- ¿Estuvo la Consejera en la Conferencia Sectorial de Justicia, o en los mundos de Yupi?
- Agudeza visual: compárese la crónica de la reunión hecha por el Consejero de Presidencia y Justicia de Asturias, Guillermo Martínez, con la de su homóloga de Cantabria, Leticia Díaz, y especúlese sobre si estuvieron en la misma reunión o en dos distintas.
- Catalá sigue los pasos de su predecesor y se empecina en la privatización del Registro Civil a pesar de las oscuras sospechas que planean sobre la operación.
Ayer se celebró la Conferencia Sectorial de Justicia que reúne al Ministro de Justicia con los consejeros de las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de Justicia. Previamente a la misma, todos los consejeros de Justicia del Estado recibieron un escrito de CCOO, del que ya hemos informado, con nuestras posiciones en diversas materias de interés para los trabajadores y los ciudadanos (rechazo a la privatización del Registro Civil, rechazo a cualquier privatización en la Administración de Justicia, a las Tasas Judiciales, inclusión de todas las vacantes en la Oferta Pública de Empleo, mantenimiento de partidos judiciales y juzgados de paz, entre otras cuestiones). El resultado, por lo que respecta a Cantabria, es decepcionante
Veamos en primer lugar la crónica del Consejero de Asturias:
"M. P. / Agencias. El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, salió ayer de la Conferencia Sectorial de Justicia presa de "una profunda decepción" con el nuevo ministro del ramo, Rafael Catalá, por la ausencia del "compromiso firme" que reclama el Principado sobre la financiación de los sobrecostes que sufren los gobiernos autonómicos a causa de la financiación de la asistencia jurídica gratuita. El Gobierno regional entiende insuficiente el anuncio efectuado ayer por el nuevo titular del Ministerio a los representantes de las comunidades autónomas en relación con la presentación de una "posible enmienda en el Senado" a los Presupuestos Generales del Estado destinada supuestamente a estas cuestiones. Esas cuentas "no incluyen ni un solo euro" para la justicia gratuita, advirtió el consejero asturiano, y la enmienda prometida por Catalá para la próxima semana "no la hemos visto". "Ésta es la segunda reunión de la que salimos sin un compromiso efectivo", lamentó.
El representante del Principado resaltó que han pasado dos años sin noticias de la promesa del Ministerio de hacerse cargo del incremento en el coste de la asistencia jurídica gratuita, que en su momento se desprendió, recordó, de " un cambio en los baremos de la Ley de Tasas".
El Ministro anunció tras la reunión de ayer que la enmienda a los presupuestos será el mecanismo para asegurar la cofinanciación del servicio con las comunidades autónomas, aunque los representantes regionales, incluidos los de las comunidades gobernadas por el PP, reclamaron aclaraciones al Gobierno sobre los criterios por los que se regirá para sufragar el coste. El Principado, concretó Martínez, siempre ha reivindicado un modelo en el que la distribución se efectúe anualmente y aplicando un criterio ponderado que conjugue lo recaudado en cada territorio por tasas judiciales con el número potencial de beneficiarios del servicio.
Guillermo Martínez también se opuso ayer a la pretensión del Gobierno de que los registradores mercantiles asuman las funciones del Registro Civil y ha propuesto como alternativa que ese cometido pase "al cuerpo de secretarios". El consejero se felicitó, en cambio, por la retirada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habría supuesto la reducción a uno de los 18 partidos judiciales de la región y la supresión de sesenta juzgados de paz"
Y ahora veamos el idílico relato de la de la Consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz., tal y como está publicado en la página web del Gobierno de Cantabria:
"La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha asistido a la Conferencia Sectorial de Justicia, presidida por el ministro, Rafael Catalá, y celebrada hoy en Madrid. En el encuentro las comunidades de Cantabria, Galicia, La Rioja, Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana han informado al ministro, de las subidas que están experimentando en los costes de justicia gratuita y han expresado su deseo de que, a través de los presupuestos de 2015, las comunidades puedan obtener parte de lo que el Estado ha recaudado con las tasas judiciales y destinarlo a sufragar esos gastos.
Así lo ha expresado, en nombre de estas comunidades autónomas, el consejero de Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa en la que han estado presentes los consejeros del ramo de estas autonomías.
Catalá les ha trasmitido que se trabaja para firmar convenios de cofinanciación y "se ha comprometido a trasladar" al Ministerio de Hacienda esa inquietud para que en la Ley de Presupuestos, que se está tramitando, una enmienda contemple esos mayores costes. Catalá también les ha informado sobre su intención de analizar la información de la Agencia Tributaria y del Consejo General del Poder Judicial para revisar el sistema actual y ver si procede a alguna modificación. Las comunidades han celebrado esta decisión, así como que esta se base en "criterios objetivos", considerando la repercusión real de las tasas.
