La reunión fue presidida por el Subdirector General de Justicia del Gobierno de Cantabria, que, tras hacer referencia al borrador de bases de la convocatoria y a la propuesta de acciones formativas presentados por la administración para la negociación, hizo un breve balance de la ejecución del Plan Específico de Formación del año en curso, sobre las acciones formativas impartidas y las suspendidas y sobre el grado de satisfacción del alumnado con los ponentes, cuyas calificaciones, en las encuestas de valoración, en ningún caso han sido inferiores a 9 ptos. Asimismo añadió que en la propuesta de cursos de la administración puede apreciarse el nivel de demanda de las acciones formativas ya impartidas en la anterior edición del Plan Específico de Formación de Justicia, si bien la Dirección General considera que se deben seguir impartiendo cursos sobre protección de datos, independientemente de su nivel de demanda, porque así ha resultado de las inspecciones realizadas por el CGPJ en órganos judiciales de Cantabria. Por último, añadió que en la propuesta de la administración, hecha esta salvedad, se han incluido los cursos más demandados además de otros, como el de Atención a las Víctimas, que consideran necesario organizar por razones coyunturales
El presupuesto para el Plan Específico de Formación es de 25.000 euros, como en el ejercicio anterior, presupuesto en el que no van incluidos los cursos sobre Violencia de Género en el Proceso Penal y Sensibilización ante la Violencia de Género, que correrían a cargo de los fondos derivados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Por lo que respecta a la retribución del profesorado, ya se ha modificado el Acuerdo del Consejo Rector del CEARC para evitar la discriminación existente entre los ponentes de la Administración de Justicia y los de la Administración del Gobierno de Cantabria, de modo que, actualmente, todos los profesores recibirán la misma retribución, independientemente de la administración de la que, en su caso, procedan
En todos los cursos se expedirá un certificado de asistencia, y se mantienen, en la propuesta de la administración, los criterios de preferencia para la selección del alumnado
En cuanto a la conveniencia de programar acciones formativas sobre las reformas organizativas y procesales pendientes (Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, de Eficiencia Procesal, de Eficiencia Digital...) planteada por alguna organización sindical, el Subdirector mostró sus dudas por el inconveniente de que toda esa normativa continúa actualmente en trámite de elaboración, siendo la previsión más optimista del Ministerio de Justicia que la Ley de Eficiencia Organizativa quede aprobada, en el Parlamento, en diciembre de 2022 o enero de 2023. CCOO subrayó, por lo que respecta a esta norma, que están pendientes de trámite más de 1.500 enmiendas para un texto legal cuya parte dispositiva solo consta de 56 hojas. Finalmente la administración barajó la posibilidad de realizar una convocatoria extraordinaria sobre la materia, o bien incluir una acción formativa en la convocatoria ordinaria pero de impartición dilatada en el tiempo, en espera de que la Ley esté aprobada antes del comienzo del curso correspondiente, o enfocar dicha acción formativa como proyectos de reforma
- Discriminación, delitos de odio y LGTBIfobia: trascendencia en la Administración de Justicia en los aspectos sustantivos, procesales, organizativos y asistenciales. Atención a las víctimas en el proceso penal y, especialmente, a las víctimas de delitos de odio y delitos sexuales
- Desarrollo de las habilidades sociales en la atención al público en la Administración de Justicia. Relaciones con los usuarios. Técnicas de organización, planificación y gestión de equipos de trabajo. Habilidades de comunicación y técnicas para la mejora de la comunicación. Uso del lenguaje gestual y corporal. Lenguaje no sexista. CNV (comunicación no violenta) Prevención de conflictos internos y externos en los órganos jurisdiccionales. Prácticas preventivas ante agresiones para el personal de atención al público
- Seguridad Social. Régimen General de la Seguridad Social y Sistema Nacional de Clases Pasivas
- Mutualismo Administrativo. La Mutualidad General Judicial. Órganos de Gobierno. Derechos y Deberes de los mutualistas. Prestaciones y Ayudas para mutualistas y beneficiarios
- Protección a Víctimas de Violencia de Género
- Derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Ley Orgánica 3/2007, de 2 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Igualdad de Género en las administraciones públicas. Elaboración de Planes de Igualdad. Planes de Igualdad en la Administración Pública y en los Servicios Públicos, acoso laboral y sexual
- Ejecución Civil. Medidas cautelares, embargos, lanzamientos, remoción y subastas Ejecución Hipotecaria. Subasta Electrónica
- Seguridad en la Información en la Administración de Justicia en Cantabria. Punto Neutro Judicial y Registro Electrónico. Internet, Intranet y Correo Electrónico. Derechos y deberes de los usuarios de estas herramientas. Protección de Datos de Carácter Personal. Certificación electrónica. Firma electrónica. Autofirma. Seguridad en Internet y seguridad informática
- Ejecución Penal. Ejecutoria Penal. Aspectos prácticos. Normativa. Ámbito de aplicación. Órganos encargados de la aplicación. Tramitación de la Ejecutoria Penal. Requisitoria Judicial en la Ejecución Penal. Archivo de la Ejecutoria. Penas privativas de libertad, penas privativas de derechos y pena de multa. Formas sustitutivas de ejecución de penas privativas de libertad
- La Responsabilidad Civil derivada del delito. Regulación. Art. 1902 y ss, del Código Civil. Art. 100 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aspectos prácticos de la tramitación. Averiguación telemática de bienes del responsable civil
- Medidas cautelares en la Jurisdicción Penal. La prisión provisional como medida cautelar. Orden de detención europea
