La Unión Europea se encuentra ante la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de las miles de personas que tratan de llegar a la UE en busca de protección, motivadas por las inhumanas condiciones en sus países de origen.
Tal y como ya denunció la CEC de CCOO esta misma semana, tanto la parálisis de las instituciones de la UE -que impide una respuesta coordinada ágil y adecuada- como la insolidaridad e irresponsabilidad de los estados miembros, incluyendo la inaceptable xenofobia propugnada por algunos de ellos, está generando que la propia magnitud de la tragedia alcance cotas inaceptables
Por ello desde COMISIONES OBRERAS exigimos una respuesta inmediata eficaz y ágil que garantice los derechos de las personas que llegan a la UE, fundamentalmente su derecho a la vida, la integridad física y la dignidad, además del derecho a la protección que merecen, y que dicha respuesta se coordine de manera urgente habilitando mecanismos excepcionales a través de las instituciones y organismos de la UE, estableciendo vías de financiación para garantizar la eficacia inmediata de las medidas
Asimismo COMISIONES OBRERAS saluda las iniciativas ciudadanas, municipales y autonómicas para habilitar vías de ayuda y solidaridad y llama a todas las organizaciones confederadas a preparar y organizar movilizaciones cívicas y ciudadanas con todas las fuerzas políticas y sociales a través de los medios y mecanismos a nuestro alcance a fin de hacer oír un mensaje no sólo de preocupación sino sobre todo de responsabilidad y solidaridad con las personas
En este sentido, la Dirección Confederal de CCOO convoca a todas sus organizaciones para que en los sectores y territorios pongamos a disposición de la sociedad civil, de las instituciones (estatal, autonómicas y municipales) y especialmente de las propias personas que puedan llegar a España sufriendo persecución, los locales, infraestructuras y servicios del sindicato que puedan ser útiles para dar respuesta a este momento crucial, llamando a la colaboración conjunta entre las instituciones y la sociedad civil para garantizar la adecuada cobertura de las necesidades de las personas que buscan y merecen protección
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