Incertidumbre para el futuro del Registro Civil tras el NO del
Congreso a la propuesta del PP de modificación de la Ley 20/2011
NI EL GOBIERNO DEL MINISTRO CATALÁ
NI EL PARLAMENTO CONSIGUEN DESBLOQUEAR LA LEY DEL REGISTRO CIVIL QUE
DEBERÍA ENTRAR EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2018
CCOO denunciamos la
incapacidad de la clase política para sacar adelante un Registro
Civil totalmente público, gratuito, cercano a la ciudadanía y
atendido por personal de la Administración de Justicia, como
demandamos las y los trabajadores y toda la sociedad
En la tarde de ayer tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados el debate y
votación para la toma en consideración de la Proposición de Ley
del grupo Popular para modificar la Ley 20/2011 del Registro Civil.
El debate, que CCOO
de Justicia hemos presenciado en directo desde la tribuna de
invitados del Congreso, ha servido para desenmascarar las posiciones
de los principales partidos políticos y para comprobar que este
Ministerio de Justicia es incapaz de conseguir consensos para
solucionar la más que preocupante situación de nuestra
Administración de Justicia.
El Partido Popular ha
presentado esta Proposición de Ley al dictado del Ministerio de
Justicia que, por la fortísima presión que hemos ejercido desde
CCOO recogiendo las propuestas
de la inmensa mayoría de las y los trabajadores, no ha tenido más
remedio que aceptar dos de nuestras principales reivindicaciones: el
mantenimiento del Registro Civil en el ámbito de la Administración
de Justicia y el mantenimiento también de todas las oficinas
actuales de los partidos judiciales y Juzgados de Paz.
El PSOE ha votado en
contra manifestando abiertamente que no está de acuerdo en que se
mantengan abiertas las oficinas de los partidos judiciales y Juzgados
de Paz, tal y como contempla el texto original de la Ley 20/2011.
Esta misma posición ha
servido a Ciudadanos para argumentar su abstención.
Ni al PSOE ni a
Ciudadanos les ha parecido preocupante la necesidad de prestar un
servicio público cercano y accesible a toda la ciudadanía, ni el
futuro de los más de 4.500 puestos de trabajo que actualmente hay en
los Registros Civiles, a pesar de que intensamente desde CCOO
les hemos venido trasladado también estas propuestas.
Unidos Podemos, que
también ha votado en contra, ha trasladado al Pleno del Congreso la
falta de credibilidad del Partido Popular y del Gobierno, que se
niegan a concretar las competencias de los Juzgados de Paz y del
resto de oficinas, lo que podría abocar de hecho a su cierre. Ha
defendido el mantenimiento de todas las sedes actuales, incluidos los
Juzgados de Paz y también han reclamado que deben recuperarse para
el Registro Civil todas las competencias privatizadas, como la
solicitud de nacionalidad por residencia y la tramitación en
exclusiva de los expedientes previos al matrimonio civil, lo que
permitiría asegurar el futuro de todas las sedes actuales del
Registro Civil.
La propuesta de Ley del
PP no va a ser tramitada, por tanto, en el Congreso y, en este estado
de cosas, la situación actual, que es altamente preocupante para
CCOO, puede resumirse así:
1.- Unidos Podemos tiene
presentada una Proposición de Ley (que es coincidente con todas
nuestras reivindicaciones) que debería pasar al Pleno del Congreso
para su toma en consideración. Por razones burocráticas (cada grupo
político tiene un cupo máximo de propuestas en función de su
representatividad, que Unidos Podemos tiene superado) este debate en
pleno aún no puede llevarse a cabo.
Desde CCOO
dudamos mucho que, aunque se debatiera en el pleno, fuese apoyada por
ningún grupo, o al menos por la mayoría suficiente para ser
aprobada, ya que contiene, por un lado, la recuperación de lo
privatizado que rechazan el PP y Ciudadanos, y, por otra parte, el
mantenimiento de las actuales oficinas en todos los partidos
judiciales y en los Juzgados de Paz que nunca van a apoyar PSOE y
Ciudadanos según han manifestado hoy.
2.-
Si no se aprueba ninguna modificación de la Ley 20/2011 debería
entrar en vigor con su articulado original el 1 de julio de este
mismo año, y recordemos que esta Ley contiene aspectos altamente
perniciosos para el personal de la Administración de Justicia y la
ciudadanía.
- Los Registros Civiles salen de la Administración de Justicia y el personal funcionario que los ocuparía serían también de otras administraciones.
- Solo quedaría una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma y, en el mejor de los casos, una más como máximo por cada 500.000 habitantes y los Juzgados de Paz perderían las competencias delegadas en materia de Registro Civil, con las gravísimas consecuencias que tendría para la ciudadanía y para el empleo.
- Para colmo, entraría también en vigor la modificación operada en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, por la que los expedientes previos al matrimonio civil se harían ante notario
- Estas importantísimas y nefastas transformaciones necesitarían una serie de medidas (nuevas instalaciones y edificios, personal con la necesaria formación, desarrollos informáticos aún en fase de adjudicación….) que, en opinión de CCOO, harían imposible desde todo punto de vista su puesta en marcha.
Todas estas
circunstancias nos hacen a CCOO
exigir con toda contundencia al Congreso de los Diputados un
ejercicio de máxima responsabilidad, dando trámite inmediato a la
Proposición de Ley presentada por Unidos Podemos (Proposición de Ley del Registro Civil de Unidos Podemos) para su aprobación
tras el debate de las enmiendas que puedan presentarse.
Al mismo tiempo, desde
CCOO, seguiremos
presionando a los partidos políticos y al Ministerio de Justicia
para que acepten las modificaciones precisas para conseguir un nuevo
Registro Civil totalmente público, totalmente gratuito, totalmente
informatizado, cercano y accesible para la ciudadanía y atendido
exclusivamente por personal de la Administración de Justicia
En caso contrario, que
no es la mejor solución pero sería imprescindible para evitar un
mal mayor de graves consecuencias, apostaremos por una nueva vacatio
legis que evite el desastre que para el servicio público
del Registro Civil y para los trabajadores/as supondría la entrada
en vigor de la Ley 20/2011 con el articulado actualmente existente.
CCOO hemos criticado y seguiremos
criticando con total dureza la incompetencia del ministro Catalá y
su equipo de dirección, para dar solución a los gravísimos
problemas que afectan a la Administración de Justicia y a sus
trabajadores/as (como muestra, nuestro radical posicionamiento contra
la estrategia para la implantación de las nuevas tecnologías,
contra la falta de medios personales para atender las excesivas
cargas de trabajo, contra la falta de un justo reconocimiento
retributivo a nuestro trabajo, etc, etc…), No obstante, en el Pleno
del Congreso, el ministro de Justicia ha defendido nuestras
reivindicaciones para mantener las oficinas del Registro Civil en los
partidos judiciales y los Juzgados de Paz, argumentando que ese es un
compromiso con las y los trabajadores y los sindicatos
representativos, y sin perjuicio de las numerosas y profundas
discrepancias con su gestión, desde CCOO
valoramos positivamente esta actitud.
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