Se ha publicado en el BOE de 10 de marzo de 2021:
MINISTERIO DE JUSTICIA
Asistencia jurídica gratuita. Reglamento
Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita
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Publicado el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
11 mar 2021
Archivado en: Boe, Justicia Gratuita
Se ha publicado en el BOE de 10 de marzo de 2021:
Publicada la modificación de la Ley de Justicia Gratuita
23 jun 2017
Archivado en: Boe, Justicia Gratuita, Legislación
En el BOE de 22 de junio se ha publicado la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
PDF (BOE-A-2017-7106 - 3 págs. - 169 KB)
Publicada la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil que contiene la supresión de la postulación para funcionarios públicos
6 oct 2015
Archivado en: Boe, Justicia Gratuita, Legislación, Ministerio de Justicia
En el BOE de hoy se han publicado dos reformas de la L.E. Criminal y una reforma de la Ley Enjuiciamiento Civil. Esta última introduce la modificación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa restableciendo la redacción del artículo 23 de esta Ley para que las y los funcionarios públicos puedan comparecer por sí mismos ante los tribunales en defensa de sus derechos estatutarios.
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
- Esta reforma introduce, entre otras, la sustitución del vocablo imputado por investigado o encausado.
- Esta ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE, con excepción de los apartados uno, tres, cuatro, cinco y seis del artículo único que lo harán el 1 de noviembre de 2015.
Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
- Esta reforma introduce, entre otras, la regulación de un procedimiento monitorio penal.
- La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE.
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Esta modificación de la LEC establece una fecha concreta para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. A partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia
- En materia de representación se incluyen nuevos medios para el otorgamiento del apoderamiento apud acta mediante comparecencia electrónica, así como para acreditarla en el ámbito exclusivo de la Administración de Justicia, mediante su inscripción en el archivo electrónico de apoderamientos apud acta que se creará al efecto y que entrará en vigor el 1 de enero de 2017.
- Se añaden al artículo 23 los apartados 4, 5 y 6, que atribuyen expresamente a los procuradores la realización de los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales, con la siguiente redacción:
"4.-Para la práctica de los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales.
5. Para la realización de los actos de comunicación, ostentarán capacidad de certificación y dispondrán de las credenciales necesarias. En el ejercicio de las funciones contempladas en este apartado, y sin perjuicio de la posibilidad de sustitución por otro procurador conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, actuarán de forma personal e indelegable y su actuación será impugnable ante el secretario judicial conforme a la tramitación prevista en los artículos 452 y 453. Contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso de revisión.
6. Para la práctica de los actos procesales y demás funciones atribuidas a los procuradores, los Colegios de Procuradores organizarán los servicios necesarios."
- En la Disposición Adicional Primera establece la obligatoriedad de los medios telemáticos a partir del 1 de enero de 2016.
- Disposición transitoria tercera. Nuevas funciones atribuidas a los procuradores. Los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y colaboración de los procesos que estuvieran en trámite a la entrada en vigor de esta Ley continuarán realizándose por la oficina judicial salvo que la parte expresamente solicite que sean realizados por su procurador.
- Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que queda redactado del siguiente modo:
«3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.»La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
No obstante, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.
Por otra parte, las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos anteriormente indicados, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017.
Las modificaciones de los artículos 648, 649, 656, 660 y 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.
El Consejo de Ministros aprobó una distribución de presupuesto entre comunidades autónomas con competencias en Justicia
25 may 2015
Archivado en: Boe, Consejo de Ministros, Justicia Gratuita, Presupuestos
Reproducimos de forma literal lo recogido en la web del Gobierno sobre el acuerdo del consejo de ministros de 22 de mayo de 2015 por el que aprueba una distribución de presupuesto entre comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia
"DISTRIBUCIÓN DE SEIS MILLONES PARA LA REFORMA DE LA JUSTICIA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON COMPETENCIAS TRANSFERIDAS
- Se destinarán a la mejora de la prestación de la asistencia jurídica gratuita, al impulso de las tecnologías de la información y la comunicación y al mantenimiento de la organización judicial en estas comunidades
El Consejo de Ministros, ha aprobado un acuerdo por el que se formaliza la distribución de un crédito de seis millones de euros destinado a colaborar en la reforma de la Administración de Justicia en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia.
Según se acordó en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado 8 de abril, las Comunidades Autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar la cantidad percibida a la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita, al impulso de sus herramientas e infraestructuras tecnológicas y a la dotación de los medios materiales necesarios para el mantenimiento de su organización judicial que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.
