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CCOO acusa al Ministerio de Justicia y a la Dirección del INTCF y del Departamento de Madrid por su pasividad ante el presunto acoso laboral en el INTCF


12 jun 2023



Tras más de 14 meses después de haber presentado CCOO la primera denuncia por presunto acoso laboral en el servicio de Drogas del INTCF de Madrid contra gran parte del personal de ese servicio, el Ministerio de Justicia ha sido incapaz de adoptar ninguna medida en defensa de las víctimas

CCOO ACUSA AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES (INTCF) Y DEL DEPARTAMENTO DE MADRID POR SU PASIVIDAD ANTE EL PRESUNTO ACOSO LABORAL EN EL INTCF, Y DE VULNERAR EL PROPIO PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL ESTABLECIDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Las denuncias presentadas por CCOO ante el Comité de Seguridad y Salud de OOCC y ante el propio Ministerio de Justicia el 7 de marzo de 2022, primero, y por presunto acoso laboral, después, el 11 de mayo de 2022 (hace ya ahora un año), además de la presentada ante la Inspección de Trabajo el 6 de mayo de 2022, siguen sin tener respuesta efectiva. En consecuencia, siguen sin respetarse los derechos de las víctimas, a las que se castiga directamente porque continúan padeciendo los mismos gravísimos problemas desde hace ya demasiados meses. Esta grave situación que se mantiene en el Servicio de Drogas ha ocasionado un elevado número de problemas de deterioro en la salud de los trabajadores y las consiguientes bajas médicas de larga duración

El 3 de junio de 2022, la Subdirección General de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de Justicia (SGAPPAJ), ante los hechos denunciados y tras un primer análisis que incluyó la realización de cuatro entrevistas personales, considera procedente la activación de la Adaptación del Protocolo de actuación frente al Acoso Laboral en la Administración General del Estado al ámbito de la Administración de Justicia no transferida (aprobado por Resolución de 9 de marzo de 2016 de la Secretaría General de la Administración de Justicia) y solicita un informe de valoración inicial a la Unidad de Coordinación de Riesgos Laborales (UCRL)

Con fecha 28 de julio de 2022, una Técnico Superior de Prevención de Quirón Prevención S.L.U. (Servicio externo de prevención contratado legalmente por el Ministerio de Justicia) emite un Informe de asesoramiento en la indagación y valoración inicial de los hechos en calidad de asesor externo. En dicho informe se concluye que se detectan indicios de posible situación de acoso laboral y se recomienda que se valoren medidas de distanciamiento en aquellos/as empleados/as que así si estime necesario evitando el contacto con la denunciada

A pesar de ello, ni el Ministerio de Justicia ni la dirección del INTyCF ha tomado ninguna medida de distanciamiento manteniendo de forma temeraria la misma situación de contacto y relación laboral que provocó esta denuncia por acoso

El 14 de septiembre de 2022, en el marco del mencionado Protocolo, la SGAPPAJ emitió resolución para que, según lo dispuesto en el subapartado 3.2.1 de dicho protocolo, se constituya un Comité Asesor

El 28 de septiembre de 2022, se reúne el Comité Asesor, emitiéndose con fecha 3 de octubre de 2022 (hace ya 7 meses) el correspondiente Informe de conclusiones y recomendaciones, en el que se: menciona liderazgo autoritario y controlador, conductas despóticas, abuso de autoridad, indicios claros de situación de presunto acoso laboral, acoso moral, violencia psicológica en el trabajo, gestión autocrática del servicio, excesivo control en la distribución y en el seguimiento del desempeño de las funciones, designación de cargos intermedios no contemplados en la RPT que pudieran tener efecto en la dignidad y salud de los trabajadores afectados que puede estar causando atosigamiento y estrés en los mismos

El 17 de octubre de 2022 se ordena, mediante Acuerdo de la Subdirección General Acceso y Promoción del Personal de Administración de Justicia, actuaciones de investigación como resultado de la denuncia presentada por este sindicato el pasado 11 de mayo de 2022, por la que se tramitó el Protocolo de actuación frente al Acoso Laboral en la Administración de Justicia

