esta declaración por escrito cuando no se ha evaluado el riesgo, y además si quien lo hace es el obligado a promover la evaluación. Y tampoco aceptamos que los desplazamientos fuera de la sede sean considerados como de baja exposición cuando el escenario final es imprevisible
- No reconocemos autoridad, para la aprobación de este protocolo, a la Comisión de Seguimiento Territorial. Es absurdo que a la representación del Colegio de Abogados, por ejemplo, se le atribuya capacidad de negociar sobre las condiciones de trabajo y la salud laboral del personal funcionario cuando el propio personal funcionario no está representado en dicha comisión
- Inclusión de la posibilidad de desplazamiento en vehículo particular, a voluntad del interesado y con compensación económica de la administración, como medio preferente o más seguro que el transporte público
- La regla general debe ser evitar, en la medida de lo posible, el desplazamiento fuera de la sede, y subsidiariamente el contacto físico con el destinatario. Para ello la sede ha de contar con las medidas de protección adecuadas, y el desplazamiento reducirse a la práctica de actos y diligencias urgentes e inaplazables
- Dotación de mascarillas autofiltrantes, tipo ffp2 o ffp3, guantes, gafas de protección y envases de gel hidroalcohólico portables. El Director General sólo ha anunciado la provisión de viseras de protección, subrayando que es una liberalidad a la que no se considera legalmente obligado. También hemos solicitado estos medios para los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Paz incluso para las diligencias que se practiquen en la sede, ya que por lo general carecen de control de acceso en los locales
- Debe evitarse la firma del usuario en las actas y diligencias con las que se documenten los actos de comunicación y ejecución para evitar proximidad y compartir instrumentos y elementos de escritura, bajo la fórmula legal oportuna
- Evitar el regreso a la Sede del SCNE tras la práctica de las diligencias y escalonar el acceso al comienzo de la jornada, teniendo en cuenta el aforo de la oficina y si se ha procedido a separar los puestos de trabajo mediante mamparas, lo que es urgente
- Elaboración, por el Servicio de Prevención, de una guía para estos trabajadores y trabajadoras con especial referencia a los medios de protección reforzados. Es lo que exige el Anexo III del Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2 (COVID-19)
- Evitar salidas, en la medida de lo posible, a lugares de riesgo como hospitales públicos o privados, clínicas, residencias o centros de mayores, centros oficiales, ayuntamientos, consejerías, delegaciones ministeriales y abogacía del estado, bancos y entidades financieras, compañías de seguros, agencias o corredurías, grandes empresas y grandes superficies comerciales, servicios sociales, asesorías jurídicas, etc. La práctica de diligencias en estos lugares aconsejaría la elaboración de un protocolo específico en el que se determine qué actos pueden ser sustituidos por comunicaciones electrónicas, para evitar la exposición al riesgo
Por lo que respecta el IMLCF de Cantabria, sobre lo que hemos presentado unas alegaciones no solicitadas, nuestra preocupación ha consistido en intentar cubrir una carencia de la “Resolución de medidas específicas de seguridad laboral durante la pandemia COVID19 para los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y para otras actividades de riesgo o bajo riesgo en la Administración de Justicia”, para cuya elaboración supuestamente se tuvo en cuenta el “Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19” del Ministerio de Sanidad así como las “Recomendaciones del Consejo Médico Forense con motivo de la pandemia del COVID-19 de 20 de marzo de 2020”. Sin embargo, se ha omitido, del mencionado protocolo, la directriz consistente en disponer de salas o espacios contiguos a las Salas de Autopsias para las tareas de equipamiento con los EPIs y para quitarse y deshechar los EPIs y proceder a la higiene y desinfección
Las respuestas del Director General sobre medidas preventivas fueron escasas y muy concretas: que el uso de mascarillas en las oficinas será obligatorio cuando no se pueda cumplir la distancia mínima de seguridad, que se seguirá garantizando la dotación de mascarillas para todo el personal, que se han colocado vinilos de protección en los puntos de atención al público, mostradores móviles (mesas con mampara) en las entradas de las oficinas, y que no se aparta de colocar pantallas de separación de puestos de trabajo donde no pueda cumplirse la distancia mínima de 2 m, pero que no lo considera obligatorio. ¿Se lo volvemos a explicar? En las Salas de Vistas se colocarán mamparas móviles, 2 ó 3 por cada sala, además de dosificadores de gel hidroalcohólico cerca de la ubicación del funcionario del Cuerpo de Auxilio. Asimismo, se han marcado los pasillos, se han retirado de los mismos enseres y algunos asientos y, en las bancadas restantes, se han “condenado” algunas plazas para mantener las distancias mínimas de seguridad. No puede, en cambio, según asegura, acceder a nuestra petición de que se coloque una terminal de teléfono en cada puesto de trabajo para que las terminales no tengan que ser compartidas. Se van a colocar cubos de deshecho pero tampoco cree que se pueda proceder a la limpieza y desinfección de las Salas de Vistas entre juicios como ha solicitado el CGPJ. Y respecto a nuestra reivindicación de que se doten de mamparas de protección las sedes y subsedes de juzgados de Paz, únicamente manifestó que se ha comunicado con algunos alcaldes, sin anticipar ningún resultado práctico
Para finalizar la reunión, el Director General de Justicia anunció la convocatoria de una nueva videoconferencia, “si hay tiempo” cuando el Ministerio de Justicia publique la nueva Resolución en la que se regule el acceso a la Fase 2. Esta nueva reunión por videoconferencia tendrá lugar, probablemente, este próximo fin de semana, de lo que informaremos oportunamente
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