La concesión de este crédito, incluido en los Presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, viene determinada por un conjunto de circunstancias. En relación con la justicia gratuita, la aprobación el 22 de febrero del Real Decreto Ley de modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que permitió elevar los umbrales de acceso al servicio, supuso un incremento de costes en los gastos de asistencia jurídica en estas Comunidades Autónomas. Por otra parte, el necesario impulso de las tecnologías de la información para la mejora de la eficiencia en la Administración de Justicia y el mantenimiento y ampliación de órganos judiciales conllevan unos gastos que precisan financiación.
Distribución
La distribución del crédito por Comunidades Autónomas es la siguiente:
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Propuesta ponderada50% nº expedientes AJG + 50% población / litigiosidad / planta | |
|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 1.466.899 | 24,4% |
| ARAGÓN | 153.607 | 2,6% |
| ASTURIAS | 147.808 | 2,5% |
| CANARIAS | 347.594 | 5,8% |
| CANTABRIA | 83.949 | 1,4% |
| CATALUÑA | 1.186.744 | 19,8% |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 859.879 | 14,3% |
| GALICIA | 346.836 | 5,8% |
| LA RIOJA | 39.867 | 0,7% |
| COMUNIDAD DE MADRID | 1.024.769 | 17,1% |
| COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 83.534 | 1,4% |
| PAÍS VASCO | 258.513 | 4,3% |
| TOTAL | 6.000.000 | 100% |
Los criterios de reparto adoptados para la distribución del crédito han sido los siguientes:
- Números de expedientes tramitados de asistencia jurídica gratuita en cada Comunidad Autónoma (año 2013)
- Población de derecho (nº de personas empadronadas a 1 de enero de 2014); litigiosidad (número de asuntos ingresados en juzgados y tribunales en 2013) y planta judicial (número de unidades judiciales a 1 de enero de 2015)
- Modulación (promedio de ambos valores en un 50 por 100)"
También, el Gobierno ha aprobado en dicha reunión el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que remite a las Cortes para su tramitación
Asimismo, adjuntamos enlace a la web del Gobierno con el contenido completo del Consejo de Ministros.
Referencia literal del consejo de ministros del 22 de mayo de 2015
Orden publica acuerdo consejo de ministros 22 de mayo crédito CC.AA. programa reformas Admin. Justicia
Adjuntamos también enlace al BOE del sábado 23 de mayo en donde se publicó la Orden JUS/937/2015, de 22 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante entre las comunidades autónomas, con traspasos de medios materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, del crédito de 6.000.000 € incluido en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, dentro del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, que fueron acordados por el Pleno de la Conferencia Sectorial.
La Consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, no se opone a la privatización del Registro Civil
7 nov 2014
Archivado en: #esPúblicoSalvalo, Cantabria, Empleo Público, Justicia Gratuita, Ministerio de Justicia, Prensa, Privatización, Recortes, Registro Civil, Tasas Judiciales
- ¿Estuvo la Consejera en la Conferencia Sectorial de Justicia, o en los mundos de Yupi?
- Agudeza visual: compárese la crónica de la reunión hecha por el Consejero de Presidencia y Justicia de Asturias, Guillermo Martínez, con la de su homóloga de Cantabria, Leticia Díaz, y especúlese sobre si estuvieron en la misma reunión o en dos distintas.
- Catalá sigue los pasos de su predecesor y se empecina en la privatización del Registro Civil a pesar de las oscuras sospechas que planean sobre la operación.
Ayer se celebró la Conferencia Sectorial de Justicia que reúne al Ministro de Justicia con los consejeros de las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de Justicia. Previamente a la misma, todos los consejeros de Justicia del Estado recibieron un escrito de CCOO, del que ya hemos informado, con nuestras posiciones en diversas materias de interés para los trabajadores y los ciudadanos (rechazo a la privatización del Registro Civil, rechazo a cualquier privatización en la Administración de Justicia, a las Tasas Judiciales, inclusión de todas las vacantes en la Oferta Pública de Empleo, mantenimiento de partidos judiciales y juzgados de paz, entre otras cuestiones). El resultado, por lo que respecta a Cantabria, es decepcionante
Veamos en primer lugar la crónica del Consejero de Asturias:
"M. P. / Agencias. El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, salió ayer de la Conferencia Sectorial de Justicia presa de "una profunda decepción" con el nuevo ministro del ramo, Rafael Catalá, por la ausencia del "compromiso firme" que reclama el Principado sobre la financiación de los sobrecostes que sufren los gobiernos autonómicos a causa de la financiación de la asistencia jurídica gratuita. El Gobierno regional entiende insuficiente el anuncio efectuado ayer por el nuevo titular del Ministerio a los representantes de las comunidades autónomas en relación con la presentación de una "posible enmienda en el Senado" a los Presupuestos Generales del Estado destinada supuestamente a estas cuestiones. Esas cuentas "no incluyen ni un solo euro" para la justicia gratuita, advirtió el consejero asturiano, y la enmienda prometida por Catalá para la próxima semana "no la hemos visto". "Ésta es la segunda reunión de la que salimos sin un compromiso efectivo", lamentó.
