EL TC
DECLARA INCONSTITUCIONAL LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE EL REAL
DECRETO-LEY 8/2014.
CCOO INSTÓ A TODOS
LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A PRESENTAR ESTE RECURSO DE
INSCONSTITUCIONALIDAD Y AHORA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA LA
RAZÓN ALA POSTURA DE
Madrid,
5 de octubre de 2015
El Tribunal Constitucional ha dictado con fecha 24 de septiembre una
sentencia por la que declara inconstitucional y anula los preceptos relativos a
la privatización del Registro Civil (RC), mediante su asignación a los Registradores Mercantiles, contenidos en
las Disposiciones Adicionales 20
a 24 del Real Decreto-Ley 8/2014. Aun cuando dicha
anulación no tenga virtualidad alguna, toda vez que con posterioridad el Real
Decreto Ley se tramitó como ley ordinaria (Ley 18/2014) y la Ley 19/2015 ha derogado todas
las disposiciones relativas a la asignación del RC a los Registradores
Mercantiles, supone un duro golpe a
aquéllos que en su día quisieron apropiarse del servicio público del RC para
sus propios intereses (más negocio, justificación de demarcación registral,
etc) y para quienes desde el Gobierno,
en lo que para CCOO
siempre ha constituido un caso claro de tráfico de influencias, lo ampararon
teniendo evidentes intereses personales y familiares en ello.
La privatización del RC fue
una de las muchas medidas introducidas por el Gobierno del PP en el Real
Decreto-Ley 8/2014, aprobado un 4 de julio, alguna de ellas también anulada por
el Tribunal Constitucional. La Disposición Adicional 19 prorrogaba en un año la
entrada en vigor de la Ley
20/2011 de RC y las Disposiciones adicionales 20 a 24 atribuían la llevanza
del RC a los Registradores Mercantiles y regulaba el proceso hasta su
efectividad, incluyendo la creación de una Corporación de Derecho Público
integrada por dichos Registradores.
Desde el mismo momento de
su publicación CCOO denunció que la
privatización del RC, mediante su asignación a los Registradores Mercantiles (profesionales
que hacen del ejercicio de la función pública, a la que acceden por oposición,
su propio negocio), era inconstitucional, porque no había, conforme exige el
art. 86.1 de la
Constitución , razones de extraordinaria y urgente necesidad
que pudieran justificar la privatización del RC mediante un Real Decreto-Ley.
El Gobierno del PP hurtó a las Cortes Generales cualquier debate sobre el
modelo de RC.
Por todo ello CCOO inmediatamente
se dirigió a todos los grupos parlamentarios y a la Defensora del Pueblo
reclamándoles la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la
privatización del RC. CCOO argumentó
ante los grupos parlamentarios y ante la Defensora del Pueblo cuestiones de fondo contra
la privatización del RC, pues se pretendía entregar a gestores privados la
llevanza de un servicio público que hemos defendido, y seguimos defendiendo. El
RC debe seguir siendo público, universal y gratuito y prestado, como desde hace
140 años, por el personal al servicio de la Administración de
Justicia.
Pero también expresábamos ante los grupos
parlamentarios y la
Defensora del Pueblo la tremenda desvergüenza del Gobierno
cuando pretendía utilizar una fórmula espuria como el Real Decreto Ley para
privatizar un imprescindible servicio público, que lo es desde hace más de cien
años, con el objeto de evitar no sólo el debate democrático y parlamentario,
sino para impedir que el conjunto de la ciudadanía y de la sociedad pudiera
defenderse contra actos ilegítimos como una privatización, por la puerta de
atrás, que atenta contra los derechos de millones de ciudadanos/as.
Mientras varios grupos parlamentarios (más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista; La Izquierda plural -IU,
ICV-EUiA, CHA- y Unión Progreso y Democracia, a los
que agradecemos profundamente de nuevo y públicamente su apoyo) presentaron
recurso de inconstitucionalidad, la Defensora del Pueblo se opuso a nuestros
argumentos y no quiso presentar el recurso ante el TC pese a la evidencia de la
falta de urgente necesidad para privatizar el Registro Civil mediante un Real
Decreto Ley.
El Tribunal Constitucional da ahora la razón a CCOO y a los grupos parlamentarios que presentaron el
recurso, frente a los argumentos de la Abogacía del Estado, y por sentencia de 24 de
septiembre de 2015 declara inconstitucional las disposiciones adicionales (20ª
a 24ª) del RDLey 8/2014, relativas a la llevanza del Registro Civil, que son
declaradas inconstitucionales y nulas, estableciendo que "no existe justificación
alguna respecto de la urgencia y necesidad de modificar parcialmente el
contenido de una norma cuya entrada en vigor se ha pospuesto por un periodo de
un año."
La citada sentencia señala, como denunció CCOO,
que "no se exponen las razones que llevan al Ejecutivo a introducir la
regulación mínima de la llevanza del Registro por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles
en las DA 20ª a 24ª del Decreto-ley. No es posible apreciar fundamento
para la regulación del cambio en el régimen de llevanza del Registro Civil que
prevén las DA 20ª a 24ª del Real Decreto-ley”.
Al apreciar desde el principio la falta de necesidad
para privatizar el RC mediante Real Decreto-Ley, el Tribunal Constitucional
evita entrar en el fondo del asunto de la privatización, pues además los grupos
parlamentarios recurrentes también alegaban que al
proceder a una privatización encubierta del Registro Civil, el Real Decreto-ley
8/2014 arrebataba a la Administración Pública su gestión, afectando al
derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 CE. Los hechos y actos que constituyen el objeto del RC
son circunstancias que afectan al núcleo del derecho constitucional a la
intimidad personal y que, hasta la modificación introducida por el Real
Decreto-ley impugnado, estaban enteramente en manos de empleados/as públicos/as.
La falta de
pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión permite dejar
abierta la posibilidad de que mediante una Ley ordinaria se pueda privatizar el
RC en el futuro, sacándolo fuera del ámbito de las Administraciones Públicas
mediante su asignación a operadores privados. La batalla, por tanto, no está
ganada, y mucho nos tememos que si el PP sigue gobernando tras las elecciones
generales previstas para el 20 de diciembre
volverá a intentar privatizar el Registro Civil.
Por todo ello CCOO
sigue expresando su radical oposición a la privatización del Registro Civil, y su
firme apuesta por su mantenimiento dentro del ámbito
de la Administración
de Justicia, que sale aún más reforzada.
Si hemos peleado hasta aquí para impedirlo
(logrando una gran victoria parcial con la retirada por el Gobierno de la
privatización del RC tras la aprobación de la Ley 19/2015 que en su disposición derogatoria
única anula la privatización del Registro Civil), con el apoyo de miles de trabajadores/as y de
la ciudadanía, logrando recoger cientos de miles de firmas contra la privatización
del Registro Civil, no vamos a abandonar esta lucha hasta conseguir de forma
definitiva su carácter público, universal, gratuito, cercano a los ciudadanos/as
y servido íntegramente por el personal de la Administración de
Justicia.
