COOO
se reúne en Cantabria con parlamentarios del PSOE en su campaña por
un Registro civil Público, gratuito, servido por funcionarios/as de
la Administración de Justicia, cercano a los ciudadanos y con las
mismas oficinas que en la actualidad
La reunión se enmarca en la nueva ronda de contactos iniciada por el sindicato a nivel estatal, en la que hemos remitido información y solicitado reuniones a todos los/las diputados/as y senadores/as
La reunión se enmarca en la nueva ronda de contactos iniciada por el sindicato a nivel estatal, en la que hemos remitido información y solicitado reuniones a todos los/las diputados/as y senadores/as
Como ya hemos informado,
el pasado mes de enero CCOO
remitió escritos a todos los/las diputados/as y senadores/as,
instándoles a que promuevan o apoyen una modificación de la Ley
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, cuya entrada en vigor
está prevista para el 30 de junio de 2020, que garantice la
permanencia del Registro Civil como servicio público integrado en
la Administración de Justicia, gratuito, cercano a la ciudadanía y
con oficinas en todos los municipios, accesible electrónicamente por
las demás administraciones y funcionarios públicos y servido
íntegramente por el personal de la Administración de Justicia en
las poblaciones de más de siete mil habitantes,
como hasta ahora
En este contexto, el 6 de
febrero se celebró una reunión, en Santander, entre representantes
del Sector de la Administración de Justicia de Cantabria de CCOO,
acompañados por el Secretario General de la Federación de Servicios
a la Ciudadanía de Cantabria del sindicato, Javier Báscones, el
diputado del PSOE y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados, Pedro Casares, y
la senadora socialista Isabel Fernández
CCOO
inició su intervención con un repaso de las agresiones que viene
soportando el Registro Civil y de las acciones realizadas por CCOO
y los trabajadores y trabajadoras del mismo en una lucha por la
defensa de este servicio público que ya dura diez años, desde las
movilizaciones previas a la aprobación de la Ley 20/2011 hasta los
contactos mantenidos por nuestra organización con los grupos
parlamentarios del PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos en
septiembre y octubre de 2019 y la más reciente reunión, el pasado
mes de enero de 2020, con María Jesús Moro, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en la Comisión de Justicia del Congreso, que
ha vuelto a presentar, al inicio de la presente legislatura, una
proposición de reforma de la Ley 20/2011 que recoge muchas de
nuestras reivindicaciones, si bien les informamos que CCOO
entregó a dicha portavoz de un documento de enmiendas a la
proposición del Grupo Popular postulando que la ley recoja
expresamente la conservación de los libros del Registro Civil en las
actuales oficinas y que establezca, también expresamente, la
integración del Registro Civil en la Administración de Justicia
para salvaguardar las competencias ejecutivas de las comunidades
autónomas en la materia, así como que incluya normas de competencia
para evitar el forum shopping y hacer posible la planificación de
las necesidades de medios materiales y personales en cada oficina
Seguidamente, señalamos
la necesidad de completar la reforma de la Ley 20/2011 con la reforma
de otras leyes concordantes (Código Civil, Ley de Jurisdicción
Voluntaria, etc...) y revertir totalmente las semiprivatizaciones
operadas a fin de que la competencia de los registros civiles para
tramitar los expedientes previos al matrimonio civil sea
exclusiva y que la instrucción telemática de las solicitudes de
adquisición de la nacionalidad española por residencia,
previa a la resolución del Ministerio de Justicia, vuelva a ser
realizada en las oficinas del Registro Civil, así como que se
reconozca expresamente la función del personal de los registros
civiles en las inscripciones y expedición de certificaciones
Finalmente expusimos a
nuestros interlocutores cuál es la situación actual y cuáles
serían las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley 20/2011
con su redacción actual, pues dicha ley declara que el Registro
Civil depende del Ministerio de Justicia a través de la Dirección
General de los Registros y el Notariado pero no lo adscribe a una
administración concreta, estatal o autonómica, ni especifica a qué
administración pertenecen los funcionarios que prestan servicio en
los registros civiles, ni quiénes pueden ser los encargados, reduce
la implantación a un máximo de 160 oficinas generales en todo el
Estado, garantizando únicamente una oficina en Cantabria - lo que
además de poner en riesgo a alrededor de 80 puestos de trabajo en
nuestra región aleja el servicio del ciudadano (una contribución
más al vaciamiento de España que, aparentemente, tanto preocupa en
la actualidad a los dirigentes políticos) -, crea un Registro Civil
electrónico que exige una digitalización que está pendiente en la
mayoría de municipios del Estado y que además requiere de una
aplicación electrónica ad hoc que por ahora no existe, se ocasiona
una dualidad entre dicho Registro Civil electrónico (inscripciones
posteriores a 1950 digitalizadas o informatizadas) y el Registro
Civil manual (inscripciones anteriores a 1950 de los más de 8000
municipios existentes) sin resolver la incógnita sobre quién se
ocupará delas certificaciones y anotaciones marginales en el
Registro Civil manual, contiene escasas normas de competencia, lo que
fomenta el forum shopping y dificulta cualquier planificación, y
discrimina a los habitantes de las ciudades y pueblos menos
habitados, relegados, para acceder al servicio, al uso los medios
telemáticos, a desplazarse a las oficinas de las capitales o al
repago, contratando los servicios de despachos profesionales
Hemos dejado bien claro
que CCOO comparte la apuesta
por un Registro Civil único, electrónicamente accesible, moderno y
acorde con las necesidades actuales, pero consideramos que esa
modernización debe ser compatible con la accesibilidad y cercanía a
todos los usuarios, independientemente de cuál sea el lugar donde
residan y su disponibilidad económica, con su carácter de Servicio
Público y con la garantía y seguridad de la llevanza por
funcionarios públicos pertenecientes a la Administración de
Justicia
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