El representante del Principado resaltó que han pasado dos años sin noticias de la promesa del Ministerio de hacerse cargo del incremento en el coste de la asistencia jurídica gratuita, que en su momento se desprendió, recordó, de " un cambio en los baremos de la Ley de Tasas".
El Ministro anunció tras la reunión de ayer que la enmienda a los presupuestos será el mecanismo para asegurar la cofinanciación del servicio con las comunidades autónomas, aunque los representantes regionales, incluidos los de las comunidades gobernadas por el PP, reclamaron aclaraciones al Gobierno sobre los criterios por los que se regirá para sufragar el coste. El Principado, concretó Martínez, siempre ha reivindicado un modelo en el que la distribución se efectúe anualmente y aplicando un criterio ponderado que conjugue lo recaudado en cada territorio por tasas judiciales con el número potencial de beneficiarios del servicio.
Guillermo Martínez también se opuso ayer a la pretensión del Gobierno de que los registradores mercantiles asuman las funciones del Registro Civil y ha propuesto como alternativa que ese cometido pase "al cuerpo de secretarios". El consejero se felicitó, en cambio, por la retirada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habría supuesto la reducción a uno de los 18 partidos judiciales de la región y la supresión de sesenta juzgados de paz"
Y ahora veamos el idílico relato de la de la Consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz., tal y como está publicado en la página web del Gobierno de Cantabria:
"La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha asistido a la Conferencia Sectorial de Justicia, presidida por el ministro, Rafael Catalá, y celebrada hoy en Madrid. En el encuentro las comunidades de Cantabria, Galicia, La Rioja, Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana han informado al ministro, de las subidas que están experimentando en los costes de justicia gratuita y han expresado su deseo de que, a través de los presupuestos de 2015, las comunidades puedan obtener parte de lo que el Estado ha recaudado con las tasas judiciales y destinarlo a sufragar esos gastos.
Así lo ha expresado, en nombre de estas comunidades autónomas, el consejero de Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa en la que han estado presentes los consejeros del ramo de estas autonomías.
Catalá les ha trasmitido que se trabaja para firmar convenios de cofinanciación y "se ha comprometido a trasladar" al Ministerio de Hacienda esa inquietud para que en la Ley de Presupuestos, que se está tramitando, una enmienda contemple esos mayores costes. Catalá también les ha informado sobre su intención de analizar la información de la Agencia Tributaria y del Consejo General del Poder Judicial para revisar el sistema actual y ver si procede a alguna modificación. Las comunidades han celebrado esta decisión, así como que esta se base en "criterios objetivos", considerando la repercusión real de las tasas.
En lo que respecta a las reformas legislativas, Valencia, Cantabria, Galicia, La Rioja, Madrid y Aragón se han mostrado favorables a que el Código Penal introduzca la prisión permanente revisable. Asimismo, han precisado que el ministro les ha confirmado que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere a la demarcación judicial, mantendrá los partidos judicialesaunque se establecerán sistemas alternativos de trabajo tras el diseño de un mapa de la Justicia que identifique los puntos que presentan un mayor problema.
Asimismo, han solicitado la puesta en marcha de un sistema tecnológico moderno que haga posible un proyecto compartido de gestión procesal que facilite la interoperabilidad entre las diversas comunidades. El ministro se ha comprometido a liderar, a través de las nuevas tecnologías, la coordinación entre los juzgados de las comunidades autónomas y la administración de Justicia. Para ello los presupuestos del próximo ejercicio destinarán 55,5 millones de euros con el objetivo de lograr un proyecto común y compartido de gestión procesal.
Para finalizar los consejeros han agradecido a Catalá la rápida convocatoria, tras su toma de posesión hace algo más de un mes, y que se haya comprometido a celebrar conferencias sectoriales con regularidad. Además han expresado su satisfacción por la "voluntad de diálogo" mostrada por Catalá.
En este sentido, Rueda ha asegurado que el ministro les ha asegurado que intentará "consensuar" con las comunidades autónomas los temas que les afecten y mantenerles informados sobre los proyectos de ley para que puedan aportar sugerencias desde el punto de vista de sus competencias.
Por su parte, la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria ha trasmitido, en el desarrollo de la Sectorial, la preocupación existente entre los colectivos de funcionarios de los registros civiles ante la reforma de la Ley que regula esta institución. Desde el Ministerio se ha transmitido un mensaje de tranquilidad ante el futuro de los profesionales de estos servicios, asegurando que "está garantizado" y que el cambio en la gestión del Registro Civil no supondrá ninguna reducción de empleo público"
Nuestra conclusión es que , o bien estuvieron en dos reuniones distiintas, o uno de los dos padeció un déficit de atención, esperemos que momentáneo.