En el transcurso de estos siete meses, esas actuaciones de investigación siguen sin dar resultado efectivo por parte del Ministerio de Justicia. Mientras, la Dirección del INTCF y la del Departamento de Madrid hacen caso omiso a todas las conclusiones del Comité Asesor, comité cuyas competencias están previstas en el propio protocolo de acoso laboral del Ministerio de Justicia

Asimismo, el sindicato CCOO, ante la falta de actuación efectiva del Ministerio de Justicia, remitió un escrito el pasado 3 de marzo tanto a los responsables de las Subdirecciones Generales de Cooperación y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia, de Acceso y Promoción del personal de la administración de Justicia, así como al director del INTCF posteriormente el 4 de abril, en el que solicitaba:

“Que, como medida de protección a las presuntas víctimas, a su integridad y a su salud, NO SE PROCEDA A RENOVAR LA COMISIÓN DE SERVICIO (A LA PERSONA DENUNCIADA), al menos hasta que el procedimiento de la denuncia por presunto acoso laboral no finalice, y, según sus conclusiones, debieran o pudieran adoptarse otras medidas”

A pesar de todo lo expuesto, el 28 de abril de 2023 se procedió, una vez más, a la renovación de dicha Comisión de Servicio por un año de duración

Ver para creer, el Ministerio de Justicia, la Dirección del INTCF y la del Departamento de Madrid, amparan, con esta renovación de la comisión de servicio, a la persona investigada por acoso, porque la siguen manteniendo en el mismo puesto de trabajo desde la primera denuncia sin atender las recomendaciones técnicas de separación de las personas implicadas, y están castigando, con su silencio y su complicidad, al personal que padece, día tras día, mes tras mes, las represalias y las actitudes, calificadas por el informe técnico externo de autoritarias, controladoras, despóticas, con abuso de autoridad, presunto acoso laboral, acoso moral, violencia psicológica en el trabajo, gestión autocrática del servicio, excesivo control en la distribución, etc. contra el personal de su servicio que no se pliega a decisiones injustas y presuntamente ilegales

Por todo lo expuesto, desde CCOO nos preguntamos:

¿Cómo puede el Ministerio de Justicia mantener en su puesto a la persona denunciada por acoso durante meses y no adoptar ninguna medida cautelar, a pesar de las recomendaciones técnicas, para defender los derechos de las víctimas, y estar permitiendo que en el servicio de Drogas del INTCF de Madrid la situación pueda desembocar un día en una situación irreversible?

¿Cómo puede la Dirección del INTCF, especialmente la del Departamento de Madrid, amparar actuaciones que, según los informes técnicos, presentan indicios de acoso laboral, y seguir manteniendo en su puesto a dicha persona a pesar de las denuncias presentadas?

¿Cuántas bajas laborales más se van a tener que producir para que se tome alguna medida efectiva?

¿Por qué el Ministerio de Justicia mira para otro lado a pesar de conocer los informes oficiales siguiendo el protocolo de acoso laboral desarrollado por el propio Ministerio?

Por ello, denunciamos públicamente al Ministerio de Justicia, a la Dirección del INTCF y a la del Departamento de Madrid por ser cómplices de que se mantenga la situación que ha generado la denuncia y el expediente por acoso laboral en el servicio de Drogas del Departamento de Madrid del INTCF hacia parte de su personal y exigimos que de inmediato se adopten las medidas de distanciamiento y de evitación de contactos entre la denunciada y el personal afectado para que no aumente el deterioro en la salud de los trabajadores de dicho servicio y el consiguiente número de bajas laborales. Para ello, es una medida imprescindible apartar de su puesto de trabajo asignado por comisión de servicio y discrecionalmente a la denunciada dejándose sin efecto su nombramiento por comisión de servicio, al menos hasta que la investigación de los hechos denunciados concluya, con objeto de salvaguardar los derechos de las víctimas de este presunto acoso laboral, que se prolonga ya más de 14 meses

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