Acabado el Acuerdo salarial del período 2018-2020, suscrito con el anterior Ejecutivo y que permitió iniciar la senda de recuperación de poder adquisitivo para más de tres millones de empleadas y empleados públicos, el Gobierno debe sentarse ya para cerrar un nuevo Acuerdo de legislatura (2022-2023) que permita seguir recuperando derechos y poder adquisitivo, compromisos adquiridos en el Acuerdo de 5 de julio de este año
El sindicato se movilizará si de nuevo el Gobierno, sin negociación, impone el incremento retributivo, como hizo con el 0,9% en 2021
Por ello, CCOO ha solicitado a la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, retomar la negociación comprometida en el Acuerdo de 5 de julio para este mes de septiembre, de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, en lo referente a las retribuciones de las y los empleados públicos y el empleo
Además de las exigencias en materia de remuneraciones, el sindicato ha trasladado a la secretaria de Estado tres prioridades relacionadas con el empleo: compromiso, celeridad y seguridad jurídica para llevar a buen término los procesos de estabilización; eliminación de la tasa de reposición, de manera que se ponga fin al período austeridad de 2008 y se pueda recuperar el empleo público; y, por último, acometer planes de empleo para el rejuvenecimiento de las plantillas
Igualmente, tal y como se recoge en el texto del Acuerdo de 5 de julio, resulta imprescindible retomar la negociación para el resto de los temas pendientes, tales como jubilación parcial, jornada, carrera y clasificación profesional, promoción interna o provisión de puestos, entre otras, en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público
Asimismo, CCOO ha pedido que se convoque la comisión de seguimiento del Acuerdo de 5 de julio del Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, siendo necesario acometer cuanto antes su desarrollo
En este sentido, el sindicato ha pedido aclaraciones sobre la descoordinación e incluso contradicción en las convocatorias de procesos a finales de julio en la Administración General del Estado. Para evitar estas situaciones, CCOO ha trasladado la necesidad de una mayor implicación en la negociación y desarrollo tanto del convenio único como del resto de materias que son competencia de la AGE
Por último, el sindicato ha solicitado a la secretaria de Estado la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social para abordar todo lo relacionado con el desarrollo del Plan de Recuperación y Resiliencia, en lo relativo a los procesos de digitalización y modernización de las administraciones públicas, acordados y aprobados por la Unión Europea, sujetos a la obligación de su cumplimiento, con participación de los agentes sociales