Una conclusión que se puede extraer es que las tasas judiciales se ven como irreversibles. Se intenta, es cierto, dar cierta aplicación de parte de los ingresos a un fin de utilidad social, sufragar los gastos de la asistencia jurídica gratuíta, sin valorar el hecho de que, para los maltrechos pacientes de la Ley de Justicia Gratuíta, el resultado neto es deficitario. Sigue el estilo de gobierno con criterios contables, pero no con criterios de política económica y, mucho menos con criterios de política social.
En cuanto al tema de la privatización del Registro Civil, si las informaciones que facilitan ambos consejeros son veraces es notorio que su preocupación es totalmente asimétrica
Sra. Díaz: no nos cuente lo que ya sabemos. Ya nos manifestó el Ministro de Justicia su intención de que no desaparezcan empleos en su ámbito de gestión, así como que sólo puede garantizarlo en su ámbito de gestión, pero eso ya lo saben los trabajadores, y también saben que esa aseveración es falsa, porque, incluso aunque se mantuvieran tanto los empleos de los interinos como los de los titulares, la privatización implicará la recolocación de todos los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su función en los registros civiles de todo el estado en otras plazas vacantes, lo que supone la desaparición de miles de plazas (contracción drástica de la oferta pública de empleo, reducción drástica de la movilidad, cese masivo de interinos...).
Además, por si no lo sabe los funcionarios/as de los registros civiles no se preocupan sólo por sus empleos, también luchan para que los ciudadanos no pierdan una vez más un servicio publico, universal y gratuíto que ya han sufragado con sus impuestos, y cuando decimos que luchan no nos referimos sólo a su participación en actos de movilización, recogida de firmas, etc, sino a su trabajo diario, el que prestan con un manifiesto déficit de medios tal vez buscado de propósito por el gobierno para aumentar la tolerancia social a la privatización. En un estado social - o lo que queda de él - no es de recibo trasladar el coste de un servicio fundamental para los derechos de los ciudadanos a los propios usuarios, y no nos venga contando que el coste será asumido gratuitamente y a perpetuidad por los registradores, que cobran por arancel, porque ni los trabajadores ni los ciudadanos son gilipollas. Tampoco nos repita que no es una privatización porque los registradores son funcionarios públicos a pesar de cobrar por arancel. Eso cuénteselo a las instituciones europeas, donde al parecer no opinan lo mismo.
En definitiva: el nuevo Ministro de Justicia sigue trabajando en el proyecto estrella de Rajoy,registrador de la propiedad: la privatización del registro civil, el proyecto que probablemente fue la causa real de la dimisión de Gallardón, por no haber negociado conforme a las aspiraciones de su "principal" , proyecto que ya interesaba al Presidente del Gobierno antes del inicio de la legislatura y en el que sigue empecinado el Sr. Catalá, pese a que ya los medios de comunicación - y CCOO - han informado con profusión de que estamos aunte un proceso que, siendo generosos, puede calificarse de sospechoso. Y, salvo que alguien nos demuestre lo contrario, ha encontrado la complicidad de la Consejera de Presidencia y Justicia del gobierno de Cantabria
Reunión de la Mesa Sectorial (estatal). Catalá reafirma que echa abajo la reforma de Gallardón pero insiste en la privatización del Registro Civil y mantiene las tasas judiciales
5 nov 2014
Archivado en: #esPúblicoSalvalo, Justicia Gratuita, Juzgados, LOPJ, Mesa Sectorial, Ministerio de Justicia, Negociación, Nueva Oficina Judicial, Oferta de Empleo Público, Privatización, Registro Civil, Tasas Judiciales
- El ministro presentará un nuevo proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las próximas semanas, pero únicamente de los libros V y VI. Catalá compromete que negociará "hasta el último día antes de la aprobación en el parlamento", como le exigió CCOO
- El Ministro de Justicia reafirma su compromiso de no llevar adelante la modificación de la planta judicial actualmente existente y garantiza todos los partidos judiciales, todos los órganos judiciales y todos los juzgados de paz y sus agrupaciones
- El ministro propone la creación inmediata de cuatro grupos de trabajo, cuyos resultados se irán llevando a las mesas sectoriales que se convoquen
A diferencia de su antecesor, Gallardón, y del equipo de éste en la negociación producida en julio, Catalá se compromete, tal y como ha exigido CCOO, a que la negociación de todas las cuestiones que afectan a los derechos del personal de la Administración de Justicia esté abierta hasta el último día en que las modificaciones legislativas se vayan a aprobar en las Cortes Generales.
