Publicado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía

Se ha publicado en el BOE de 28 de diciembre de 2023:

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía

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Contiene, entre otras, las siguientes disposiciones que afectan a la Administración de Justicia:

1.- Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en los siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue: «Artículo 1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional

Dos. El artículo 1 bis queda redactado como sigue: «Artículo 1 bis. Suspensión hasta el 31 de diciembre de 2024 del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal

2.- Disposición final sexta. Modificación de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas

3.- Disposición final octava. Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil

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CCOO-Andalucía solicita al Consejero "Objeción de conciencia" de los funcionarios judiciales que se nieguen a ejecutar los desahucios

CCOO-Andalucía solicita a la Consejería que se dicte normativa que permita a los funcionarios negarse a realizar diligencias de lanzamiento que estén enmarcadas en las circunstancias previstas en la Ley “anti-desahucios”; eximiéndoles en estos casos de la posible responsabilidad disciplinaria.

En la petición de CCOO a De Llera se recoge que “decenas de funcionarios de la Administración de Justicia destinados en los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución de Andalucía o en los juzgados de las localidades donde no existen estos servicios comunes se ven obligados a diario a aplicar la injusta normativa legal vigente en materia de desahucios expulsando, en cumplimiento de sus funciones y de las órdenes de sus superiores, a familias que se ven abocadas muchas veces a situaciones extremas de exclusión social y marginalidad”

Además, los empleados públicos de la Administración de Justicia obligados a ejecutar los lanzamientos se ven sometidos en materia de salud laboral a factores de riesgos psicosociales extremos, catalogados por las propias administraciones públicas en multitud de documentos y normativas. Padecen un conflicto psicosocial al tener que llevar a la práctica actuaciones que consideran manifiestamente injustas y fácilmente evitables lo que puede influir negativamente en su salud.

Por último, se añade el “riesgo físico de agresiones por parte de ciudadanos lógicamente indignados que no siempre pueden discernir entre la ley y su ejecutor y que pueden pagar su justificada desesperación con el mensajero que no tiene más remedio que llevar a la práctica las resoluciones judiciales so pena de incurrir en faltas disciplinarias o incluso en delito”. Este riesgo físico se ha consumado, al menos en una ocasión, en el pasado mes de diciembre, cuando una funcionaria del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla ha resultado lesionada en una disputa que se produjo entre las fuerzas de orden público y la ciudadanía durante la práctica de una diligencia de lanzamiento.

CARTA DE CCOO DIRIGIDA AL CONSEJERO

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