El Director General de Justicia y Víctimas del Terrorismo mostró su satisfacción por el ritmo de implantación, que, según él, ha llevado a Cantabria a ser una de las CCAA más avanzadas al respecto, frente a otras que siguen sin publicar las resoluciones sobre estructura y modelo de las oficinas judiciales y/o sin negociar las RPTs. Reiteró su compromiso, expresado en reuniones anteriores, de que no haya modificaciones de espacios de trabajo, más allá del mínimo imprescindible, ni movimientos de funcionarios/as entre edificios. Las obras menores que se consideren imprescindibles se realizarán por personal propio del Gobierno de Cantabria, entre las que se encuentra el cambio de cartelería y rótulos en el interior y el exterior de los edificios para adecuarlos al nuevo modelo. Al efecto, manifestó que están pendientes de la finalización del Protocolo de Actuación - que cree próxima - y de que se concreten los grupos funcionales, lo que condiciona estas tareas, y además el Ministerio de Justicia todavía no ha concluido el acoplamiento de LAJs. El protocolo también es esencial - dijo - para la adaptación del sistema de gestión procesal
Todos estos cambios imprescindibles serán llevados a cabo antes de la implantación, aunque no descarta que pueda haber ajustes posteriores. No obstante, añadió, si se considerara necesario abordar alguna obra más compleja sería relegada al ejercicio presupuestario de 2026
Otras de las tareas que se van a acometer, según el Director General, es la coordinación de la información a trasladar a los colegios profesionales sobre el nuevo modelo de organización, reconociendo que aprenden de los errores en los que incurrieron con ocasión de la Fase I de implantación, en la que, a su juicio, la falta de planificación de esta coordinación informativa dio lugar a confusión, quejas y molestias
En cuanto al proceso de acoplamiento de la Fase III, la Jefa del Servicio Social y de Personal manifestó que, tras la corrección de los errores detectados, el cuadrante de acoplamiento publicado será sustituido por un documento definitivo que esperan tener listo para el miércoles 26 de noviembre y que será objeto de próxima publicación. Se ha realizado para los funcionarios de carrera, comisionados, sustitutos e interinos que van a permanecer en el mismo puesto de trabajo (que no ocupan puestos vacantes). Quedan pendientes puestos singularizados, genéricos diferenciados y personal interino que procede de orden jurisdiccional distinto. En este proceso se respeta, manifestó, la preferencia en la elección de opciones del personal titular con destino definitivo, comisionados, sustitutos y personal interino, por este orden. En cuanto al personal interino, la administración va a permitir la elección a quienes cubren puestos vacantes, a cuyo efecto la oferta será remitida por correo corporativo. Por último, añadió que en la oferta correspondiente al Cuerpo de Auxilio se tendrá en cuenta la antigüedad en el puesto de origen con independencia del orden jurisdiccional, dada la configuración del nuevo modelo
Recordamos que una de las reivindicaciones esenciales de CCOO en las alegaciones que presentó por escrito al inicio de este proceso, reiterada posteriormente en las sesiones de la Mesa Sectorial, era el respeto a la voluntariedad en todas las fases del proceso de acoplamiento, lo que, unido a otra de nuestras reivindicaciones básicas, la creación de áreas, y subsidiariamente equipos (en las resoluciones sobre estructura y modelo y con traslado a las RPTs) por jurisdicciones y especialidad de órganos, habría dado lugar, en nuestra modesta opinión, a unas relaciones laborales más sanas, a unas líneas jerárquicas y funcionales más equilibradas y a un servicio público más eficiente y satisfactorio para los ciudadanos/as usuarios/as, con resultados más óptimos que, en definitiva, es - o al menos debería ser - el interés de la administración. Ha habido algunas concesiones, como la posibilidad de opción entre SCT y SCEJ o entre éstos y las OGRC para los/las funcionarios/as destinados en juzgados con competencias en materia de Registro Civil, pero consideramos que el derecho a optar podía haber sido reconocido en un espectro mucho más amplio. El Director General resumió estos cambios repitiendo que han llegado, en sus concesiones, hasta donde les ha parecido razonable, y no vamos a insistir ahora, una vez más, en nuestras diferencias de criterio sobre lo que es razonable y sobre los fundamentos de calidad de un servicio público
En el apartado de formación online sobre Vereda, los representantes de la administración manifestaron que, según les han trasladado de TRACASA, la presentación de solicitudes empezó con buen ritmo pero se ha estancado recientemente, quedando bastantes compañeros y compañeras que todavía no lo han efectuado
En cuanto a la Resolución sobre la ampliación del período de disfrute de vacaciones y días de permiso por asuntos particulares correspondientes a 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, ya publicada (recordamos que CCOO la solicitó por escrito presentado el 6 de noviembre) el Director General adujo que una de las razones por las que se decidieron a publicarla, además de los problemas genéricos relacionados con el cambio de modelo que argumentábamos en nuestra petición, es que en la semana del 12 al 16 de enero personal de TRACASA dará soporte presencial (que será precedido de unas jornadas informativas que se celebrarán la semana próxima), y durante esos días serán muy estrictos en lo que respecta a concesión de permisos y vacaciones, pues ese soporte requerirá la presencia física en las oficinas judiciales. Esto, añadieron los representantes de la administración, también conducirá a una modificación en cuanto a los días previstos, en enero, para la libranza de San Raimundo de Peñafort: dado que el día 16 de enero era una de las opciones previstas en el borrador del calendario laboral para 2026, para el disfrute de ese día de libranza, esta opción será sustituida por el día 19 de enero
Por último, y en lo tocante a refuerzos, los representantes de la administración manifestaron que han trasladado a los partidos judiciales de la Fase I de implantación de los Tribunales de Instancia que, en lo sucesivo, las solicitudes de refuerzos deberán pasar por un "filtro" consistente en la evaluación de las cargas de trabajo en relación con la eficiencia del nuevo modelo basándose en datos objetivos, y que tanto TRACASA como el Ministerio de Justicia disponen de unos "cuadros de mandos" para la estimación de estas variables. Insistieron en que la implantación del nuevo modelo se basa en la premisa de que no hay incremento de plantilla porque se cree que la nueva organización optimizará la relación entre dotación de personal y carga de trabajo, lo que a juicio de CCOO es una quimera, al menos parcialmente, pues ni siquiera se ha acometido la reforma con un estudio previo y serio de cargas de trabajo. O mucho nos equivocamos, o no tardarán en llegar los "parcheos"
Para terminar, el Director General no descartó la convocatoria de una nueva reunión de la Mesa Sectorial antes de fin de año
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