En ese sentido, Catalá vuelve a expresar su compromiso de que no implantará los Tribunales Provinciales de Instancia, mantendrá todos los partidos judiciales y todos los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y no eliminará las Audiencias Provinciales.
Catalá anunció que en el nuevo proyecto de la LOPJ relativa a los libros V y VI intentará mantener algunos de los aspectos negociados con Gallardón y su equipo, cuestiones que, para CCOO, al estar recogidas en la vigente LOPJ y legislación actual, son un punto de partida para la negociación que ahora abre, y debe concluir, si el nuevo ministro cumple con su palabra, con sustanciales avances para los derechos del personal de la Administración de Justicia.
Porque nada contesta el ministro de Justicia a la demanda de CCOO (que, al parecer, carece de importancia para otros sindicatos) de garantizar la reserva de la realización de los actos de comunicación y ejecución de forma exclusiva al personal de la Administración de Justicia, y de eliminar la entrega a los notarios y registradores de materias y procedimientos judiciales hasta ahora competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales, como prevé la reforma de la Ley de Jurisdicción voluntaria.
Estas son algunas de las cuestiones fundamentales que ha reclamado CCOO de nuevo al ministro de Justicia en la reunión (manteniendo las restantes que ya han sido planteadas en la reunión bilateral que mantuvimos con Catalá el pasado 23 de octubre y en sendas cartas, y de las que dimos amplia información en la nota que remitimos ese día).
REGISTRO CIVIL
CCOO le ha entregado a Catalá la extensa carta que hemos enviado al presidente del Gobierno en la que rebatimos los motivos que aduce el Gobierno para privatizar el Registro Civil y su entrega a los registradores mercantiles, que insistimos, según la UE, no son funcionarios públicos. CCOO ha manifestado que no vamos a aceptar jamás esa decisión, y le hemos anunciado que seguiremos luchando con todos nuestros medios para revertir esta decisión del Gobierno, además de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ante la Oficina de Incompatibilidades del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no descartamos otras acciones jurídicas, y además impulsaremos una iniciativa (ILP) en el Parlamento y todas las acciones sindicales que los trabajadores/as estén dispuestos a realizar.OFERTA DE EMPLEO 2015
Catalá no ha contestado a nuestra reclamación de que se convoquen en la OEP todas las plazas vacantes (más de 10.000 en toda España) y para todos los cuerpos sin excepción, venciendo la resistencia de Hacienda y superar ese insuficiente, ridículo y exiguo 50% de la tasa de reposición. Solo ha aceptado expresamente que el sistema de acceso sea el concurso oposición que CCOO viene reclamando, posición que ha sido apoyada por varios sindicatos (UGT y ELA)NUEVA OFICINA JUDICIAL (NOJ)
CCOO ha vuelto a exigir su paralización (a pesar de ser acusados de irresponsables por algún sindicato) en aquellas ciudades en la que ya está en marcha su próxima implantación (Ponferrada y Murcia) o donde se ha presentado un proyecto (Palma de Mallorca), hasta que discutamos sobre los errores que existen, sobre todo por el SCOP en alguna de las ciudades del ámbito Ministerio. El Ministerio, pese a ello, se ha negado a paralizar dicha implantación. Esa decisión sí que es irresponsable por la cantidad de problemas que siguen generándoseRESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS QUE NOS HAN SIDO ROBADOS DESDE 2010
CCOO ha vuelto a exigir reuniones específicas para establecer un calendario de devolución de todos los derechos hurtados (recuperación del salario de 2010, abono de 100% de la paga de 2012 – ese 24% que el Gobierno ha llevado al proyecto de LGPE es una tomadura de pelo-, el abono del 100% del salario en los casos de Incapacidad Temporal, la recuperación de todos los días de asuntos particulares, días de vacaciones por antigüedad…) La respuesta de la secretaria de Estado ha sido echar balones fuera con el débil argumento de que estas reclamaciones deben tener respuesta para todos los empleados públicos, o lo que es lo mismo, nuncaPERSONAL LABORAL
CCOO ha vuelto a exigir al ministro que exista el compromiso del Ministerio de que se van a negociar todas las propuestas que hemos hecho llegar para mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral (productividad para todo el personal laboral, las demandas de reclasificación con la trasposición de las directivas europeas de obligado cumplimiento, la garantía de cobertura de todas las vacantes, entre otras)
TASAS JUDICIALES, COSTAS Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
