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¿DEFENSORA DEL PUEBLO O DEFENSORA DEL GOBIERNO DE RAJOY?
CCOO DENUNCIA QUE LA
DEFENSORA DEL PUEBLO SE OLVIDA
DEL INTERÉS GENERAL QUE DEBE REGIR LA INSTITUCIÓN QUE
PRESIDE Y POR EL CONTRARIO DEFIENDE AL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR Y LOS “INTERESES
CORPORATIVOS” DE SU PRESIDENTE AL NEGARSE A INTERPONER RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN DEL
CCOO TAMBIEN PONE
DE MANIFIESTO LA
IRRISORIA RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE CONFLICTOS
DE INTERESES, UN CASO TÍPICO DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO QUE NO SIRVE PARA NADA,
SALVO PARA REIRSE DE LOS CIUDADANOS QUE LA FINANCIAN.
Sin embargo, la
propia Sra. Becerril, reconoce que CCOO tiene razón al plantear que la “urgencia” de
dicha aprobación solo era necesaria en cuanto a la prórroga de la vacatio legis
establecida en la Ley
20/2011 del Registro Civil, pues para aprobar el resto de medidas que contiene,
como es la atribución de la competencia a los Registradores Mercantiles y la
definición del sistema informático que sustente el Registro Civil a través de
la creación de una Corporación de Derecho Público, “el RD-ley no fue la mejor
técnica legislativa” para ello, pero que esto “no es un vicio de
inconstitucionalidad”. Pese a lo cual la Sra. Becerril no
tiene ningún pudor en declararse “neutral” ante la decisión del
Gobierno de atribuir la competencia del Registro Civil a los Registradores
Mercantiles.
Por el contrario, sí han aceptado el Grupo Parlamentario
Socialista, la
Izquierda Plural (IU, ICV-EUIA, CHA) y Unión Progreso y
Democracia, una de las demandas presentadas por CCOO
durante las entrevistas mantenidas con los mismos y han interpuesto recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que ha sido admitido a trámite.
¿A quién defiende
realmente la Defensora
del Pueblo? Cuando un Gobierno, abusando de su nepotismo, coloca al frente de
una institución tan “delicada” como ésta a una persona de la militancia del
partido que sirve de soporte al propio Gobierno, provoca dictámenes tan
sectarios como el que ha remitido a CCOO en contestación a nuestra solicitud para que
interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra el referido RD-ley 8/14.
Pero, además, en su dictamen la Defensora del Pueblo
demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad para rechazar la
interposición del recurso de inconstitucionalidad, confundiendo, entre otras
cuestiones, al personal laboral –empleados públicos éstos- con el
personal que trabaja en los Registros Mercantiles, de régimen privado que por
lo tanto no goza del carácter de empleado público, como así lo ha expuesto
reiteradamente la doctrina de la Sala IV
Como
venimos informando, CCOO también denunció ante la Oficina de Conflictos de
Intereses (y ante la Fiscalía Generalla Oficina ha archivado la
denuncia con el grotesco argumento de que las previsiones en relación con los
registradores “son genéricas y afectan
a todo el colectivo de Registradores, por lo que no se produce ningún beneficio
ni ventaja personal para ninguno de ellos”.
CCOO era consciente de que la Oficina de Conflictos tenía la credibilidad en entredicho por su
dependencia directa con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
y del propio Gobierno, a cuyos miembros tiene que fiscalizar. Esta sospecha, ya
criticada por la propia Unión Europea señalando la INUTILIDAD de un órgano
de fiscalización de incompatibilidades de políticos y altos funcionarios que
carece de toda independencia, y que orgánica y funcionalmente depende del
propio Gobierno, se ha visto confirmada por la respuesta a nuestra denuncia. La
directora general ha sido incapaz de “ver”, siquiera indiciariamente, la
existencia de conflicto de intereses en el hecho de que el Presidente del
Gobierno y el Director General de los Registros y de Notariado son
Registradores de la
Propiedad y que, además, el Sr. Rajoy y el que fuera ministro
de Justicia, de infausto recuerdo, Sr. Ruiz-Gallardón, tienen familiares muy
cercanos que son Registradores, pese a lo cual han
entregado el “negocio” a los
Registradores Mercantiles y que esa decisión, aparte de inmoral, es
palmariamente ilegal porque afecta a sus
negocios privados y al de sus familiares más directos.
CCOO lamenta profundamente la decisión de la Defensora del Pueblo ó
mejor dicho, la Defensora
del Gobierno de Mariano Rajoy, y la decisión de la directora de la Oficina de Conflictos de
Intereses, decisiones que no detendrán a CCOO en su lucha contra la privatización del
Registro Civil, por eso las hemos recurrido, decisiones que dan por buena la
política del Gobierno del PP que desmantela servicios públicos esenciales, como
el Registro Civil, para entregarlos a determinados intereses corporativos que
buscan lucrarse y ampliar su negocio a costa de la ciudadanía.
Pero CCOO no cejará en su empeño hasta lograr que los
Registros Civiles sigan siendo un servicio público, universal y gratuito,
integrado en la Administración
de Justicia y servido por personal funcionario,
y seguiremos impulsando nuevas acciones con la implicación de los trabajadores y trabajadoras, pero también
de la ciudadanía, entre otras, en los próximos días, como hemos anunciado, CCOO
llevará al Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la privatización del Registro Civil y su
mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia.
