El sindicato denuncia asimismo la intervención directa de
la patronal de seguros (UNESPA) en la elaboración de este Real Decreto y la
falta de previsión de personal para tramitar los expedientes en los Institutos
de Medicina Legal.
La negociación
de este Real Decreto con los representantes sindicales ha tenido lugar
el pasado viernes, 27 de noviembre, tras las denuncias de CCOO
de que se pretendía aprobar por el gobierno sin ninguna información y
negociación en Mesa Sectorial a pesar de que su contenido afecta a las
condiciones de trabajo de los Médicos Forenses y del resto de Cuerpos Generales
de la Administración de Justicia que prestan servicios en los Institutos de
Medicina Legal (IML).
No obstante, la reunión de Mesa Sectorial ha venido a
demostrar, una vez más, el nulo interés del Ministerio de Justicia por
negociar éste Real Decreto ya que, en una sola sesión de menos de hora y
media, la administración dio por
finaliza la negociación sin admitir
ninguna modificación y sin comprometer, tan siquiera, de forma efectiva los recursos personales y
materiales necesarios para aplicarlo.
CCOO ha
rechazado, con propuestas alternativas, el contenido del Real Decreto, en
primer lugar, porque supone una intervención tramposa de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Porque si bien se establece la posibilidad de que los médicos
forenses puedan emitir informe y dictámenes a solicitud de los particulares, en
ningún caso determina que lo deban hacer
en procedimientos extrajudiciales, es decir que
la solicitud de particulares no deba
presentarse ante ningún órgano judicial y ése sea quien autorice la
realización de dichos informes. Es por ello que hemos planteado que los informes forenses se
realicen previa autorización judicial de las solicitudes de particulares.
En segundo lugar, la
aprobación de este Real Decreto, puede poner seriamente en cuestión la
imprescindible imparcialidad e independencia de actuación de los médicos
forenses que venía reforzada dentro de la actuación judicial.
CCOO ha denunciado que las entidades
aseguradoras, concretamente UNESPA, la patronal del seguro, ha estado en una
posición de dominio a la hora de preparar la norma y, más allá de eso, como ha
reconocido sin ningún escrúpulo el propio Ministerio de Justicia, que la misma
UNESPA financiará y elaborará la aplicación informática que se implantará en
los IML para la tramitación de estos informes extrajudiciales.
Por otro lado, las
medidas que pretende aprobar el gobierno responden según CCOO a criterios puramente
recaudatorios y, en esta ocasión, con peligro de establecer una relación
clientelar con las aseguradoras que son las que pagarán los informes del IML
mediante el llamado “precio público” que, a buen seguro, terminarán
repercutiéndolo, de un modo u otro a sus asegurados.
El precio público que habrán de abonar
inicialmente las aseguradoras no se establece con carácter estatal (aunque
puede servir de referencia) y permite que las CCAA con competencias en
materia de Justicia que lo fijen para sus respectivos ámbitos territoriales y
sean las que lo recauden sin fijar, de forma preceptiva y con los debidos
controles para su efectivo cumplimiento, que esa recaudación se destine a la mejora del
funcionamiento de los IML y del resto de a Administración de Justicia.
Quienes pagan, es
decir, las aseguradoras, pueden lograr de hecho dirigir también el fondo y la
forma de los informes periciales que se soliciten en un procedimiento extrajudicial
y así ejercer un control sobre el contenido y normas generales de valoración de
los lesionados de tráfico en los informes emitidos por los IML.
Los informes, sin
posibilidad de control contradictorio pueden, de hecho, distorsionar el mercado
y el proceso, y que esa distorsión pueda acaba perjudicando a la víctima.
CCOO
señala que las plantillas actuales de médicos forenses y de los cuerpos
generales de los IML son muy limitadas e, inevitablemente, se retrasaría la
emisión de los informes solicitados por los juzgados y tribunales, fiscalías y
registros civiles.
CCOO
ha denunciado que, en el caso de los
Cuerpos Generales, estarían obligados a
tramitar un procedimiento administrativo que incluye notificaciones y
citaciones a perjudicados, pero también
la responsabilidad de liquidación
y pago del precio público. Estas nuevas funciones y tareas resultan absolutamente inasumibles con la
plantilla actual para la que, además, ni siquiera se ha previsto su formación.
El Ministerio de Justicia, una vez más, únicamente compromete, sin ninguna concreción, formación
online y, en relación con las plantillas,
retrasaría la posibilidad de
incrementarlas a valorar el volumen de
periciales que se soliciten.
El proyecto de Real Decreto, no prioriza la
realización de informes o dictámenes que dimanan de las actuaciones judiciales,
por lo que, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita los
plazos para la instrucción de las causas, se podrían archivar muchas de ellas
sin que quedara satisfecha la reclamación de tutela judicial.
CCOO
ha planteado que, en todo caso, debe negociarse las retribuciones de los
médicos forenses y del resto de Cuerpos Especiales y de los Cuerpos Generales a
la vista de las nuevas responsabilidades que se derivan de éste Real Decreto.
CCOO
también denuncia que no todas las CCAA
(como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde precisamente tiene lugar un
altísimo porcentaje del total nacional de accidentes de tráfico con resultado
de lesiones) han puesto en funcionamiento los IML y ha exigido que, de no
modificarse esta norma con las propuestas que hemos planteado, debe retrasarse
su entrada en vigor hasta que todas las CCAA disponga del IML, ya que de lo
contrario se producirá una discriminación hacia las víctimas dependiendo de su
lugar de residencia o del lugar en que ocurra el accidente. Además, CCOO ha
denunciado que, en el caso de la Comunidad de Madrid, podría producirse un caos
sin precedentes, además de actuaciones arbitrarias y discrecionales por la
Administración autonómica madrileña (abundando en las que, lamentablemente,
acostumbra) si se permite la aplicación de la norma sin la puesta en
funcionamiento del IML.
Para CCOO, el Real Decreto podría, por último, vulnerar
el régimen de incompatibilidades de los médicos forenses y del resto del
personal de la administración de Justicia y podrían plantearse multitud de
cuestiones de abstención o recusación que dificulten la instrucción
judicial.
El Ministerio de Justicia, ha dado por
finalizada la negociación con los sindicatos rechazando los planteamientos de CCOO
y sin comprometer, más allá de ambigüedades, ningún recurso económico para incrementar el personal de los IML, de los Cuerpos Generales, Médicos forenses y resto
de Cuerpos Especiales, o las retribuciones, ni ninguna otra mejora de las
condiciones de trabajo de dichos Cuerpos.