CCOO ha vuelto a exigir la derogación de la Ley de Tasas Judiciales y la eliminación de la condena en costas en los procedimientos de reclamación de derechos laborales, así como que entre en vigor la eliminación de la postulación para el personal funcionario (esta cuestión se encuentra incluida en el proyecto de la ley de asistencia jurídica gratuita en trámite) cuando deba acudir a defender sus derechos ante la jurisdicción contencioso - administrativa. Catalá solo ha comprometido el estudio de la modificación de la ley de tasas y a estudiar la repercusión de las costas en el acceso a la tutela judicial efectivaCATALÁ COMPROMETE LA CREACIÓN DE CUATRO GRUPOS DE TRABAJO LA SEMANA PRÓXIMA
Catalá ha propuesto la creación de cuatro grupos de trabajo a partir del 11 de noviembre: uno sobre la Reforma de los libros V y VI de la LOPJ, otro sobre el Empleo (ha aceptado la propuesta de CCOO de que este grupo incorpore la convocatoria de las plazas de la OEP, la regulación de las bolsas de personal interino, la norma de sustituciones, la regulación de las comisiones de servicio….), un tercero sobre el Registro Civil y el último sobre la NOJ
CCOO ha reiterado su rechazo a falsas negociaciones, como lo sucedido en el mes de julio, cuando el equipo de Gallardón cerró, en una única reunión de la mesa sectorial, la negociación de toda la reforma de la LOPJ que pretendía, tal y como consta en el acta de dicha mesa (tras varias reuniones del grupo de trabajo, donde solo hubo intercambio de posiciones sin respuesta por los negociadores del Ministerio)
CCOO advierte al nuevo ministro de Justicia que no aceptará de ningún modo el mantenimiento de la decisión de Gallardón y de Rajoy de entregar la gestión de los Registros Civiles a los registradores mercantiles
13 oct 2014
Archivado en: #esPúblicoSalvalo, Hojas informativas, Justicia Gratuita, Juzgados de Paz, Mesa Sectorial, Ministerio de Justicia, Movilizaciones, Oferta de Empleo Público, Privatización, Registro Civil, Tasas Judiciales
Para
impedirlo, no bastan las palabras. A la denuncia presentada en solitario por CCOO ante la Fiscalía General
del Estado contra el presidente del Gobierno y el dimitido Gallardón por haber
vulnerado presuntamente la legalidad en la decisión de otorgar la gestión de
los Registros Civiles a los registradores mercantiles.
CCOO
anuncia que va a impulsar además, entre otras actuaciones, una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP), que logre el mantenimiento de los Registros Civiles como
servicio público y gratuito y en el ámbito de la Administración de
Justicia.
Madrid a 13 de octubre de 2014
El rechazo a la privatización del Registro Civil de prácticamente todas
las organizaciones profesionales del ámbito de la justicia, distintas organizaciones sociales y ciudadanas,
cientos de ayuntamientos y varios parlamentos autonómicos (mediante la
aprobación en sus plenos de mociones propuestas por CCOO), así como de todos los partidos políticos
excepto el PP, y el muy significativo varapalo que el Consejo de Estado da en
su dictamen al proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos de
la Corporación Públicala Fiscalía General
del Estado presentada por CCOO en solitario, debemos dar un paso más, implicar
a todas las organizaciones que rechazan la privatización del Registro Civil para lograr que llegue al Parlamento español
esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y así parar este desastre. Hay
antecedentes como la ILP
por la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social,
que logró una movilización social sin precedentes.
CCOO ha
trasladado al nuevo ministro de Justicia como cuestiones fundamentales, junto a la oposición frontal a la privatización de
los Registros Civiles, las siguientes reclamaciones:
- Retirada
del proyecto de reforma de
- Devolución
de todos los derechos robados desde 2010, con establecimiento de la fecha
efectiva para su restitución: el ministro de
Justicia debe reclamar al ministro de Hacienda y AAPP y al presidente del
Gobierno la recuperación del salario recortado en 2010, la devolución del
100% de la paga extra de diciembre de 2012 (no aceptamos ese ridículo 24 %
de devolución que anuncia Montoro en
- Convocatoria
en
- Derogación
de
CCOO también le ha reclamado al nuevo ministro:
- Convocatoria urgente de la mesa sectorial de
- Recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años.
- Modificación sustancial del proyecto de ley de
Jurisdicción Voluntaria (aprobado en consejo de ministros el 1 de agosto de
2014), suprimiendo la entrega a
los notarios y registradores de procedimientos y tareas que deben seguir
siendo competencia exclusiva de
·
Rectificación del proyecto
de ley de asistencia jurídica gratuita (aprobado en consejo de ministros del 21 de febrero de
2014), garantizando la gratuidad en el acceso a la Administración de
Justicia a toda la población sin recursos, y a todos los empleados/as públicos cuando
acuden en nombre propio a realizar una reclamación en defensa de sus derechos.