En lo que respecta a las reformas legislativas, Valencia, Cantabria, Galicia, La Rioja, Madrid y Aragón se han mostrado favorables a que el Código Penal introduzca la prisión permanente revisable. Asimismo, han precisado que el ministro les ha confirmado que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere a la demarcación judicial, mantendrá los partidos judicialesaunque se establecerán sistemas alternativos de trabajo tras el diseño de un mapa de la Justicia que identifique los puntos que presentan un mayor problema.
Asimismo, han solicitado la puesta en marcha de un sistema tecnológico moderno que haga posible un proyecto compartido de gestión procesal que facilite la interoperabilidad entre las diversas comunidades. El ministro se ha comprometido a liderar, a través de las nuevas tecnologías, la coordinación entre los juzgados de las comunidades autónomas y la administración de Justicia. Para ello los presupuestos del próximo ejercicio destinarán 55,5 millones de euros con el objetivo de lograr un proyecto común y compartido de gestión procesal.
Para finalizar los consejeros han agradecido a Catalá la rápida convocatoria, tras su toma de posesión hace algo más de un mes, y que se haya comprometido a celebrar conferencias sectoriales con regularidad. Además han expresado su satisfacción por la "voluntad de diálogo" mostrada por Catalá.
En este sentido, Rueda ha asegurado que el ministro les ha asegurado que intentará "consensuar" con las comunidades autónomas los temas que les afecten y mantenerles informados sobre los proyectos de ley para que puedan aportar sugerencias desde el punto de vista de sus competencias.
Por su parte, la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria ha trasmitido, en el desarrollo de la Sectorial, la preocupación existente entre los colectivos de funcionarios de los registros civiles ante la reforma de la Ley que regula esta institución. Desde el Ministerio se ha transmitido un mensaje de tranquilidad ante el futuro de los profesionales de estos servicios, asegurando que "está garantizado" y que el cambio en la gestión del Registro Civil no supondrá ninguna reducción de empleo público"
Nuestra conclusión es que , o bien estuvieron en dos reuniones distiintas, o uno de los dos padeció un déficit de atención, esperemos que momentáneo.
Una conclusión que se puede extraer es que las tasas judiciales se ven como irreversibles. Se intenta, es cierto, dar cierta aplicación de parte de los ingresos a un fin de utilidad social, sufragar los gastos de la asistencia jurídica gratuíta, sin valorar el hecho de que, para los maltrechos pacientes de la Ley de Justicia Gratuíta, el resultado neto es deficitario. Sigue el estilo de gobierno con criterios contables, pero no con criterios de política económica y, mucho menos con criterios de política social.
En cuanto al tema de la privatización del Registro Civil, si las informaciones que facilitan ambos consejeros son veraces es notorio que su preocupación es totalmente asimétrica
Sra. Díaz: no nos cuente lo que ya sabemos. Ya nos manifestó el Ministro de Justicia su intención de que no desaparezcan empleos en su ámbito de gestión, así como que sólo puede garantizarlo en su ámbito de gestión, pero eso ya lo saben los trabajadores, y también saben que esa aseveración es falsa, porque, incluso aunque se mantuvieran tanto los empleos de los interinos como los de los titulares, la privatización implicará la recolocación de todos los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su función en los registros civiles de todo el estado en otras plazas vacantes, lo que supone la desaparición de miles de plazas (contracción drástica de la oferta pública de empleo, reducción drástica de la movilidad, cese masivo de interinos...).
Además, por si no lo sabe los funcionarios/as de los registros civiles no se preocupan sólo por sus empleos, también luchan para que los ciudadanos no pierdan una vez más un servicio publico, universal y gratuíto que ya han sufragado con sus impuestos, y cuando decimos que luchan no nos referimos sólo a su participación en actos de movilización, recogida de firmas, etc, sino a su trabajo diario, el que prestan con un manifiesto déficit de medios tal vez buscado de propósito por el gobierno para aumentar la tolerancia social a la privatización. En un estado social - o lo que queda de él - no es de recibo trasladar el coste de un servicio fundamental para los derechos de los ciudadanos a los propios usuarios, y no nos venga contando que el coste será asumido gratuitamente y a perpetuidad por los registradores, que cobran por arancel, porque ni los trabajadores ni los ciudadanos son gilipollas. Tampoco nos repita que no es una privatización porque los registradores son funcionarios públicos a pesar de cobrar por arancel. Eso cuénteselo a las instituciones europeas, donde al parecer no opinan lo mismo.
En definitiva: el nuevo Ministro de Justicia sigue trabajando en el proyecto estrella de Rajoy,registrador de la propiedad: la privatización del registro civil, el proyecto que probablemente fue la causa real de la dimisión de Gallardón, por no haber negociado conforme a las aspiraciones de su "principal" , proyecto que ya interesaba al Presidente del Gobierno antes del inicio de la legislatura y en el que sigue empecinado el Sr. Catalá, pese a que ya los medios de comunicación - y CCOO - han informado con profusión de que estamos aunte un proceso que, siendo generosos, puede calificarse de sospechoso. Y, salvo que alguien nos demuestre lo contrario, ha encontrado la complicidad de la Consejera de Presidencia y Justicia del gobierno de Cantabria
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