- Nuevo Modelo de Registro Civil: modificaciones normativas (Ley 6/2021, de 28 de abril, que modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio), impacto del sistema de gestión DICIREG, cambio orgánico, estructural, funcional y competencial, impacto de la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Ley 8/2021)
- Mediación judicial en los Juzgados de Familia. Mediación intrajudicial general. Mediación procesal y otras formas de resolución de conflictos. La custodia compartida en las crisis matrimoniales
- Derecho Procesal Laboral. El Orden Jurisdiccional Laboral. Las partes en el proceso. Procedimiento Ordinario. Modalidades procesales y procesos especiales. Medios de impugnación. El proceso de ejecución. El proceso cautelar
- Ley 8/2021, claves de la reforma civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. Jurisdicción voluntaria, disposiciones generales y especial referencia a los expedientes de jurisdicción en materia de personas y familia
- Cooperación jurídica internacional en el ámbito penal. Análisis de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y demás normativa y agentes que facilitan la cooperación jurídica internacional. La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE)
- Responsabilidad penal de los menores
- L.O. 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
- Actuaciones de los juzgados de guardia. Actuaciones propias y ajenas a los juzgados de Instrucción. Actuaciones procesales
- Sucesos con víctimas múltiples
- Tecnologías en Salas de Vistas
- Liderazgo y Responsabilidad en la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Justicia
- Organización de archivos judiciales y expurgo
- La normativa de protección de datos de carácter personal y su incidencia en la Administración de Justicia
- La nueva legislación para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
- La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Situación actual y futura de las oficinas del Registro Civil
- Curso práctico de ejecución civil
- Curso práctico de ejecución penal (2 ediciones)
- Los actos de comunicación y ejecución. En especial actuaciones realizadas fuera de la sede judicial
- Legislación concursal, en especial el concurso de las personas físicas y el mecanismo de segunda oportunidad, teniendo en cuenta la reciente reforma de la Ley Concursal
- La seguridad social de los funcionarios de Justicia. Mutualidad General Judicial
- Atención a las víctimas del delito
- Uso de los sistemas de grabación en las Salas de Vistas y de los equipos de videoconferencia (pendiente de consulta la suficiencia de la duración posible de este curso)
- Cursos con posible financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género:
- La violencia de género y doméstica en el proceso penal y su tramitación procesal
- Sensibilización y prevención frente a la violencia de género
- Curso práctico sobre la jurisdicción social
- La Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y no discriminación (posible financiación con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género)
- La Ley 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual (posible financiación con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
- Por último, la administración acordó añadir un curso sobre la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia y otro sobre las medidas de eficiencia procesal con celebración prevista durante el segundo semestre de 2023
- La duración mínima de las acciones debe ser de 30 horas (o el equivalente en contenidos en los supuestos de formato online)
- Debe buscarse la proximidad del lugar de impartición de los cursos al centro de trabajo en el caso de acciones formativas en formato presencial o en el supuesto de habilitación de locales para recibir formación de forma remota. Y por lo que respecta a la formación online a recibir desde el domicilio, en su caso, consideramos que debe la administración poner medios a disposición de quien los precise
- Ampliar la limitación de cursos que pueden adjudicarse a un alumno o alumna en previsión de supuestos de baja demanda
- En los casos de supresión de alguna acción formativa por falta de solicitantes y recolocación de los alumnos y alumnas, no debe decaer la observancia del orden de prioridades de los solicitantes
- Claridad, en la convocatoria, del orden de prelación de los criterios selectivos
- Reducir el porcentaje mínimo de ocupación de cada acción formativa (hasta ahora el 50%) que determina su eliminación si no se alcanza, habida cuenta de la turnicidad que para la formación se impone a los funcionarios y funcionarias de cada órgano
- Ampliación del porcentaje mínimo de funcionarios/as del mismo órgano que pueden formarse simultáneamente hasta el 50%
- En los supuestos de solicitudes de acciones formativas por funcionarios que son los únicos de su cuerpo en el órgano o servicio en el que desempeñan sus funciones se debe hacer constar expresamente que su sustitución será promovida y garantizada por la administración
- Reducción a dos años del período de espera necesario para poder volver a solicitar cursos de denominación y contenido idéntico a otros ya realizados, por razones de coordinación con normas de selección de personal titular e interino que solo permiten la valoración de cursos realizados con una antelación determinada
- En los certificados de asistencia y aprovechamiento, en supuestos de cursos que incluyan diversas materias diferenciadas, debe especificarse, en la medida de lo posible, las materias impartidas y el número de horas lectivas dedicadas a cada materia
- En todas las acciones formativas se debe promover la posibilidad de obtener certificado de aprovechamiento
- Puesto que el tiempo de formación computa como tiempo de trabajo, las acciones formativas en formato presencial o remoto deben impartirse en la parte fija del horario de trabajo