·
Debe suprimirse también las costas en todos los
procedimientos, con objeto de garantizar el acceso a la tutela judicial
efectiva, también del personal de las Administraciones Públicas
El nuevo ministro de Justicia
interviene el próximo miércoles, 15 de octubre, en el Congreso de los Diputados
para presentar sus propuestas para el año que resta de legislatura. CCOO ya
le ha hecho llegar directamente estas demandas y reclamaciones, que son
fundamentales para que comience a restaurarse la confianza entre los
trabajadores y trabajadoras. Debe el Ministerio de Justicia ser capaz de dar un
impulso para sacar de esta bochornosa situación a la Administración de
Justicia, a la que se ha llegado en estos momentos por la tremenda incompetencia,
egoísmo y falta de preocupación por los derechos de las personas de sus
anteriores responsables, como el ex-ministro Gallardón. Pero ese impulso debe
contar con las iniciativas necesarias como las que le hemos propuesto, cuya
primera condición es que deben ser acordadas con el personal funcionario y
laboral, nunca impuestas.
CCOO se congratula por la dimisión de Gallardón, el peor ministro de Justicia de la historia de la Democracia
23 sept 2014
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- CCOO exige al presidente del Gobierno que retire, entre otros, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judcial y la privatización de los Registros Civiles.
La dimisión del ministro Gallardón era una exigencia de millones de personas y de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de CCOO, por la política que ha venido realizando desde que tomó posesión como ministro de Justicia.
CCOO considera que la trayectoria del ministro Gallardón ha sido lamentable y siempre ha actuado contra los derechos democráticos de la ciudadanía. Su proyecto y el de Rajoy, rechazado mayoritariamente por la ciudadanía, de reforma de la Ley del aborto, ha sido el desencadenante, pero también ha pretendido desmantelar la Administración de Justicia desde que tomó posesión. Ha aprobado la Ley de Tasas Judiciales, que ha condenado a decenas de miles de ciudadanos a la indefensión ante los Tribunales, ha impulsado la aprobación del proyecto de Ley de Justicia Gratuita que deja sin capacidad de defensa a la inmensa mayoría de la ciudadanía, ha mantenido un intento constante de ir privatizando servicios de la Administración de Justicia con proyectos como el de ley de Jurisdicción voluntaria, y un largo etcétera de actuaciones contra la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras
Pero una nueva escalada contra los derechos de la ciudadanía se iba a producir cuando Gallardón y el Gobierno aprobó el 4 de julio la privatización de los Registros Civiles
Esa privatización demostraba que poco les importaban que toda la sociedad estuviera en contra de esa decisión e incluso que todos los grupos parlamentarios la rechazaran. Desde el punto de vista deCCOO, la privatización de los Registros Civiles demostraba la presunta colisión de intereses del ministro Gallardón y de Rajoy, porque ambos podrían estar actuando contra la ley, al existir presuntos intereses oscuros en esa decisión. Por eso, CCOO presentó, el pasado 8 de septiembre, denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y el ministro Gallardón
La aprobación del proyecto de reforma de la LOPJ, que pretendía Gallardón llevar al Consejo de Ministros en próximas fechas, es un paso más en la conculcación de los derechos de más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia
CCOO ha denunciado que la reforma de la LOPJ pretende la desaparición de decenas de partidos judiciales, de cientos de órganos judiciales y de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, la imposición de la movilidad geográfica y funcional, el no reconocimiento de las retribuciones de todo el personal de la Administración de Justicia, la desaparición de cientos de puestos de trabajo, la privatización de los actos de comunicación y ejecución...
Sea bienvenida la dimisión de Gallardón. Pero CCOO va mucho más allá. No basta con la dimisión de Gallardón
CCOO exige al presidente del Gobierno:
1.- Que retire la privatización de los Registros Civiles
2.- Que deje sin efecto el proyecto de reforma de la LOPJ y no lo lleve al Consejo de Ministros para su aprobación
3.- Que derogue la ley de Tasas Judiciales y que escuche el clamor ciudadano antes de aprobar la ley de Justicia Gratuita y Jurisdicción Voluntaria, que constituyen el inicio del proceso del desmantelamiento de la Administración de Justicia.
