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Hoy, jueves 23 de abril, alrededor de un centenar de funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia se han concentrado una vez más en el patio del complejo judicial de "Las Salesas", en Santander, para manifestar su repulsa por la privatización de los registros civiles.
Este acto es uno más de los muchos programados en diversas sedes judiciales de todo el Estado para protestar ante el empecinamiento del Ministro de Justicia y del Presidente del Gobierno, el registrador D. Mariano Rajoy, en privatizar un servicio esencial que se mantiene en el ámbito de la Administración de Justicia desde 1871.
De nada sirven ya los intentos del Ministro de Justicia y de los portavoces del partido popular de seguir mintiendo a la población asegurando que el Registro Civil seguirá siendo público, gratuito, cercano a los ciudadanos y que la entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles no acarreará pérdida de empleo público, pues no son sólo los sindicatos, asociaciones y colegios profesionales, partidos políticos u organizaciones de consumidores los que niegan la veracidad de estas afirmaciones, ya lo hacen hasta asociaciones de registradores, los "colegas" profesionales del Presidente y de dos de sus hermanos, lo que hemos podido ver en los últimos días en los medios de comunicación.
Por tanto, es incomprensible la "tozudez" de este gobierno que se resiste a dar marcha atrás, persistiendo en imponer un impopular proceso que choca con un mayoritario rechazo social y que adolece de una total falta de consenso político, pues sólo cuenta con el apoyo - y no unánime – del Partido Popular, lo que sólo puede explicarse como un intento de favorecer determinados intereses corporativos antes del fin de la legislatura, aunque sea a costa de los intereses generales y de obligar a los ciudadanos a soportar otro "repago"
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