El Parlamento de Cataluña también se opone a las reformas de Gallardón
16 jun 2014
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El pasado 28 de mayo se aprobó, en el Parlamento de Cataluña, una moción contra las reformas judiciales de Gallardón: Ley Orgánica del Poder Judicial y Demarcación, Registro Civil, Justicia Universal y Asistencia Jurídica Gratuita
En el 25 aniversario de los Tribunales Superiores de Justicia que se conmemora en estas semanas, trabajadores y ciudadanos no tenemos nada que celebrar y sí mucho por lo que luchar en la Justicia
30 may 2014
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Cuatro años de recortes en la Administración de Justicia y en los derechos de los trabajadores, reformas ya aprobadas y proyectos de reformas en trámite que solo vienen a constatar un alejamiento de la Justicia del ciudadano, su encarecimiento y su privatización hacia otros sectores y colectivos (Registradores, Procuradores, Notarios…)
A lo largo de estas semanas se están conmemorando con diversos actos en todos los territorios los 25 años de existencia de los Tribunales Superiores de Justicia. TSJ que nacieron precisamente con la LOPJ de 1985 y con la aprobación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 y se pusieron en marcha definitivamente en 1989. Aquello que, sin duda alguna, fue un avance y dio un fuerte impulso a la Administración de Justicia dentro de la organización territorial autonómica, se sustentó en un fuerte consenso judicial y político a la hora de la aprobación de dichas leyes.Sin embargo, hoy, 25 años después, los trabajadores y la ciudadanía no tenemos nada que celebrar pues en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir de una “supuesta crisis” la Justicia española se está viendo mermada por un cúmulo de recortes y reformas (en base a una imperiosa necesidad de ahorrar costes para cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la troika) y a las que solo podemos mostrar nuestro más enérgico rechazo. La última prueba de ello es el Anteproyecto de una nueva LOPJ que sustituirá a la anterior de 1985 (ley que ha sido en numerosas ocasiones reformada) y que pone patas arriba toda la organización judicial de este país.
Recortes como:
- Recortes presupuestarios desde el año 2010.
- Recortes en el empleo público con la congelación de oposiciones o la restricción de las mismas a una tasa de reposición del 10% que supone una ridícula oferta de empleo público
- Recortes en medios personales, en los derechos laborales y retributivos (que vienen a suponer hasta la fecha más del 30% de pérdida de poder adquisitivo, y se anuncian más) en infraestructuras, en medios tecnológicos, en edificios judiciales y sus condiciones de seguridad y salud,..
Reformas ya aprobadas como:
- Ley de Tasas Judiciales, que ha supuesto un encarecimiento de la Justicia para el ciudadano y que ya ha provocado un importante descenso en los asuntos civiles y contencioso-administrativo, fundamentalmente en aquellos pleitos que afectan a ciudadanos particulares.
- La Nueva Oficina Judicial: que después de su implantación en algunas ciudades sigue sin funcionar como venimos denunciando desde hace años.
- Reforma del CGPJ: que recibiendo las críticas de todos los colectivos afectados, con ella sólo se constata un nuevo ataque a la independencia judicial y nuevamente se pierde una oportunidad para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, eso sí, manteniéndolos amordazados.
Reformas en trámite de aprobación como:
- Reforma de la Ley de Justicia Gratuita: que encarece los requisitos para acceder a ella, dejando fuera a la mayor parte de la sociedad
- Ley de Seguridad Ciudadana, que supone una mayor criminalización de la protesta ciudadana y otorga un mayor poder a los vigilantes de seguridad privados
- Reforma del Código Penal, que suprime las faltas –la mayor parte de ellas serán consideradas sanciones administrativas-, castiga la protesta pero no así los delitos de guante blanco,
- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que pone en manos del colectivo privado de Procuradores actuaciones judiciales tan importantes como los actos de comunicación y de ejecución
- Reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que pone en manos de colectivos como Notarios asuntos judiciales como testamentarías, divorcios de mutuo acuerdo sin hijos,…
- Reforma del Registro Civil que pone en manos del colectivo privado de Registradores de la Propiedad y/o Mercantiles el registro civil, y que supone el vaciamiento de funciones de los Juzgados de Paz y Agrupaciones que implicará su desaparición inminente y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en la Administración de Justicia
- Y por último, el Anteproyecto de LOPJ (que probablemente será aprobada a finales de año según las intenciones declaradas del ministerio) cuyas líneas maestras son la implantación de los Tribunales de Instancia solo en las capitales de provincia, y que conllevaría la supresión de los partidos judiciales, de los registros civiles, de los Juzgados de Paz, de las Audiencias Provinciales, eliminación de numerosos órganos judiciales, que puede conllevar la desaparición de más de 12.000 puestos de trabajo, de los actuales centros de destino, reordenación de efectivos sin respeto alguno a la localidad de destino, movilidad geográfica y funcional forzosa, la no garantía de las retribuciones complementarias que actualmente se cobran por guardias, …
La política de recortes del gobierno y su agenda de reformas que reducen o restringen nuestros derechos y libertades, como trabajadores y como ciudadanos, pues todas ellas solo tienen como consecuencia un alejamiento de la Justicia del ciudadano y su encarecimiento que está provocando una justicia de doble velocidad, una justicia para el que se la pueda pagar y una privatización –ni tan siquiera encubierta- de servicios y asuntos judiciales en manos de colectivos privados como Registradores, Notarios, Procuradores.
Realmente,... ¿QUÉ TENEMOS QUE CELEBRAR?
